Se viene intenso marzo. Este mes se armará la mesa de trabajo que unirá al Ministerio de Justicia, expertos y parlamentarios para sacar, de una vez, la reforma al sistema de notarios. 

Lo ha dicho el ministro de la cartera Luis Cordero, y hasta la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, pero con ciertas reservas. 

Hasta ahora está confirmado el nombre de Marco Antonio Sepúlveda como experto en la mesa de trabajo. El abogado es socio fundador de Sepúlveda Escudero & Cía, pero además hace clases en la Universidad Central, la Universidad Notarial Argentina, Universidad Católica de Perú y es director y fundador de la Revista de Derecho Inmobiliario. 

Fue el segundo gobierno de Sebastián Piñera el que más avanzó en reformar este sistema. Entre los ministros de Economía, Lucas Palacios, y de Justicia, Hernán Larraín, presentaron un proyecto de ley que crea la figura de fedatarios, y que inyecta competencia al sistema, pero además de otro proyecto para fortalecer y masificar la firma electrónica. 

Ambas iniciativas fueron frenadas en tramitaciones en el Congreso, y el ministro Larraín acusó “un lobby feroz” que causó escozor en el mundo notarial. Pasaron por las comisiones de Economía y al llegar a Constitución se encontraban con otras prioridades legislativas, tales como reforma para hacer una convención constitucional o estados de excepción en el sur. 

“Se entiende que hay otras prioridades, pero el proyecto de firma electrónica estaba listo tras ser aprobado en ambas Cámaras, pero decidieron mandarlo a la Comisión de Constitución de nuevo y ahí todo se frenó de nuevo”, dice Juan José Lyon, creador de la plataforma Poder Notarial. 

Esa misma plataforma ha investigado por varios años al sistema de notarios y ha dejado al descubierto las numerosas relaciones familiares entre notarios, conservadores y parlamentarios y jueces. En 2020 identificaron que de los 395 notarios, conservadores y archiveros, 103 son familiares de otros notarios o ex notarios; 78 están emparentados con algún juez o funcionario del Poder Judicial, y 23 tienen una relación familiar con algún actual o ex parlamentario.

Los personajes clave

Por un lado está la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, presidida por el notario de Santiago, Alfredo Martin, quien ha compartido vocerías con Carlos Miranda, vicepresidente de la Asociación y conservador de bienes raíces de Santiago desde octubre del año pasado. 

El gremio ha analizado las declaraciones del ministro Cordero y saben de la opinión pública, sobre todo después del lapidario informe de la Fiscalía Nacional Económica de 2018 que indica que hay poca competencia y que es un sistema que necesita urgentes reformas.

En entrevistas el propio Miranda ha dicho que apoya la modernización del sector. Pero lo que sí demanda, es que se haga por quienes conocen de esta área del derecho, y que no son muchos en Chile. Es decir, quieren estar en la mesa que los va a reformar. 

Dentro de sus argumentos esgrimen que la reforma debe garantizar mantener los altísimos niveles de certeza y seguridad jurídica de casi 15 millones de actuaciones anuales que se realizan en el sector, con un 0,05% de judicialización. 

La modernización del sector, han dicho, debe incluir la interconexión digital e informática y la Asociación apoya ello, pero han pedido mantener el formato papel porque es esencial para la seguridad del sistema, ante eventuales ataques informáticos. Asimismo, han solicitado que se cree una Superintendencia que los regule y que en esta institución se concentre el proceso de nombramientos, para sacar al Poder Judicial de la ecuación. 

Por otro lado está el ministro Cordero. En el mundo legal y parlamentario hay ciertas reservas con el secretario de Estado. Aunque han llamado la atención los mensajes entregados apenas llegó para reformar urgentemente el sistema notarial, también recuerda que hace no mucho fue representante de la Asociación de notarios, conservadores y archiveros para reclamar por la creación de la Clave Única.  

“Se han dirigido a esta Contraloría General don Luis Cordero Vega, doña María Court Spikin y don José Correa Concha, en representación de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, reclamando que la obtención de la firma electrónica avanzada (FEA) mediante el sistema “Clave Única”, obviando la exigencia de ser creada usando medios que el titular mantenga bajo su exclusivo control como lo permite el decreto N° 24, de 2019, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, infringiría lo dispuesto en la ley N°19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma”, dice un dictamen de la Contraloría de mayo del año pasado.  

En el documento, también apuntan que la publicidad realizada por el Ministerio de Economía sobre empresas privadas proveedoras de certificación de firma electrónica avanzada contravendría el principio de libre competencia. 

El contralor Jorge Bermúdez rechazó el argumento de la Asociación y dijo que la Clave Única era supervisada por el Registro Civil y no había inconvenientes. 

Consultado el Ministerio, no se refirieron al tema e hicieron referencia a una entrevista que el ministro Cordero dio a La Segunda y donde consultado por este tema respondió: “Fue una presentación muy específica en la Contraloría, pero no he sido abogado permanente; solo me consultaron para esa presentación en particular”. 

La Asociación pidió por plataforma de Lobby una reunión con el ministro, la que se llevará a cabo el 23 de marzo.