Gabriel Alemparte:

La Convención en su hora más compleja

Las últimas semanas no han sido fáciles para la discusión en el seno de la Convención Constitucional. Si bien es cierto, aún falta mucho debate para llegar al Pleno, los tiempos acordados se acaban rápidamente.

Si se revisa con acuciosidad el trabajo realizado en varias comisiones, tienen elementos que van más allá de sonoros titulares que provocan propuestas tan preocupantes y delirantes, como el cuestionamiento a la inamovilidad de los jueces contra toda evidencia y respeto por un elemento básico del Estado de Derecho democrático, como es la independencia judicial.

La propuesta finalmente aprobada en la comisión de sistemas de justicia –luego de una profusa polémica- donde participaron abogados de todos los sectores, la Corte Suprema, organismos internacionales y expertos, terminó por mantener y proteger la inamovilidad, pero aún persisten propuestas que ponen en duda la independencia del Poder Judicial, como la eliminación de fuero de los jueces.

Desde las fuerzas del rechazo apuntan señalando “lo dijimos”, siguen ciegos, tanto como aquellos que creen en un proceso participativo, mientras les aplaudan viendo en cualquier crítica un cuestionamiento a la Convención, que hace el juego a su rechazo.

Unos se enceguecen, pues la salida a la crisis política y social de confianza en Chile requiere no esconder la cabeza bajo tierra. ¿Cuántos de ellos no hicieron aquello en 2018 con el proyecto constitucional presentado por la Ex Presidenta Bachelet? Los otros, equivocan, porque creen que para seguir confiando en la Convención se debe cancelar la crítica a una institución política.

Si la Convención no se aleja de la autocomplacencia y las incertezas, los chilenos perderán la paciencia en un año económico complejo arriesgando cada vez más el rechazo a la iniciativa. Ello no significa rechazar de antemano es, por el contrario, una urgencia el escrutar con detalle lo que viene y sostener técnicamente un texto como una Carta Fundamental.

La salida de Allamand y la política del "no me importa"

Una de las razones a la crisis de confianza en la política es la sensación de la utilización de cargos con fines personales. Es lo que ha ocurrido con el ex Canciller Allamand, quien ha utilizado su cargo en la cartera que dirigía para realizar lobby con funcionarios y aumentar la contribución de Chile al organismo internacional, en el que asumió sólo dos días después de demostrarse impresentable su doble rol como Ministro de Exteriores y Secretario General de la desconocida SEGIB, con sede en Madrid.

Insostenible la posición de Allamand, un personaje que abandona cargos con desprecio por la función pública y contribuye al desprestigio de esta, sin responsabilidad alguna por ello, máxime después del mediocre paso por Cancillería. Si el lector quiere buscar elementos que contribuyen a la crisis de confianza en nuestra democracia haya aquí un buen ejemplo de esa sensación de impunidad.

 ¿Ibiza o el Lago Villarrica?

Jóvenes haciendo ostentación de lanchas con helicóptero incluido olvidando restricciones sanitarias. En Chile, las imágenes se tornan aún más complejas en un momento social de efervescencia, donde uno esperaría cierto llamado a la austeridad o al menos a un ejercicio responsable de ciertos sectores de la posición que ostentan en la sociedad.

¿Desconexión? ¿Simple juego? Nada contribuye, en la exasperación de un clima social complejo, donde aún la violencia se desata cada viernes y el Estado pareciere carecer de control territorial en ciertas zonas. Uno esperaría mayor ponderación y mesura, vale el llamado a los padres de esos jóvenes. En esta etapa es tarea de todos contribuir a mejorar el ambiente en medio de una crisis de confianza y no a agudizarlo.

 El control de las Fake News

La Estrategia de Seguridad Nacional de España, en concordancia con la Comisión Europea, ha considerado, por primera vez, a las noticias falsas en redes sociales como un “atentado a la seguridad nacional” en especial, cuando se amenazan “los procesos democráticos con la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación que permite influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.

La decisión contempla una mesa de crisis constituida por los ministerios de Interior, Inteligencia y los servicios de comunicación estatales, para enfrentar en distintos niveles las amenazas de información falsa, particularmente en torno a información de salud y procesos eleccionarios.

De esta manera, democracias más avanzadas comienzan a defenderse de este nuevo fenómeno. No han sido pocos los críticos, y los defensores de la libertad de expresión. El gobierno del PSOE-PODEMOS ha señalado la necesidad de contar con esta medida, lo que fue apoyado en el Congreso por el Partido Popular.

Habrá que ver la consecuencia de la medida cuando se inicie una operación de desinformación a gran escala. El debate será sustantivo para la democracia.

Antonia Russi:

 ¿Quién entiende a The Economist? 

 Según el Índice de Democracia de 2021, elaborado por la prestigiosa revista británica The Economist, Chile retrocede cinco puestos en los últimos dos años. De este modo, nuestro país se despide de la categoría de “democracias plenas” y pasa a estar en calidad de “democracia imperfecta”.

