El miércoles comienza formalmente el inicio de la campaña electoral para el plebiscito del 25 de octubre. Faltan solo ocho semanas. Y, nuevamente, la discusión sobre su fecha –¿posponerlo por segunda vez o no por razones sanitarias?– se instala sobre le mesa de la discusión pública.

Y sigue corriendo el reloj… Cualquier decisión se tomaría en torno al 15 de septiembre, cuando vence la última extensión de 90 días del Estado de Excepción, que el Gobierno no debería prorrogar si se quisiera dar una señal de normalidad con miras al plebiscito. Nadie aconseja una jornada electoral con toque de queda, por ejemplo. En cualquier caso, no existe una norma que fije una fecha límite para tomar una decisión sobre aplazarlo. Tal como ocurrió en marzo, sucedería cerca de un mes antes.

"Preocupan los eventuales rebrotes y el efecto de las Fiestas Patrias en el comportamiento de la pandemia".

Hasta ahora y considerando las condiciones sanitarias de hoy, el plebiscito “va sí o sí” el 25 de octubre, como dijo el jueves el Servicio Electoral. Tanto el organismo como el gobierno ¬trabajan con esa fecha en el horizonte, porque no pueden hacer ni decir otra cosa mientras la realidad no diga lo contrario.

Pero preocupan los eventuales rebrotes y el efecto de las Fiestas Patrias en el comportamiento de la pandemia. De acuerdo a Espacio Público, no se sabe si está alcanzando niveles tranquilizadores o si fácilmente puede volver a salirse de control, como sucedió en mayo y junio. El escenario está marcado por la incertidumbre.

Los ciudadanos comenzaremos a presenciar desde este miércoles algo de ambiente electoral con el inicio de la propaganda. Las radios comenzarán a emitir seis spots diarios con información electoral de utilidad ciudadana que –ojalá– fomente la participación. Porque la participación no se trata de un asunto jurídico (las municipales 2016 tuvieron un 36% y los alcaldes no fueron criticados por su legitimidad). Pero las reglas del juego no deberían cambiarse a estas alturas –lo del piso mínimo del 50% del senador RN Francisco Chahúan no parece nada prudente– y otra distinta es pensar que lo de la participación es un dato irrelevante. Todas las fuerzas políticas deberían estar ocupadas en fomentarla.

"Si se pospusiera otra vez el plebiscito, explican incluso sectores moderados de la oposición, estaríamos en serios problemas".

En la decisión sobre un eventual nuevo aplazamiento del plebiscito confluyen factores sanitarios y políticos, que indudablemente se mezclan. No existe un consenso sobre las condiciones mínimas para su realización, ni con respecto a la pandemia ni en relación a las medidas que tomen las autoridades para asegurar a los electores la asistencia a un plebiscito seguro. El Servicio Electoral tiene hasta el 10 de septiembre para dictar las normas sanitarias para el proceso. Los pros y contra de las opciones sobre la mesa son discutibles y, en algunas zonas, se vuelven difusas. Y sí, se mezcla lo sanitario y lo político.

Pero en cuanto a lo segundo: si se pospusiera otra vez el plebiscito, explican incluso sectores moderados de la oposición, estaríamos en serios problemas: se profundizaría la desconfianza ciudadana hacia las instituciones que, justamente, explican en parte el estallido que dio origen al camino de cambio constitucional. Es necesario tomar la mayor cantidad de medidas posibles y precauciones –se explica desde esta vereda–, pero el plebiscito debe realizarse el 25 de octubre, considerando además el tren de elecciones que se viene por delante. Porque, ¿hay otra fecha mejor, si incluso los expertos señalan en privado que fue un error no realizarlo en abril, cuando las condiciones sanitarias eran mejores que las actuales y que las que habrá probablemente en el referéndum?

La ciudadanía sigue molesta

Efectivamente, existen sectores de la oposición –algunos de los cuales no estuvieron ni en el acuerdo de noviembre– a los que no les preocupa en lo mínimo la participación electoral y que los problemas sean menores a los incentivos para que la gente acuda a votar: quieren la celebración del día 26-10. También en el oficialismo, donde algunos explican que los plebiscitos de entrada en estos procesos generalmente tienen participación menor que los de salida, los realmente relevantes. Pero entre quienes se niegan a cambiar el plebiscito de fecha subyace la preocupación de un regreso a las revueltas: que la calle se desborde por indignación y falta de confianza.

No es lo que piensan determinados sectores de La Moneda, donde se habla del inicio de un “nuevo ciclo”: los ciudadanos, ocupados por la crisis sanitaria y económica mandan con su voto y rechazan tanto la violencia como el desorden. De acuerdo a este análisis, un estallido 2.0 parecería descartado.

Pero ¿qué dicen los números?

Efectivamentee n la última Cadem se registra un aumento de quienes creen que es buena o muy buena la situación económica, probablemente por la recepción del 10% de las AFP. Una especie de optimismo que no se sabe si es o no transitorio, pero que estaría en línea con quienes piensan que se instala un clima diferente y no existiría un riesgo alto de nuevas revueltas violentas. O que estas, al menos, no tendrían sintonía con la población.

La Cadem de comienzos de agosto, por otro lado, indica que desde marzo ha disminuido la cantidad de gente que tiene “totalmente” decidido ir a votar: de 90% a 63%. Ese 63% es similar al 60% de la ciudadanía que tenía “totalmente” decidido ir a votar para las presidenciales 2017, donde finalmente participó un 46% en primera vuelta y un 49% en la segunda. De acuerdo a la última entrega de esta encuesta de hace una semana, por lo demás, una porción mayoritaria está en contra del proceso de desconfinamiento (un 47% contra un 44% que lo apoya).

Pero con respecto a las movilizaciones y marchas: una de cada cuatro personas (un 26%) cree que es muy o bastante probable que participe de protestas como las del 18 de octubre una vez superada la pandemia, de acuerdo a la Cadem del 20 de julio, la última que se refirió a este asunto.

La quietud de la ciudadanía parece solo aparente. Si se pospone el plebiscito por segunda vez, podría explotar y profundizarse la desconfianza. Si el referéndum se hace mal y resulta a medias, se corre el mismo riesgo y todo el proceso podría quedar en entredicho. Es un zapato chino. Pero la ecuación parece evidente: el riesgo de un eventual cambio de fecha del plebiscito disminuye si se trata de un consenso transversal de todas las fuerzas políticas que alcanzaron el acuerdo de noviembre. Por el contrario, sube si existen sectores que empujan su realización. El asunto no permite la falta de consensos. Hay mucho en juego en un país como Chile que no tiene tradición de poner en duda sus elecciones.