Una nueva querella fue admitida a trámite contra el empresario Álvaro Saieh por el impago del bono de US$ 500 millones de Corp Group Banking (CGB). Esta vez, la sociedad Monex Chile Trade Finance y la sociedad de inversión uruguaya Niscaly S.A., se hicieron parte de la causa que lleva adelante la Fiscalía contra el excontrolador de Corpbanca. 

Representados por el estudio Barruel & Borzutzky Abogados, explican que tanto Monex como Niscaly compraron el bono emitido en 2013 por la sociedad, por lo que son parte de los 37 tenedores del instrumento. La querella va dirigida contra Álvaro Saieh Bendeck, Jorge Andrés Saieh, María Catalina Saieh, Cristóbal Cerda, CGB como persona jurídica y contra todos aquellos que resulten responsables.

Los delitos que acusan son otorgamiento de contrato simulado, administración desleal y lavado de activos. Esta querella se suma a la que ya han presentado MBI, sus socios Arturo Claro y Germán Guerrero, así como otros tenedores como Claudio Fischer. 

En la querella explican que Álvaro Saieh incurrió en actos constitutivos de delito al disponer a través de CGB, la realización de una serie de contratos de suscripción y compraventa de acciones con la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SAGA SpA (en adelante SAGA) e Inversiones GASA Limitada (en adelante, GASA). 

“La intención del querellado jamás fue adquirir acciones, sino que su real voluntad fue desviar activos de CGB en directo perjuicio de los bonistas. Esta maquinación tuvo como propósito vaciar el patrimonio de CGB a través de la eliminación de activos, sin incurrir en contravenciones o infracciones a las obligaciones y prohibiciones contraídas al momento de la emisión del bono. De esa manera, los acreedores estarían obligados a recurrir a un proceso concursal, pero inoficioso ante la falta de activos de CGB. Es más, esta operación delictual llevada a cabo por los querellados significó el traspaso de acciones por un valor aproximado a $164.735.000.000”.

Eso, apunta, “llevó a que los activos traspasados desde CGB a SAGA, fueron destinados en directo beneficio o de una o algunas de las sociedades de su familia, lo que por supuesto, perjudicó gravemente a todos los acreedores del bono emitido por CGB”

Y agrega que “se puede apreciar que se cumplen los requisitos de la faz objetiva y subjetiva del tipo penal de ‘auto lavado de activos’, puesto que los responsables dolosamente ocultaron o disimularon el origen ilícito de los dineros obtenidos fraudulentamente en a través de la simulación de contratos para luego destinar esos dineros a otras empresas controladas por el mismo querellado”. 

El abogado y socio del estudio Carey, Ricardo Reveco, que forma parte del equipo legal de Álvaro Saieh, reiteró la apreciación de que “las querellas presentadas por algunos suscriptores del acuerdo suscrito entre las partes tienen un objetivo más comunicacional que jurídico, porque carecen de todo fundamento legal”.

Agregó que “estas querellas son instrumentales y buscan distorsionar un acuerdo voluntario, vigente y legítimo. Esto lo saben los abogados y es lamentable que se abuse de la buena fe de algunos bonistas que ya llegaron a un acuerdo en esta materia, generándoles expectativas fuera del marco legal”.

Reveco recordó que “estos hechos fueron detalladamente investigados en la justicia de Estados Unidos y los acreedores participaron en la instancia que puso término al juicio, mediante un acuerdo que tiene plena vigencia tanto en la justicia norteamericana como en la nacional”.

El foco central del argumento del abogado de Saieh es que los acreedores llegaron a un acuerdo en Estados Unidos y ese acuerdo se consignó en la declaración del Comité de Acreedores, donde defienden el acuerdo y en la declaración de la Jueza de Delawere que aprobó el acuerdo.