Bajo el número P-2379-22 fue registrada el 15 de diciembre la denuncia que hizo Manuel Cruzat Infante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado chileno por la vulneración de sus derechos fundamentales. 

El creador de un imperio económico desintegrado en los años ‘80 y fundador de la ciudad Curauma en Valparaíso, recurrió ante el organismo con sede en San José, Costa Rica, explicando que Curauma S.A inició un proceso de quiebra en diciembre de 2013, proceso en el cual se aprobó rematar el Lote CS-M Uno A, uno de los activos más valiosos de la sociedad, cuyo valor se calcula en más de US$ 44 millones. 

Pero en octubre del año pasado el terreno salió a remate por un mínimo de US$ 7 millones, oponiéndose los abogados de Cruzat, pero perdiendo en distintos tribunales. De todas formas, el precio siguió bajando hasta una apuesta mínima de US$ 4 millones este año. 

“Si el derecho de propiedad existe como condición esencial de una república democrática que respete los derechos humanos, a fin de repartir equitativamente en la población los réditos del desarrollo económico, luego su vulneración (implicando virtualmente la extinción de la propiedad al permitirse la venta forzada devastando las garantías del justo precio) ha permitido fijar (en el caso objeto de esta petición, a través del aparato jurisdiccional estatal) un estándar de precio aún más bajo que el de las expropiaciones de la reforma agraria (que es justamente el que la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha pretendido evitar para el caso de Chile)”, indica la demanda de 11 páginas ingresada. 

“Las resoluciones que ha rebajado el mínimo para la subasta en un 90% el valor real del bien, sin considerar haber oído previamente a la fallida, sin que las resoluciones contengan una motivación que justifique la resolución jurisdiccional que afecta el patrimonio de los acreedores y de la fallida, vulnera los siguientes derechos humanos de la víctima”, agrega la petición.

Y enumera una serie de violaciones a los derechos humanos, tales como el derecho a la garantía de una debida motivación y sin discriminación para la decisión de un órgano estatal; la garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción; como también el Derecho a un recurso idóneo, efectivo, accesible, sencillo y eficaz. 

También el derecho a la propiedad privada en relación a la garantía del “justo precio”, así como el derecho a igual protección de la ley, al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. 

La petición ahora debe ser evaluada por la Corte internacional y decidir si abrir un caso contra el Estado de Chile y cómo se desarrollará el caso. 

Quien representa al empresario ante la instancia dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es la abogada Jésica Torres, del estudio Torres & Maisto.