"No hay ánimo de revancha", responde de entrada, Ricardo Freire, el abogado de Alberto Scuncio el empresario de las cajas de alimentos a Venezuela que esta semana fue formalmente notificado por la fiscal de delitos de Alta Complejidad del BíoBío, Marcela Barahona, que no había una investigación en su contra.

El año pasado, el empresario que también vendió las cajas de alimentos al gobierno chileno en los primeros meses de la pandemia, pidió al juzgado de Garantía de Concepción que le aclarara si está imputado en algún caso o se le investiga por la lavado de dinero, ya que la banca chilena le cerró entre 2019 y 2020 todas sus cuentas, las de sus empresas y hasta de sus hijos por sus nexos con Venezuela, país que está en la mira por la corrupción de sus élites y negocios ilegales.

"El equipo legal que asesora al señor Scuncio tiene el encargo de estudiar las acciones y gestiones legales que permitan a sus empresas restablecer el uso común y corriente de los instrumentos del sistema financiero y comercial, como asimismo el resarcir los perjuicios en los específicos casos que corresponda. No hay un ánimo de revancha, en lo absoluto. La finalidad del señor Scuncio es lograr el funcionamiento normal de sus empresas, su crecimiento y continuar dando trabajo al gran número de personas que toman parte de sus equipos", sostuvo Freire.

El abogado recalcó que la honra de su cliente ha sido dañada y el manejo financiero de los negocios del empresario argentino se han visto mermados. "Las labores comerciales se dificultaron a niveles asombrosos. Esperamos que en las próximas semanas dicha situación comience a revertirse", agregó.

Este miércoles, la fiscal Barahona sostuvo que "no hay ni ha habido ninguna diligencia en su contra, de ningún tipo, en alguna investigación que nosotros estemos dirigiendo. Por lo tanto, no tiene carácter de imputado".

En junio de 2020, el nombre del empresario argentino Alberto Scuncio, radicado en San Pedro de La Paz, fue vinculado a supuestas irregularidades en el envío de insumos a Venezuela. Ello, luego de que la Distribuidora Llacolén, una de las sociedades de Scuncio, se convirtiera en la mayor proveedora para la primera entrega de cajas de alimentos del gobierno durante la pandemia.

En esa oportunidad, se informó que la Fiscalía de Concepción lo estaría investigando por lavado de activos, razón por la cual su defensa pidió al Ministerio Público que le entregaran el RUC de la causa. Ante la negativa del ente persecutor el abogado Ricardo Freire solicitó una cautela de garantía fundamentando que Scuncio tenía derecho a saber si está o no siendo investigado.