Un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema generó -como suelen hacerlo las resoluciones de ese tribunal, donde está el célebre juez Sergio Muñoz- conmoción en la industria. Más concretamente, en AES, Codelco Ventanas y Enap.

Y es que el máximo tribunal se pronunció sobre las medidas para reducir las emisiones contaminantes de estas empresas en la bahía de Quintero-Puchuncaví, estableciendo un parámetro más exigente del que actualmente rige para el país en general: el de la Organización Mundial de la Salud.

La decisión generó indignación en distintas instancias. Sin ir más lejos, el think tank de derecha Libertad y Desarrollo alertó que en esta decisión, la Suprema “vuelve a realizar una grave vulneración al orden institucional establecido en la Constitución, esta vez, en materia ambiental”.

Pero no a todos molestó el fallo. De hecho, a Medio Ambiente le sentó bien. La cartera a cargo de Maisa Rojas, ya está en proceso de cumplirlo, explican en esa repartición. Hay materias que están adelantadas, como la norma primaria de calidad del aire para el compuesto orgánico volátil benceno, la primera de su tipo en el país, que ya fue aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y publicada en mayo pasado.

Hay otras materias que tienen distintos plazos de cumplimiento y el ministerio está trabajando en ellas, adelantan en la repartición liderada por Rojas.

Dicho lo anterior, y con el objetivo de coordinar el trabajo de los distintos servicios con competencia ambiental, el gobierno designó a Alejandro Villa, geógrafo y experto en gestión medioambiental, como Delegado Presidencial para abordar la crisis socioambiental en Concón, Quintero y Puchuncaví.

Villa asumió el pasado 18 de julio y aunque su nombramiento no se vincula únicamente con la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema, sí influyó en que se designara de una manera inédita un delegado para esa bahia, considerada una histórica “zona de sacrificio” del país.

“Alejandro Villa debe trabajar de manera intersectorial, tanto a nivel político como técnico, para encontrar soluciones integrales y efectivas para esta zona de transición”, dicen en el Ministerio de Medio Ambiente.

Villa, por su parte, explica que el fallo de la Suprema viabiliza el cumplimiento del plan de prevención y descontaminación de Quintero-Puchuncaví, que busca “reducir emisiones y con ello, recuperar la calidad del aire respecto de calidad del aire vigentes”. En este caso, explica, se trata de medidas para recuperar el aire respecto de material particulado (10 y 2,5), dióxido de azufre (SO2) y NOx (Óxido de Nitrógeno).

El delegado presidencial detalla que el plan tiene su principal foco en las tres mega fuentes (AES Andes, Enap y Codelco división Ventanas) como principales fuentes emisoras de los contaminantes nombrados. Villa precisa que el plazo de cumplimiento de metas para estas empresas fue en marzo de 2022.

Por su parte, la experta de Libertad y Desarrollo, Francisca Toledo, hace ver que el fallo de la Tercera Sala “presenta déficits jurídicos y técnicos; altera elementos de la esencia de instrumentos de gestión ambiental, obliga a la administración a realizar actuaciones fuera de la ley, altera la igualdad ante la ley en las cargas públicas y vulnera el orden institucional establecido en la Constitución”.

De las empresas impactadas por el fallo, cabe señalar que en mayo de este año, Codelco Ventanas procedió a cerrar la fundición, que era la unidad contaminante, aunque continúa operando la refinería. AES mantiene en la zona un complejo termoeléctrico en Ventanas, aunque ya solicitó el retiro de esta central del sistema eléctrico. Enap posee una refinería en Con Con y un puerto en la zona.