Tener temor hasta de electrocutarse, tener que ir al médico, tomar pastillas para dormir, y tener la sensación de estar en una guerra, son sólo parte de los testimonios de cómo locatarios de Plaza Italia y alrededores vivieron el estallido social y los meses y años posteriores, en la llamada zona cero.

Estos testimonios los brindaron hace un par de meses, entre el 1 y 2 de abril pasado, en el marco de una acción legal que el empresario Carlo Siri -dueño junto a su familia del restaurant Antigua Fuente- presentó en julio de 2022 contra el fisco de Chile, acción a través de la cual pidió una indemnización por unos $ 1.234 millones, ante la falta de servicio del Estado, en el contexto de los daños patrimoniales y morales sufridos a propósito del estallido social.

Esa causa se ha seguido tramitando y recién ahora se produjeron audiencias para brindar estas pruebas testimoniales, en las que participaron como testigos varios empresarios de la zona, algunos conocidos y/o con cargos gremiales, y otros no tanto a nivel público.

Un actor que aportó su testimonio fue Álvaro Jadue Melnick, director general de Patio Bellavista y parte de la familia propietaria del complejo, quien además, hasta hace seis meses fue presidente de la Asociación Gremial del Barrio Bellavista, cargo que tuvo por 10 años. En su declaración fue categórico en que la afectación por la violencia no paró hasta fines del primer trimestre de 2022, e indicó que fueron tremendamente afectados, con una pérdida de valor patrimonial de un 50%, durante todo ese período de tres años.

Dijo que sólo durante la pandemia, que “fue un alivio”, “pudimos volver a dormir tranquilos, sin miedo a que al día siguiente nos podían quemar, destruir, asaltar”, apuntó. Cuando vino la reapertura, en septiembre de 2020, esperaban que las cosas se calmaran, pero no fue así.

Sus cálculos apuntaron a que, hasta fines del primer trimestre de 2022, esta crisis causó la quiebra de al menos el 30% de los locales del Barrio Bellavista, y que pudo llegar al 50% en los locales de Plaza Italia, según los datos que levantaron en la Federación Nuestro Centro. “Para los que sobrevivimos, hasta el día de hoy seguimos pagando las deudas contraídas durante ese período, donde el 50% de nuestro público se perdió y se fueron a otros barrios”, dijo.

También prestó declaración como testigo, Máximo Picallo, presidente de Achiga, quien estimó que todo lo que vivió esta zona de sacrificio, viernes tras viernes con ataques, “claramente se vio que el Estado aceptaba como un mal menor esta situación”. “Alguna vez escuché, no recuerdo a qué autoridad de Gobierno, que esto era daño colateral (…) En mi impresión era más fácil tenerlos contenidos a estos violentistas en este lugar, sin importar lo que pasara con vecinos, locales, el acceso al Metro”, dijo.

Juan Pablo Swett, en su calidad de presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, relató en particular cómo vivió el viernes 25 de marzo de 2022, cuando Carlo Siri fue atacado en su local.

“Aproximadamente a las 20 horas, yo recibo un llamado de Carlo, que estaban incendiando su local, que había mucho humo adentro y que se estaba desmayando, que por favor llamara a Carabineros para ayudarlo. Tomé mi auto, y logré llegar a cerca de 100 metros del local de Carlo donde estaba un grupo de Fuerzas Especiales, que para mi sorpresa no estaban actuando ante la flagrancia de los hechos. Logramos llegar entre piedrazos y nos encontramos con el hermano de Carlo, quien hacía cinco minutos había logrado evacuar a su hermano a una ambulancia. Me tocó cerrar el local, que estaba semidestruido, y luego llevar al hermano de Carlo para ver su estado de salud (…) Existiendo personal de Carabineros en el lugar, extrañamente se abandonó el local La Antigua Fuente y a sus dueños, a la suerte de la llamada primera línea, que no eran más de 100 personas, algo que como ciudadano pensaría era fácilmente controlable por Carabineros”, relató.

Otro testimonio entregado es el de Francisca Fernández Silva, quien se presentó como socia de la fuente de soda Blasco, ubicada en Plaza Baquedano, y dueña de un bar que antes del estallido era el bar Blasco. En su relato detalló que la zona era un peligro porque como se habían arrancado muchos postes y faroles eléctricos, “recuerdo que tenía que ir con linterna y mucho cuidado porque te podías caer a estos agujeros o directamente electrocutarte”.

“Nosotros estábamos solos abandonados, solos en medio de la guerra. Más que nada estaba ahí para que no vandalizaran los locales, porque hubo un intento de saqueo que yo controlé sola”.

La locataria relató que tras la pandemia nuevamente se activaron las protestas. “Ahí definitivamente colapsé”, contó. Señaló además que incluso hasta hoy se reúne un grupo en la esquina de Irene Morales con la Alameda, donde quedó una especie de memorial, “un grupo pequeño, pero muy violento”.

“Hasta hoy no vendemos lo mismo que se vendía antes de 2019, por el estigma de inseguridad que quedó en la zona. Hay un daño tremendo sicológico, síndrome de postguerra. Yo ahora tengo que tomar pastillas para dormir, he estado con depresión y sé que hay muchos vecinos comerciantes que están en las mismas condiciones que yo”, dijo.

Otro comerciante, José Manuel Bada, socio de un restaurant en Plaza Italia, Establecimientos Baquedano -conocido como Baquedano-, dijo que antes del estallido había dos comisarias en la zona, y después las eliminaron las dos.

“En mi opinión hubo una muy organizada estrategia de desacreditar a Carabineros, inventando que se había torturado gente en dichas comisarías y responsabilizándolos de cosas de las que yo fui testigo que eran mentira (…) Quedaron totalmente desautorizados para actuar y cumplían un papel pasivo en el sector, llegándose a retirar por exigencia de los manifestantes. Mi opinión es que el Estado tiró la esponja”, dijo.

Señaló que en su caso tuvo que despedir a más de la mitad del personal, porque llegó a vender sólo el 20% de lo que vendía antes. “Un negocio con un 20% de sus ventas no puede mantenerse”, apuntó, y dijo -en referencia específica a la familia Siri- que aparte de la plusvalía que perdieron con su inmueble, “es el daño sicológico por el que pasaron. Tuvimos que ir al doctor a pedir ayuda, porque el daño sicológico de este desorden o anarquía que existía en el sector nos afectó”.