Lo curioso es que Chile había alcanzado el estándar de “democracia plena” gracias a la revolución de octubre de 2019. ¡¿En qué quedamos, señores del The Economist?! ¿Fue “plenamente democrático” el estallido e “imperfectamente democráticos” los frutos de la revuelta?  

De acuerdo con el estudio, las bajas en Chile se explicarían por tres factores que ponen en duda el rigor del análisis: (1°) la baja confianza en el Gobierno (ahora es más alta que cuando nos catalogaron de “democracia plena”), (2°) la baja participación electoral (cosa que no ha variado desde que tenemos voto voluntario) y (3°) una “profundización de la polarización política” (producto de lo que nos hacía “plenamente democráticos” según The Economist en 2019). 

Sin perjuicio de que The Economist es una gran publicación, su fuerte nunca ha sido la consistencia en el tiempo. Basta ver su inestable relación con el proceso revolucionario chileno: si en octubre de 2019 nos subía en su Índice de Democracia por el estallido, en octubre de 2021 titulaba: “Chile, una vez considerada la Finlandia de América Latina, está en problemas”. 

Esperar no es gratis

El 4 de febrero se publicó la noticia sobre el total levantamiento de las restricciones sobre el COVID-19 en Dinamarca. Según The Atlantic, Dinamarca se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en desmantelar todas las medidas sanitarias, a pesar de ser una de las naciones con mayor número de casos.

A lo anterior, expertos responden que, sin perjuicio de los altos índices, los pacientes tratados por neumonía (uno de los indicadores más críticos) ha disminuido y el uso de camas en hospitales ha decrecido notablemente. Por estas razones, en Dinamarca el COVID -19 ya no es considerado una amenaza para la sociedad.

A ello, el investigador y asesor de gobierno danés, Michael Bang Petersen, señala que mantener las restricciones tiene altos costos para la ciudadanía y que una pandemia no es solo un desastre en materia sanitaria, sino que afecta a la economía, el bienestar de las personas y su sensación de libertad. De esta forma, el investigador defiende que las restricciones ponen en jaque los derechos fundamentales y por ello las prohibiciones deben ir removiéndose si la amenaza que las justificaban comienza a ceder.  

Así, la sensatez es posible y lo más notable es que lo central para los responsables políticos daneses es el respeto irrestricto de las libertades. Para ellos es urgente devolverles las libertades a sus ciudadanos. Esa comprensión de la libertad individual y el proyecto de vida de las personas como aspectos centrales de la política debería tener mayor eco en nuestro país.

Nadie tiene el derecho a disponer de todo el tiempo y recursos de millones de individuos, puesto que “esperar no es gratis”.  

 La URSS en la Convención

“El modo de producción capitalista, dominante en todo el planeta, tiene consecuencias nefastas para la humanidad y el conjunto de la naturaleza”, así comienza la iniciativa N°·720-1 presentada en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, por convencionales de la ex Lista del Pueblo, Apruebo Dignidad y escaños reservados. Esta iniciativa propone la disolución de los poderes del Estado y su reemplazo por una Asamblea Plurinacional.  

La propuesta de norma constitucional señalaba, entre otras cosas, que “el capitalismo lleva necesariamente a la destrucción masiva de la naturaleza y a la miseria de millones de personas”. Se trata de una afirmación que no resiste el menor análisis. Cegados por su ideología, estos convencionales son incapaces de advertir que no hay política más favorable a los pobres y el medioambiente que el libre mercado.

Los países con mayor libertad económica no solo son 6 veces más ricos que los países menos libres, sino que también los pobres de los países más libres son 10 veces más ricos que los pobres de los países menos libres.

A su vez, los países con mayor libertad económica son los que tienen mejor desempeño medioambiental, esto se evidencia al contrastar el Index of Economic Freedom de la Fundación Heritage con el Enviromental Performance Index de la Universidad de Yale. 

Por fortuna, este delirio nostálgico de la Unión Soviética —referencia expresa de una de sus promotoras— no pasó de su Comisión. Luego de conocer la derrota, la convencional María Rivera nos informó a través de Twitter de la siguiente manera: "Para tranquilidad de quiénes (sic) defienden este Estado al servicio de las 10 grandes familias dueñas de Chile y las transnacionales, la Comisión votó en contra de nuestra iniciativa! Pero ya lo sabíamos! Nuestro terreno será siempre la lucha y junto al pueblo".

Ahora resulta que todos los que nos alegramos al ver fracasar estos esperpentos jurídicos somos serviles a “las familias dueñas de Chile” y a “las transnacionales”. Si la Convención Constitucional no goza del prestigio que tenía en sus inicios se debe en gran medida a esta clase de chascarros.  

Una muestra más del nulo aporte de la Lista del Pueblo al proceso constitucional. Llegaron como la novedad política del proceso y solo nos han entregado estafadores como Rodrigo Rojas Vade y propuestas de norma que no solo están fuera de nuestros “márgenes culturales” —como dijo de forma tan condescendiente Jaime Bassa—, sino que están fuera de los márgenes de cualquier régimen democrático.