Arcos Dorados, la operadora de McDonald’s en Chile, tiene varios frentes judiciales abiertos. El más importante es el que sostiene con La Florida y su alcalde, Rodolfo Carter, por la clausura parcial que hizo del local ubicado en dicha comuna y que tiene un Automac.

Según se puede ver en la Corte de Apelaciones, la empresa llevó el caso al tribunal acusando ilegalidades en el proceso de cierre. El alcalde aún no ha contestado dicho recurso, aunque en medios ha revelado que McDonald’s incumpliría en su funcionamiento al generar congestión vehicular y acumulación de motos de repartidores.

Otro de los casos que tiene Arcos Dorados es una querella por presunta estafa contra la empresa Habilitaciones Building SpA, a quienes contrató para hacer obras en sus locales ubicados en Patio Bellavista, y el de Vitacura 7200. Las obras contemplaban la demolición del inmueble existente, la provisión de los materiales, mano de obra, supervisión y decoración del lugar.

Sin embargo, McDonald’s reconoció “erradamente” haber realizado el pago de las facturas “a quien no era titular de dichos créditos” y acusó que la empresa no respondió más sus requerimientos, lo que configuraba el delito de estafa.

Pero en la arena laboral también tiene causas abiertas, que se mezclan con lo penal. Una de ellas comenzó en diciembre de 2023, cuando una ex jefa de tienda de Chillán los demandó por despido injustificado. El 11 de marzo pasado se llevó a cabo la Audiencia Preparatoria de Juicio Ordinario donde los abogados de la ex trabajadora ofrecieron como medio de prueba “diversos comprobantes de entrega a Prosegur de los dineros de CDP, todos ellos abarcan los meses de febrero a octubre del año 2023”. Y aunque McDonald’s logró que se sacaran del juicio, se querelló contra la ex empleada.

“Estos documentos son comprobantes que dan cuenta de la fecha de recibo del dinero, la hora de llegada y de salida, el monto de dinero entregado a Prosegur y la firma de un encargado del restaurante (“sociedad remitente”) y de funcionario de Prosegur, llegando incluso a firmar en ciertos casos la señora Santander en nombre de la sociedad, en virtud del cargo que ejercía”, relata la querella por el delito de develación de secreto comercial declarada admisible por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y enviada a la Fiscalía para que investigue.

“Resulta evidente el carácter de secreto que revisten, puesto que develan información relevante de la empresa y de sus actividades al señalar montos que maneja cada local por día. Así, su divulgación es equivalente a poner a todos nuestros competidores en conocimiento de la cantidad de ventas que realiza mi representada, perjudicando su posición en el mercado”, apunta el escrito.

Y agregaron que “llama profundamente la atención que la contraria no invoca título alguno para acompañar dichos documentos, lo que nos hace preguntarnos ¿Cómo los obtuvo? ¿Qué título tiene para haber retirado dichos documentos de las dependencias de mi representada? La respuesta es bien evidente, se obtuvieron de forma ilícita, sin ningún título fundante”.

“Sólo tuvo acceso a ellos debido al cargo que desempeñaba dentro de la empresa, por lo que la única forma de retirar estos documentos, es una no autorizada, ya que los empleados están en conocimiento de que dichos documentos son de carácter secreto, reservado y no pueden ser fotografiados o divulgados, o retirados de forma alguna”, apuntan.

“A pesar de excluirse por el Tribunal (laboral) ciertas páginas del número 14 de la minuta de prueba, de igual forma se exhibieron los documentos, vulnerando así a mi representada y el carácter de secreto de éstos mismos por parte de personas ajenas a mi representada, sin título alguno. Cabe destacar que en el juicio laboral, se pudo haber accedido a estos documentos, mediante una simple solicitud de exhibición de los mismos, lo cual no se hizo, sino que se prefirió la vía ilícita”, concluye la querella.