“Ninguna otra empresa tuvo que poner de su bolsillo en esta crisis. Ninguna. No congelaron precios de alimentos, no estatizaron nada, si hasta a las clínicas que les van a pagar menos, pero les van a pagar. No entiendo por qué las aseguradoras teníamos que asumir el costo”. 

Las palabras de un gerente de una compañía de seguros que vende rentas vitalicias resume el sentir del sector por estos días, luego del apruebo del retiro de 10% de los fondos previsionales y cuyos fondos han tenido que salir por ahora del patrimonio de las firmas. Y están buscando cobrar esos dineros. 

Hasta ahora, Ohio, Penta, Consorcio, Confuturo, Renta Nacional y Bice Vida han iniciado acciones legales. Tras estas compañías hay grupos conocidos: Renta Nacional es de la familia de Francisco Javier Errázuriz; Confuturo es controlado por la Cámara Chilena de la Construcción; Consorcio es controlada por las familias Fernández León y Hurtado Vicuña; Penta por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Fuentes al interior de estos grupos cuentan que han sido días difíciles: son, sino cercanos, al menos afines al gobierno y particularmente al Presidente Sebastián Piñera, por lo que iniciar acciones contra él (además del Congreso), como lo hizo Consorcio y Confuturo, no fue una decisión sencilla para tomar. 

Otros conocedores de la estrategia legal dicen que, aunque saben que no será el Presidente quién se haga responsable, lo que estaba detrás era dejarle claro al próximo gobernante que salga electo a fines de año, que no se dejarán amilanar tan fácilmente por nuevos proyectos de retiros de rentas vitalicias, porque, a diferencia de las AFP, los recursos son de la aseguradora, no de los afiliados. 

Y si este ya era un dolor de cabeza para el mundo previsional, en los últimos días se sumaron dos golpes más duros: en los electos para la Convención Constituyente la gran mayoría está en contra del actual sistema previsional. Y para más remate, el diputado Jorge Alessandri, secundado por Pamela Jiles, anunciaron sendos proyectos de ley para retirar el 100% de los fondos ahorrados. 

Eso significaría, en la práctica y por secretaría, terminar con el sistema. 

Aunque varios han mostrado su preocupación y la han hecho llegar a círculos de La Moneda, saben que el margen de maniobra político es bajo sobre todo en un año electoral, y con un oficialismo y oposición convulsionados.