Exactas 348 páginas tiene el documento “Acuerdo de Asociación para el Desarrollo Minero, Productivo, Comercial, Comunitario y Ambiental del Salar de Atacama”, suscrito entre Codelco y SQM, que este viernes quedó sellado a primera hora de la mañana para que a partir de 2025 exploten de manera conjunta el negocio del litio en el Salar de Atacama, si bien para que se materialice el próximo año todavía las partes deben sortear condiciones, como que la CMF no acoja una petición hecha por Tianqi, en orden a que el acuerdo lo aprueben los accionistas, y la consulta indígena.

Por el lado de Codelco, el negociador fue el presidente de la estatal, Máximo Pacheco, apoyado por los otros miembros del Comité del Litio establecido por la cuprífera, integrado por los directores Eduardo Bitran y Pedro Pablo Errázuriz, quienes revisaban los avances que realizaba Pacheco, más el apoyo periódico de la directora Josefina Montenegro para que revisara, en su calidad de abogada, los documentos, sin ser parte del mencionado Comité.

Por el lado de SQM, Gonzalo Guerrero y Ricardo Ramos, presidente y gerente general de la compañía, respectivamente, fueron los protagonistas de las tratativas.

Un directorio clave en Codelco ocurrió el sábado 25 de mayo, instancia que duró prácticamente todo el día y en que la estatal “abrochó” y repasó todos los temas económicos y financieros de la asociación de forma muy detallada, y en la cual presentaron Rafael Vergara y Cristian Eyzaguirre, los asesores de Carey de la estatal. Luego el lunes se reunieron los comités de Gestión, Sustentabilidad e Inversiones, y hubo un almuerzo en Codelco, que dio el vamos al acuerdo.

La exclusión
Lejos lo más complejo de las tratativas fueron las cláusulas para “repartir el poder” en la nueva compañía, en el sentido de que quien sabe del negocio de litio es SQM, pero el controlador va a ser Codelco.

Y, por supuesto, está la incorporación de la cláusula de exclusión en el directorio de la nueva empresa combinada, para quienes ya hayan ejercido por 10 años -consecutivos o no- en SQM y en Codelco, lo que aplicará a Julio Ponce y a Patricio Contesse, entre otras personas que ya cumplen o que están cercanas a dicha situación.

SQM había planteado durante las tratativas incluso eliminar la restricción autoimpuesta en 2017 y que rige hasta 2030, negociada por Eduardo Bitran, que restringe la participación en el directorio de SQM y filiales, de Julio Ponce y hasta el segundo grado de consanguinidad, lo que incluye a los hijos Ponce Pinochet, surgida en el contexto del financiamiento irregular a la política que se destapó a mediados de la década pasada.

La respuesta de Codelco fue “imposible”, amparados en que sin duda este tema iba a ser un “fetiche político” no factible de soslayar para que el acuerdo no se cayera. Formalmente, también hubo una explicación. Porque aquella cláusula la había establecido y negociado Corfo con Grupo Pampa, y no los negociadores actuales, Codelco y SQM.

“Eran otros jugadores. No hubo espacio para discutirlo”, dice un conocedor, quien explica que en el primer período del nuevo acuerdo, se mantiene la actual restricción, y a partir de 2031 entra a regir la nueva cláusula en la filial donde ocurre el joint venture, que si bien no incluye a los hijos Ponce Pinochet, pareció un esquema razonable y en el que buscar el óptimo iba a ser -como en el refrán- enemigo de lo bueno.

Los términos económicos
En lo grueso, el Estado conserva todos los derechos de arrendamiento, royalty e impuestos, tal como hoy. Y además, en el primer período del acuerdo (2025-2030), Codelco se llevará lo que generen 201 mil toneladas de LCE (33.500 toneladas por ejercicio), y en el segundo período, Codelco se lleva el 50% de la utilidad que antes se llevaba SQM íntegramente.

¿Qué significa todo esto en términos prácticos? Ya el Estado chileno se lleva en la situación actual una tasa de tributación efectiva en torno al 65%, de las mayores del mundo en esta industria. Y si a partir de 2025 se “traduce” la participación de Codelco en la nueva filial como si fuera un impuesto -grafica un entendido-, en el primer período el Estado tendrá una participación sobre la renta económica del negocio sobre el 70%, y ya en el segundo período en torno al 80 a 85% (dependiendo el precio del litio).

¿El factor geopolítico?
¿Por qué SQM se allanó a un acuerdo de estas características, con aquellos niveles impositivos y/o de “participación” estatal? Fuera de la extensión del plazo al 2060, un testigo también elucubra con el frente interno de la compañía, en el sentido de que sería una buena forma de protección respecto de riesgos geopolíticos de cualquier competidor chino ávido de sumar posiciones en el mercado del litio y minerales estratégicos en el mundo, incluso respecto de la propia Tianqi, ante un eventual intento por controlar SQM (ya tiene el 22%).

Con el acuerdo, el negocio del litio en el salar lo controla Codelco. Y si, en cambio, el acuerdo entre Codelco y SQM no prosperaba, el camino era entrar en un proceso de licitación por parte del Estado chileno, de cara a explotar del 2030 en adelante estas pertenencias en el salar. Y allí Grupo Pampa corría todo el riesgo de quedar totalmente fuera del negocio en manos de la competencia asiática.

Para el Estado chileno también había un pie forzado: una licitación iba a producir un “bache” productivo por un período no inferior a cuatro años, si lo ganaba un tercero distinto a SQM, considerando un nuevo EIA, consulta indígena, etc.

Al final el acuerdo se firmó en las oficinas de Carey a las 7:30 AM del viernes, instancia que reunió a una treintena de ejecutivos en la Torre Titanium, cita a la que concurrieron Ricardo Ramos y Gonzalo Guerrero por SQM; Máximo Pacheco, Eduardo Bitran, Josefina Montenegro, Pedro Pablo Errázuriz, Jaime San Martín, Susana Rioseco y Macarena Vargas, por Codelco, más los abogados de Carey por la estatal, y Rodrigo Ochagavía, de Claro & Cía, por SQM.