$ 580 mil millones en ocho años, es decir, cerca de US$ 600 millones, es muchísimo más que US$ 120 millones en tres décadas. La primera cifra es parte del plan de desarrollo para comunas rezagadas que anunció el ministro de Economía, Nicolás Grau, este miércoles, cuando informaba del rechazo al polémico proyecto minero-portuario Dominga.

Los US$ 120 millones son los comprometidos por la empresa Andes Iron, titular de la iniciativa y ligada a la familia Délano Méndez, a la comunidad de La Higuera, para viabilizar la inversión de US$ 2.500 millones. 

Esta danza de millones explica también la fractura que provoca Dominga en la comunidad. En el pueblo de La Higuera, el apoyo a la iniciativa es mayoritario, partiendo por su alcalde Yerko Galleguillos (UDI). Pero en la misma comuna, pocos kilómetros más al norte y hacia la costa, en Punta de Choros y Los Choros, ondean las banderas del “NO a Dominga”. ¿Cómo se explica tal división? 

“Follow the money”, dicen los gringos. Y siguiendo la ruta del dinero, nos encontramos con lealtades en tensión por la minera. “Es un tongo”, señala Jorge Cabrera (48 años, pescador artesanal) sobre los fondos disponibilizados por el gobierno.

“Los fondos para las comunas rezagadas están desde el año pasado y siempre se los ganan Punta de Choros y Los Choros, pero nosotros, nunca”, agrega desde Totoralillo Norte. “Nos tienen vetados”, asegura este dirigente de la caleta de 43 socios y 25 socias y sus familias, que viven de la extracción del loco, la lapa y peces de roca como el congrio. 

Además, el programa de zonas rezagadas es para varias comunas, no solo La Higuera, sino también Andacollo, Vicuña y Río Hurtado.

“Siempre nos ganan ellos”, añade Cabrera. En medio de los preparativos del “Festival del Loco” -que se desarrolla este sábado 21 de enero-, Cabrera cuenta que en 10 años han negociado un millonario acuerdo con Minera Dominga que incluye infraestructura para Totoralillo Norte, salud, educación, compensaciones para los pescadores jubilados y enfermos, reparación de embarcaciones y pagos por lucro cesante y daño emergente producto de la actividad minero-portuaria de la empresa. “El Estado no nos ha dado nada, nunca, por eso negociamos con la empresa”, admite.

Dominga suscribió un convenio marco con la comunidad de La Higuera, extensivo para todos, apoyen o no al proyecto. Establece un pago en función del precio del hierro de entre US$ 2 millones a US$ 4 millones por los 25 años de vida productiva del proyecto, es decir, unos US$ 120 millones. El pacto también incluye dar agua potable a todo el pueblo de La Higuera -que no tiene y depende de las instalaciones de Agua Potable Rural (APR)- cuando esté lista la planta desalinizadora y un centro científico.

Aunque estos beneficios están condicionados al desarrollo del proyecto, en 2022 se entregaron algunos, cuenta Ana Castillo, presidenta de la Asociación Comunal de La Higuera, que agrupa a más de 600 vecinos del pueblo. 

El agua es uno de estos beneficios. A mediados de diciembre, entraron a robar en la instalación de agua potable rural de Trapiche, en La Higuera, y se llevaron las bombas y el generador, con lo cual el suministro del vital elemento se vio interrumpido para parte de la comunidad, cuenta Castillo. A fines de diciembre, se firmó un convenio con Dominga para dar fondos para las APR, para comprar bombas, generadores, cañerías y otros equipos, con $ 5 millones a cada APR. Hasta en eso se notó la división de pro y anti Dominga. Postularon 8 de las 10 unidades de agua potable porque “los de Punta de Choros y Los Choros no postularon”, cuenta Ana Castillo.

El agua está en el centro de la vida de La Higuera, o más bien la falta de ella. Rosa Cortés (48), dueña de un negocio en el pueblo, dice enfática: “Estoy molesta con el gobierno, porque nadie nos ayuda”, explica esta pobladora de La Higuera. “Esto es pura política, nadie ve por el bienestar de nuestra comuna”, se queja.

“Si los políticos vieran lo que Dominga nos promete… el agua, sin ir más lejos. Tenemos desde hace tanto tiempo problemas con el agua y para nosotros, la promesa de tener agua continuamente (suspira). Ellos (los políticos) no saben lo que es estar sin agua, para la Pascua sin agua, el Año Nuevo sin agua, si a las 7 de la tarde ya no tenemos agua. En diciembre, había días en que teníamos una o dos horas de agua al día”. 

