Mientras la Constructora Armas -ligada al grupo Armas- tuvo que activar el mecanismo de Reorganización Judicial, otra compañía relacionada con el grupo enfrenta una petición de liquidación forzosa.

Se trata de Inmobiliaria Placilla SpA, y todo por un frustrado proyecto en Estación Central que tuvo dificultades, en el marco de las varias invalidaciones de permisos que hubo en esa zona para proyectos inmobiliarios.

La pugna es de larga data y se desencadenó con Financial Freedom Company (FF), una firma representada por el ingeniero civil Francisco Javier Pérez Montenegro en un arbitraje ante la CAM, que llevó el juez árbitro Juan Paulo Bambach, y que resultó favorable a FF.

En lo medular, en dicho arbitraje FF había planteado el incumplimiento intencional o culposo de 45 contratos de promesa de compraventa de departamentos en el edifico de nombre Trending, en Estación Central.

Según la demandante, el proyecto original de la inmobiliaria habría constado de una altura de 18 pisos, con 457 departamentos, con fachada continua, promesando los mencionados 45 departamentos en dicho proyecto. Pero luego, según FF, vinieron cambios en la iniciativa, dado que la División de Desarrollo Urbano de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo (DDU) dictó una circular en la cual se establecerían alturas máximas que impedirían que el edificio alcanzara los 18 pisos.

Todo, en el contexto en que surgió la polémica por las alturas de edificios de fachada continua en la comuna, que terminó con varias invalidaciones de permisos de obras. FF alegó que esto habría sido conocido por la inmobiliaria y que, pese a ello, habría promovido, ofertado y captado fondos del público.

Desde la otra vereda, la inmobiliaria rechazó todos los cargos, señalando que cualquier paralización o modificación por decisiones de la autoridad es algo que no sólo afecta a los consumidores finales, sino también a la propia inmobiliaria, haciendo explícita mención a que el proyecto Trending se vio afectado por el nuevo concepto de “guetos verticales”, con el que se denominó a diversos proyectos inmobiliarios de Estación Central.

Y en su relato de los permisos y autorizaciones, señala que se le invalidó el permiso de edificación, pero que FF y su representante siempre estuvieron en conocimiento de los hechos y actos de la autoridad que afectaban al proyecto Trending, y que como a todos los clientes que tenían promesas se les ofreció renegociar los términos o cambiarse de proyecto inmobiliario.

Y alegó exoneración de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor, debido a los actos de autoridad que le impidieron cumplir con los contratos, desestimando dolo.

Pero en su fallo, el árbitro dio la razón a FF y condenó a la inmobiliaria a pagar los anticipos de la compraventa, más una pena compensatoria por incumplimiento de los contratos. Pese al monto de la deuda -equivalente a unos $ 239 millones-, ésta no habría sido pagada, lo que motivó la petición de liquidación por parte de FF.

“No se entiende por qué Inmobiliaria Placilla no cumple con la sentencia judicial firme que la condenó a pagar la indemnización adeudada, que con intereses hoy alcanza aproximadamente a $ 250 millones”, dijo el abogado Francis Lackington, representante de FF, quien agregó:

“Los controladores finales son la misma familia, sin perjuicio de que en el área inmobiliaria en ocasiones traigan un socio a un proyecto (…) Todas las empresas tienen su domicilio en Av. Manquehue Sur 1220, Las Condes”, dijo.

Sin embargo, fuentes ligadas a las empresas Armas remarcaron que, aunque son del mismo grupo, la situación de esta inmobiliaria no guarda ninguna relación con la Reorganización Judicial de la Constructora Armas, pues son procesos completamente distintos, que corren por carriles separados.

Dijeron que en el caso de la constructora, ésta es totalmente viable y que en el grupo hay más activos que pasivos. Sobre la situación específica de Inmobiliaria Placilla, estas fuentes explicaron que el proyecto se frustró por motivos de permisos municipales y que la propiedad está hipotecada a un banco que prestó los recursos para la compra del terreno del proyecto.

En la petición de liquidación forzosa el tribunal citó a una audiencia para el 3 de julio.