Se sigue complicando el conflicto entre el Sindicato de Scotiabank de extrabajadores del Banco del Desarrollo y la entidad canadiense.

Esta vez presentaron una demanda por prácticas antisindicales en medio del conflicto que obligó al Banco a pagar a 650 trabajadores una asignación de estímulo pendiente de 2008 cuando se fusionó Del Desarrollo con Scotiabank.

En la demanda presentada esta semana, que aún no es acogida a trámite, se detalla que “Scotiabank no ha escatimado esfuerzos procesales por restarle mérito a dicha sentencia y evitar las acciones de apremio. Así, con fecha 01 de febrero del año en curso promovió un incidente de nulidad, con objeto de invalidar el embargo sobre la totalidad de las acciones de propiedad de Scotiabank en la Empresa Transbank, acción que finalmente se encuentra suspendida mientras dure el referido incidente”.

Además acusaron que el 3 de febrero de 2023, Scotiabank le pidió al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago que se decrete como medida cautelar, la prohibición “de difundir aquella información que surja con ocasión del referido proceso, es decir, una vez más haciendo uso de herramientas procesales se busca afectar una garantía constitucional, esta vez el derecho que le asiste a mis representados a emitir opinión e informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”.

Además, hace referencia a la demanda civil que interpuso el banco contra el Sindicato en 2020 por responsabilidad extracontractual por abuso del derecho, donde se solicitó una serie de documentos privados del sindicato para que sean expuestos en el juicio. Entre ellos, actas de asamblea de socios ordinarias y extraordinarias, actas de sesiones del Directorio del Sindicato, informes de la comisión revisora de cuentas, siempre en lo relativo a la “asignación de estímulo”, así como partidas contables, actas, memorándums, e-mails, comunicaciones o cualquier otro documento del Directorio del Sindicato respecto al caso.

“En síntesis, el Banco le solicita a una autoridad pública que transgreda los límites de la autonomía sindical para tener acceso a actas de asambleas, actas de Directorio, informe de comisiones revisoras, partidas contables, actas, memorandum, email y comunicaciones del Directorio Sindical, documentos todos donde constan y se expresa la organización de la administración del sindicato, sus actividades y en los cuales se formula el programa de acción de la entidad. En definitiva, se busca afectar la autonomía sindical interfiriendo en la toma de decisiones de quienes forman parte de la organización sindical”, se lee en el texto.

“Información que no tiene otro propósito más que amedrentar el accionar sindical, limitando y condicionando con ello su actividad sindical y, en concreto, el ejercicio de acciones tendientes a perseguir el cumplimiento de derechos laborales”, apunta.

Junto con la condena por prácticas antisindicales, y que se le obligue a publicar la sentencia así como un compromiso con los derechos sindicales en sucursales, el Sindicato pide el banco les pague $ 515 millones, “lo que equivale al 0,1% de las ganancias percibidas por el Banco denunciado en el año 2022”.

El abogado Claudio Fuentes, socio del estudio Rossel y Fuentes, que representa al sindicato, dice que lo que se le solicita al Tribunal es “poner término a las acciones de amedrentamiento en contra del sindicato y de los dirigentes sindicales. A nuestro juicio, el banco con sus actos sólo busca impedir la representación judicial de los afiliados al sindicato y la obtención de derechos declarados por tribunales laborales. Nadie ni nada puede impedir que un Sindicato represente a sus afiliados”.

Mientras que la presidenta del Sindicato, Gloria Soto, dijo: “Todas las funciones intrínsecas a nuestro rol, ellos las han criminalizado. Buscan silenciarnos, que les tengamos miedo. Igual para algunos dirigentes es una carga psicológica y moral, a veces no todos tienen el mismo aguante. Vivimos defendiéndonos del banco”.

Consultado el banco, dijo que “se enteró de esta demanda por la consulta de este medio de comunicación y no ha sido notificado formalmente de esta acción judicial. Sin perjuicio de lo anterior, el Banco rechaza categóricamente cualquier acusación de práctica antisindical y descarta la incurrencia en alguna conducta que atente contra la libertad sindical”.