De los dos grandes temas que quedaron pendientes en la reforma constitucional que reguló el plebiscito del 28 de octubre –la paridad y entre hombres y mujeres y los escaños reservados para los índígenas en una eventual convención–, uno sigue pendiente a siete semanas del referéndum: la que tiene relación a los pueblos originarios.

No parece sorprender a los expertos y agrupaciones de las nueve etnias reconocidas oficialmente en Chile: al menos en los últimos 30 años, siempre el tema indígena parece quedar para después. Pese al interés de los gobiernos desde el de Patricio Aylwin en adelante ­–sobre todo en las políticas con respecto a las tierras, lo que no hizo Argentina, por ejemplo–, finalmente ninguna administración ha logrado resolver uno de los problemas históricos entre el Estado de Chile y las etnias originarias: su inclusión política.

Considerando que el conflicto de la Araucanía no se apaga y la tensión sigue aumentando en la zona sin solución a la vista, los escaños reservados podrían configurarse como una posible salida institucional a uno de los mayores problemas políticos que enfrenta Chile, como señalaba el miércoles José Aylwin, coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano, en la sesión de Constitución del Senado donde avanza la discusión sobre este asunto.

El 13% de la población

Los expertos repiten un dato que suena desconocido incluso para los habitantes de este país: el 12,8% de la población chilena se declara indígena, de acuerdo al último Censo. De ellos, un 10% pertenece al pueblo mapuche, es decir, 1,7 millones de personas. Aseguran, además, que los violentos no están con el proceso constituyente. El abogado socialista Salvador Maillaleo, profesor de la Universidad de Chile y unas de las voces respetadas en esta discusión, dice que no solo la mayor parte de los pueblos indígenas rechazan la violencia, sino que se están sumando al debate constitucional que se ha abierto en Chile desde octubre, cuando la bandera mapuche se convirtió en un símbolo.

En definitiva: a los grupos radicales –los que justifican la violencia y buscan una ruptura con el Estado chileno– no les convendría una salida institucional al conflicto, cuyo primer paso para su éxito sería la representación asegurada de los indígenas en una eventual convención para redactar una nueva Constitución.

En definitiva: a los grupos radicales –los que justifican la violencia y buscan una ruptura con el Estado chileno– no les convendría una salida institucional al conflicto, cuyo primer paso para su éxito sería la representación asegurada de los indígenas en una eventual convención para redactar una nueva Constitución.

“Quizás parte del conflicto social que vemos hoy día en la Araucanía, Biobío o Los Ríos tiene que ver probablemente con el fracaso de no haber sabido encauzar a través de instituciones y estándares de derecho lo que ocurre en la calle. Y esta es una oportunidad de hacerlo”, indicó en su exposición del miércoles en el Senado la académica Amaya Alvez, doctora en Derecho y experta en temas indígenas de la Universidad de Concepción.

 Más escaños que Ecuador

Se habla del equivalente al 13%, es decir, 23 escaños reservados, que se sumarían a los 155 de una convención constitucional. O 25, si lo que se conforma para la redacción de una eventual nueva Constitución –de ganar el “Apruebo”– fuese la convención mixta. También da vuelta una cifra de 15, que era el número que indicaba el proyecto de ley que creaba el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que finalmente no fructificó. Lo del número no es un asunto sin importancia: cualquiera sea la fórmula final a la que llegue el Parlamento, tanto los expertos como las agrupaciones indígenas –también las ligadas al oficialismo– señalan que debe ser justa y equitativa.

El momento por el que atraviesa Chile parece hacer inviable que no exista un acuerdo político en torno a la representación de los pueblos originarios. Como no hubo espacio para que la institucionalidad no diera una respuesta sobre la participación de las mujeres –sería la primera convención constituyente de carácter paritario en el mundo–, en esta ocasión se estrechan los espacios para una exclusión política del mundo indígena.

De resultar que los escaños fueran una veintena, superarían los que tuvieron procesos constituyentes como Colombia en 1991 (dos escaños para un 3% de población indígena), Venezuela 1999 (tres escaños para un 2% de población indígena) o Ecuador 2008 (cinco escaños para un 7% de población indígena).

Es lo que reconocen desde la comisión de Constitución del Senado: que existe la convicción en los distintos grupos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, de que se tiene que llegar a una propuesta que satisfaga la demanda por participar del 13% de la población.

Indígenas del oficialismo y oposición

El mismo José Aylwin mostraba en el Senado esta semana un estudio que realizó junto a Pablo Policzer donde mostraba que Chile tiene apenas cinco parlamentarios indígenas en los órganos legislativos, es decir, un 2,4%. Canadá tiene 3%, Australia 3,3% y Perú 6,9%.

Un asunto relevante sucede con la discusión sobre escaños reservados y el tipo de reconocimiento a los pueblos originarios, su alcance y contenidos básicos que tendrá una nueva Constitución, de ganar el “Apruebo”: el mundo indígena que se suma al debate constitucional –que incluye a decenas de comunidades, sindicatos y agrupaciones, como la influyente Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche–, tiene bastante consenso en torno a los debates centrales, al margen de su cercanía con la izquierda y el oficialismo, como la Fundación Aitué o Enama.

Por ejemplo en la plurinacionalidad, entendida como un Estado donde conviven con igual tratamiento las distintas naciones, lo que no implica en ningún caso la pérdida de integridad territorial ni la unidad del Estado chileno.

Es una carrera a contrarreloj: en teoría, lo de los escaños reservados debería estar resuelto antes del plebiscito de entrada.