El martes recién pasado el abogado Ángelo Vergara Colombo presentó una querella criminal -en representación del director nacional de aduanas- contra Pilar Matte Capdevila, fundadora de Cranberry Chic, la primera red social de moda de Latinoamérica. 

El hecho ocurrió hace más de un año, en junio del 2021 cuando se hizo una inspección física en el complejo aduanero courier (Pudahuel) a una importación de la emprendedora. En ella, declara mercancías por US $526, cuando realmente eran más de US $40 mil importados en 3 joyas y juegos de copas, entre otros.

La defensa de la empresaria asegura que era compras particulares, sin carácter comercial y que fue “un error”. El representante legal de Matte en este caso, Rodrigo González Holmes señaló a DF MAS que “efectivamente existe un error al no consignarse la totalidad de los artículos de ese envío en la declaración aduanera. Por este motivo nosotros nos acercamos a la Aduana de Santiago en el mes de febrero de este año, aportando las facturas de los artículos no declarados, que además venían junto a los artículos”.

Asimismo, declara que “acá no hay una acción dolosa, sino una compra por internet y un error en la declaración, que se comete absolutamente de buena fe. Solicitamos nos giraran la multa correspondiente determinada por el Servicio para algunos artículos en que esto es posible y, respecto de los productos afectos a impuesto adicional, legalmente no es posible llevar a cabo ese pago de multa en la sede administrativa, sino que Aduanas debe necesariamente realizar el requerimiento judicial, que es lo que ha ocurrido en este caso”.

En la querella, se solicita que “se imponga al querellado 5 años de presidio menor en su grado máximo, más multa por la suma de $148.632.645, equivalente a cinco veces el valor aduanero de las mercancías”. González espera que se aplique la multa que corresponda legalmente para estos casos, por eso se han acogido a la renuncia de la acción penal, que, según el servicio es para “quienes cometen delitos aduaneros o de contrabando, dándoles la opción a los infractores de aceptar el pago de una determinada suma de dinero, para evitar llevar sus casos a juicios”. Esta acción le permitió a aduanas recaudar cerca de US $3 millones el año pasado.