Para que el acuerdo por Chile sea de y para Chile

Esta semana culminaron las largas negociaciones para definir el rumbo del proceso constitucional. El acuerdo por Chile, cuyo antecedente es la derrota de la propuesta de la Convención Constitucional hace tres meses, ha traído distintas reacciones, entre ellas, la comprensible desconfianza por el papel protagónico del Congreso y el cierre a un órgano fundamentalmente electo. 

No debemos olvidar que así como el rechazo fue contundente, también lo fue el plebiscito de entrada del 2020 y que la desconfianza en las instituciones se ha seguido profundizando.

Se podría hacer un juicio de valor, pero lo cierto es que el acuerdo existe y habrá un nuevo proceso constitucional. Ad portas de la tramitación del proyecto de ley que materialice el acuerdo, es importante recoger aprendizajes del proceso previo, así como darle un lugar central a su legitimidad y, por lo tanto, a todas las indicaciones que puedan colaborar en esa dirección. 

Uno de esos aprendizajes es cómo evitar el distanciamiento del proceso de la ciudadanía durante el proceso y, para eso, la participación es relevante y también la representatividad. Allí los partidos políticos tienen una responsabilidad central en no ensimismarse y permitir la apertura.

El interludio platónico

La discusión abierta sobre el significado de las y los expertos en el proceso constitucional acordado, tiene reminiscencias platónicas. El argumento es simple: hay un grupo de sabios preparados para dirigir la República, lo que también expresa la insuficiencia del resto de la sociedad para intervenir en el devenir común. 

El filósofo usa el ejemplo de la navegación para mostrar que así como para navegar se requiere de un saber, lo mismo sucede para gobernar. 

Por supuesto que un debate constitucional requiere de conocimiento experto, pero es diferente que eso devenga en una garantía de éxito para el proceso.

Por lo tanto, la pregunta que hay que plantearse es cuál es la expertis que se requiere para la tarea de construir una propuesta constitucional legítima y, por lo tanto, cómo debe ser la interpretación de la expresión “personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”.

Por ejemplo, ¿el proceso de nombramiento implicará algún nivel de escrutinio público?, ¿el funcionamiento de la comisión se someterá a los estándares de transparencia o será impermeable a la ciudadanía?, ¿se representarán distintos sectores de la sociedad?, ¿serán protagonistas experticias ligadas a la lucha por los derechos sociales?

La conformación de ese comité enviará una señal muy clara sobre qué esperar de este proceso, si logra articular confianzas básicas o reafirmará las justificadas aprehensiones ciudadanas respecto de los intereses de los partidos políticos actuales. 

Calurosa navidad

Altas temperaturas, incendios y un cielo apocalíptico no hacen más que actualizar la realidad de la crisis climática que vivimos. Así como requerimos de acciones inmediatas de cuidado y prevención, lo cierto es que debemos cambiar colectivamente la orientación de nuestra relación con el planeta.

Ello implica un abordaje global, sin duda, pero también demanda una acción ambiental que nos comprometa localmente, en el cuidado y recuperación de los ecosistemas, por ejemplo, en las políticas públicas, en el quehacer del Estado y en la responsabilidad de las empresas. 

No pierde vigencia la necesidad de un compromiso país, como lo decía una propuesta reciente: “Es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. Son principios para la protección de la naturaleza y el medioambiente, a lo menos, los de progresividad, precautorio, preventivo, de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de responsabilidad y de acción climática justa”.

El daño está hecho, sin embargo, cómo se desarrolle dependerá de nuestra acción.