La educación y la falta de oportunidades también está entre las demandas de La Higuera, y la empresa impulsó ayudas en este sentido, cuenta Ana Castillo. “La empresa entregó becas para 340 estudiantes secundarios y de educación superior, para enseres y útiles escolares. Es una ayuda importante, porque el desempleo en el pueblo ronda el 50%”, señala Castillo.

Josué Ramos Scott vive en Punta de Choros hace 25 años, pertenece tanto al gremio como a la cooperativa de pescadores, y hace ver que en la comuna de La Higuera se produce una división productiva y que el alcalde Yerko Galleguillos (UDI) ha tomado parte solo por algunos.

“El alcalde ha hecho todo el lobby posible con tal de favorecer a una parte de la comuna, que es el sector minero donde ellos están instalados, que es la localidad de La Higuera. El resto son agricultores y en la costa, aquí somos más pescadores”, explica.

Y esta división productiva es fundamental para explicar la división que se da.

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“Si vemos la realidad, aquí nunca van a sacar mil personas para hacer minería. ¿Por qué? Porque más de la mitad de la gente de la comuna, en total más o menos de 4.000 personas, vive en la zona costera: somos beneficiarios de los recursos del mar y por eso lo defendemos, no queremos ser una zona de sacrificio”, fundamenta Josué.

“Ellos (los de La Higuera pueblo) tienen un negocio instaurado con la empresa, que les da $50 millones, $120 millones y un vehículo y todo, y no son representativos de toda la gente que vive en la costa de aquí de la comuna. Serán 25 o 30 personas más otros que están ahí, aprovechando el sistema, porque si la minera viene y te ofrece una casa, tomas la beca, dejas de bucear y te da lo mismo si matan el futuro”, argumenta. 

Rodrigo Flores, vicepresidente del gremio de pescadores Punta de Choros y presidente del consejo consultivo Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, también es un detractor de Dominga y denuncia que “es un proyecto que viene engañando a la gente a través de la oferta laboral, un proyecto que ha dividido a las comunidades y en su momento de ejecución causa un efecto o un daño irreparable en un lugar como el que vivimos, hoy en día en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt”.

Para este dirigente, “Dominga no es la solución para el desempleo”. Y explica que “ofrecen 9.500 puestos dando cátedra de que son la solución al tema del desempleo, pero en ninguna parte dicen la verdad, que son dos años que tienen esa capacidad para el tema de la construcción y luego quedan con 1.500 personas directamente trabajando en la mina y 8.000 personas cesantes de nuevo. O sea, solución al desempleo nunca ha sido”.

Polo Sepúlveda, de Punta de Choros, opositor al proyecto, hace ver que la fractura entre La Higuera y Punta de Choros, que también se extiende a Los Choros y otras localidades costeras, radica en que “en La Higuera no viven del mar, los que vivimos en la costa estamos en contra. Los que están a favor serán el 0,1%”. 

Sepúlveda teme que el proyecto se presente nuevamente. “Queremos que exista un instrumento público que permita proteger lugares como éste, un área marina protegida de múltiples usos, para que no tengamos que seguir luchando día a día por proteger este lugar y todos aquellos lugares que están siendo intervenidos y siendo zonas de sacrificio”.

El edil de La Higuera, Yerko Galleguillos (UDI), le envió hace unos días una carta al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que abogara en favor de Minera Dominga. “Encuentro en él una persona sensata y me lo confirmó cuando dijo que aquí (con el rechazo de Dominga) no hay nada que celebrar, porque su función es traer inversión a Chile”, señala el alcalde, un entusiasta defensor del polémico proyecto minero-portuario.

En la misiva enviada al Comité de Ministros también invitaba a los secretarios de Estado a conocer la realidad de la comuna de la Higuera y ponderar, en terreno, la necesidad de desarrollo con el cuidado ambiental. “No vino ningún ministro, nadie… yo creo que solo la ministra Maisa Rojas conoce el lugar, el resto, nadie”.

Tampoco pudo reunirse con el Presidente Boric, pese a que éste ofreció hacerlo. “El Presidente Boric dijo: ‘voy a hablar con el alcalde para ver de qué manera generamos desarrollo en la comuna de La Higuera’. Y esto fue en mayo del año pasado. Y nunca habló conmigo”. También es crítico al plan de $ 580 mil millones, porque existe desde hace varios años y suma muchos ítemes distintos.

Sobre el futuro de la iniciativa, es enfático: “Yo creo que Dominga se va a hacer igual, que la justicia (los tribunales) van a darle nuevamente el favor y se va construir… ¿Y qué van a hacer los ambientalistas? ¿Van a quemar las maquinarias? ¿Parar las obras? Si lo hacen, se van presos y hasta ahí van a llegar los ambientalistas choros”.

Ante la resolución dada por el Comité de Ministros, la empresa anunció que apelará ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, al cual por jurisdicción le corresponde analizar el requerimiento.