“Este es un momento de mucha privacidad y de vivirlo en familia”, dice al teléfono María Soledad Simonetti (70 años), la mujer del ex edil de Vitacura, Raúl Torrealba del Pedregal, quien pasó su primera semana en prisión preventiva, en el centro de alta seguridad Capitán Yáber, donde ingresó el pasado 16 de junio.

“Ël está bien y tranquilo… ésta es sólo la primera semana”, señala la cónyuge del ex alcalde, quien fue formalizado por delitos de fraude por más de $ 760 millones, asociación ilícita y delitos tributarios, entre otros.
 

Una primera semana donde Torrealba fue visitado por familiares y su equipo jurídico, que presentó un recurso de apelación en contra de la determinación que dictó el pasado viernes la jueza María Carolina Herrera, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, de encarcelarlo mientras dure la investigación bajo el argumento de que el ex alcalde era un “peligro para la sociedad”. 

13:57 pm. Capitán Yáber, ubicado en Pedro Montt 1902 -que cuenta con gimnasio, mesas de ping pong, libros y televisión-, abrió sus puertas tres minutos antes de comenzar el turno de visitas de la tarde (desde las 14:00 hasta las 17:00) para recibir a María Soledad Simonetti, esposa del ex alcalde, quien en fracción de segundos se bajó de una camioneta blanca Toyota modelo Land Cruiser Prado VXL e ingresó al recinto.

Junto a ellos estaba uno de los abogados defensores del “Tronco”, Cristián Bawlitza, del estudio Contreras Velozo. Al encuentro también se habría sumado una representante de Renovación Nacional, partido al que el ex edil renunció mientras se investigaba el caso de corrupción en Vitacura. Esta sería la primera vez que miembros de la familia acuden a Capitán Yáber desde el ingreso del ex alcalde al centro penitenciario, visita que se extendió por más de una hora.

La investigación que tiene privado de libertad a Raúl Torrealba surgió de una denuncia de la Municipalidad de Vitacura, a cargo desde 2021 de Camila Merino (Evópoli). La jueza de garantía determinó -a petición de la defensa del ex alcalde- que los intereses fiscales fueran representados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), siendo además querellantes el SII y la Fiscalía.

Por ello, la entidad comunal presentó este martes 20 de junio una apelación ante el juzgado de garantía para ser elevada a la Corte de Apelaciones. La acción del municipio busca ser reincorporada como parte del proceso en calidad de parte querellante. 

De acuerdo a lo expuesto por el fiscal Francisco Jacir en la audiencia de formalización el pasado 16 de junio, en la cuenta bipersonal del matrimonio Torrealba-Simonetti se habría depositado, a lo menos, $ 25.000.000 en efectivo. Asimismo, la cuenta personal de Simonetti habría recibido un total de 31 depósitos en efectivo no justificados, por un monto de $ 31.900.000.

En esa oportunidad, el fiscal Jacir señaló que “conforme a los últimos antecedentes de la investigación, se va a profundizar en esa vía”, en referencia a la investigación sobre el destino y ruta de esos activos.