Analizando las opciones, y “tomándose todo el tiempo del mundo” está la defensa legal de San Valentino SpA, la sociedad dueña de Clínica Sierra Bella, tras el rechazo de la Municipalidad de Santiago de pagar $ 8.200 millones por el recinto ubicado en el centro de la capital, luego de un dictamen de la Contraloría.

Una de las opciones es operar ellos mismos la clínica. Cabe recordar que tras San Valentino está Felipe Sánchez y su familia, que ya tienen centros médicos estéticos en otras comunas de la región.

Fuentes al tanto estiman que habilitar el edificio para tenerlo listo para atención a clientes tardaría entre 90 y 100 días.

Sin embargo, otra de las opciones es acudir judicialmente contra el municipio y exigir forzosamente el contrato de compraventa firmado a fines del año pasado por la compra del inmueble.

Hasta ahora no hay otros privados que se hayan interesado en comprar el recinto, pero si llegara alguna oferta, los socios de San Valentino estarían dispuestos a analizarlo.

Fuentes de la defensa legal dicen que “en el intermedio, entre usar la clínica nosotros y demandar a la Municipalidad, hay un espectro de remedios contractuales que estamos evaluando utilizar”.

Consultada la Municipalidad para saber si estaban en contacto con el dueño de la clínica Sierra Bella para dejar sin efecto el contrato de compraventa que ya habían suscrito, no respondieron.

El pasado 13 de abril, la Contraloría tras revisar el proceso de compra de la clínica dijo que “habiéndose constatado diferencias no menores entre el precio pagado sólo unos meses antes por la vendedora Inmobiliaria San Valentino SpA y aquel estipulado a pagar por dicha entidad comunal, y atendidas las inconsistencias y falta de trazabilidad advertidas en las tasaciones antes referidas, no es posible tener por fundamentado el gasto de recursos públicos ascendente a $ 8.252.873.341, que pretendería efectuar aquel municipio, especialmente, si se consideran los principios de eficiencia, eficacia y economicidad que rigen el actuar de los órganos de la Administración del Estado”, se lee en el dictamen.

Y ordenó a la casa edilicia que “deberá adoptar todas las medidas que en derecho correspondan para garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales, debiendo informar pormenorizadamente al respecto a este Organismo de Control, dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación del presente oficio”.

El mismo día, la Municipalidad dijo en un comunicado que “cabe recalcar que no se ha efectuado ningún pago en relación a esta compra, por lo que no hay afectación al patrimonio municipal. El municipio de Santiago valora que la resolución de Contraloría ratifique el actuar transparente de esta administración durante el proceso, dando cuenta que el Concejo Municipal tuvo todos los antecedentes a la vista”.