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42 facturas, acusaciones de Larrainvial y la afición de Rodrigo Topelberg por las barberías: los nuevos antecedentes en el Caso Factop

42 facturas, acusaciones de Larrainvial y la afición de Rodrigo Topelberg por las barberías: los nuevos antecedentes en el Caso Factop

En total, son 42 facturas que suman $ 235 millones. Este monto es cercano al que hace referencia Sauer en la reunión de junio en el edificio Patio, junto a Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla.

Por: Equipo DF MAS | Publicado: Sábado 16 de diciembre de 2023 a las 21:00
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En el minuto 67 de la reunión que destapó el “Caso Audios”, Leonarda Villalobos le consulta a Daniel Sauer cómo podrían obtener liquidez para pagar los sobornos a los que hacen referencia en la conversación.

Ahí, el controlador de Factop nombra todas las formas de hacer caja, pero advierte de una estrategia que, según él, no es una movida inteligente: cobrarle a todos los clientes que le adeudan dinero. Es ahí cuando da el ejemplo de una barbería. “No es la idea a la barbería cobrarle los 300 (millones de pesos)”, dice.

Se refería a The Barber Group, una de las cadenas más grandes de Chile que entregan este tipo de servicio. La empresa nació en 2019 y tuvo como socios a los empresarios Juan Pablo Labbé, Andrés Erlandsen y Rodrigo Topelberg. Este último es un aficionado de esta disciplina. Tanto así, que en 2022 realizó un curso en la firma Le Moustache, con el objetivo de profundizar sus conocimientos.

“El curso me pareció perfecto, tanto los profesores nos explicaron distintas áreas. Incluso los aspectos contables, esa fue el área que más me gustó porque ayuda a barberos y empresarios que van a poner sus barberías”, explica en un video de la compañía.

Entre marzo de 2022 y mayo de 2023 The Barber Group recibió una serie de facturas ideológicamente falsas por parte de diversas firmas vinculadas al caso. Producto de esto, en septiembre, LarrainVial, a través de su fondo destinado al negocio de facturas, inició acciones para cobrar nueve operaciones impagas. A finales de octubre interpusieron una segunda acción en los tribunales civiles para solicitar su liquidación forzosa. Hoy las relaciones entre los socios están quebradas.

De hecho, The Barber Group, representada por Labbé, interpuso una querella en contra de todos los que resulten responsables por los delitos de falsificación de instrumento privado mercantil, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y estafa.

En el libelo identificaron a tres sociedades que emitieron facturas a dicha sociedad y que tienen un vínculo directo con el caso Factop: Comercial Textil Ziko Limitada, cuyos socios -según la acción judicial- son Ariel Sauer, Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg, Eduardo Topelberg, Andrea Topelberg y Nicole Topelberg; Asesorías e Inversiones ART SpA, cuya única socia es Bárbara Lichtman, e Inversiones DAS Limitada, de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg.

En total, son 42 facturas que suman $ 235 millones. Este monto es cercano al que hace referencia Sauer en la reunión de junio en el edificio Patio, junto a Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla. Según la querella, todas las facturas “son ideológicamente falsas, pues no ha existido fuente de obligación alguna entre las sociedades emisoras y mi representada que haya generado alguna obligación de la última para con las primeras, de ninguna clase”.

Y entregan más detalles: “Conforme hemos podido averiguar y según deberá esclarecer la investigación, el propósito tenido a la vista por todos los partícipes de esta maquinaria defraudatoria, para incurrir en la emisión de facturas falsas por obligaciones inexistentes, ha sido el de generar títulos ejecutivos cedibles a la luz de lo dispuesto en la Ley Número 19.993, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a una copia de la factura”.

“En efecto, hemos podido enterarnos de que una copia de las diversas facturas precedentemente individualizadas ha sido cedida a diversos terceros que, según entendemos, tienen en común ser actores del mercado financiero. Aparentemente, dichas cesiones habrían sido realizadas con el fin de obtener contraprestaciones o para garantizar obligaciones de las sociedades emisoras cedentes”, describe la acción judicial.

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