Paro de camioneros: El zapato chino del gobierno

Esta semana comenzó marcada por cientos de camiones apostados en los principales accesos a las ciudades del Norte Grande y la zona central del país. Para frenar las movilizaciones, el Gobierno actuó rápido y el mismo lunes se llegaba a un principio de acuerdo basado en el congelamiento de la tarifa del diésel por dos meses y la complementación del MEPCO. Pero, los US$ 6.000 millones que el Gobierno puso sobre la mesa, no fueron suficientes para los camioneros.

Como un fiel espejo de nuestra clase política, con la irrupción de una serie de “caudillos locales”, esta vez los gremios de camioneros están más fragmentados que nunca. Cada uno se encuentra pidiendo su propia “lista de feria” -en palabras del histórico dirigente Juan Araya-, lo que hizo que la propuesta del gobierno fuera rechazada y las manifestaciones continuaron toda la semana. 

Ante esta escalada, el miércoles el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado (LSE), presentando 27 querellas por bloqueos de rutas en cuatro regiones. Si bien el Ejecutivo acierta en invocar la LSE en contra de actores que bloquean rutas y arriesgan un desabastecimiento general de productos básicos, se debería usar la misma vara con otras alteraciones del orden público y la seguridad nacional, como las que vemos a diario en la macrozona sur.

De cara a zanjar el conflicto, con esta dispersión de interlocutores, el gobierno no la tiene fácil. A esto se suma, una primera apuesta excesivamente generosa que recibió un portazo y un posterior endurecimiento del tono producto de las querellas por la Ley de Seguridad del Estado. Vaya zapato chino en el que se encuentra.   

Reforma previsional: transparencia y acceso a datos

Desde Horizontal —en conjunto con otros 19 centros de estudios— solicitamos al Gobierno acceso a los microdatos, supuestos y planillas de cálculos que sustentan las proyecciones presentadas en el proyecto de reforma previsional. Poder replicar estas estimaciones ayudará a tener un debate con altura de miras y con un solo norte: tener mejores pensiones sostenibles en el tiempo. 

Hay dos temas importantes que requieren de más información. El primero, es la relación entre el aumento de cotización y el grado en que los trabajadores internalizan los beneficios futuros que promete la reforma. Recordemos que el efecto del aumento del 6% de la cotización en empleo y salarios dependerá de cuántos beneficios futuros sean capaces de asimilar los trabajadores actuales.

Conocer las elasticidades y supuestos detrás de estas estimaciones se vuelve aún más relevante a la luz de las estimaciones presentadas por el Gobierno, donde se señala que la reforma tendrá un impacto positivo de 2% en el empleo, pese a que el informe del Banco Central (2017) en que se basan, muestra un efecto negativo. 

El segundo punto clave a analizar es la sostenibilidad del fondo mixto del 6% adicional. Es importante conocer su flujo de caja en el tiempo —ingresos y gastos — para estimar si es fiscalmente sostenible en el tiempo. El Gobierno propone un componente de reparto que a la luz del rápido envejecimiento de la población pone en riesgo la sostenibilidad de este fondo y que se endeude con el fisco en hasta US$450 millones.

El Ejecutivo ya ofreció una serie de talleres para entrar en detalle en cada uno de estos temas, lo que es un buen primer paso. Sin embargo, lo importante es que tanto académicos, investigadores como las organizaciones de la sociedad civil, podamos acceder a los datos para poder replicar estas estimaciones.

Si el gobierno accede a esta solicitud, sentaría un precedente histórico para mejorar la calidad del debate de este proyecto y sentar las  bases para que futuras reformas se discutan con el mismo estándar de transparencia y acceso a datos.

Abandono escolar, una prioridad que debemos enfrentar

Una de las graves consecuencias del prolongado cierre de escuelas producto de la pandemia ha sido la deserción de miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) que dejaron de asistir a clases. Las cifras son alarmantes. Hace unos días el Mineduc señalaba que 50.529 estudiantes que debían matricularse en algún establecimiento educacional del país dejaron de hacerlo, lo que representa un aumento de la deserción del 29% con respecto a los niveles pre-pandemia.

Además, casi un 40% de los estudiantes del país (1,2 millones), presenta niveles de ausentismo crónico, lo que sugiere que los niveles de deserción en el futuro seguirán aumentando. 

El panorama es desolador, por lo que es crítico que se tomen medidas concretas para promover el reintegro a las escuelas de todos aquellos estudiantes que han desertado. De no hacerlo, condenamos el desarrollo integral de millones de estudiantes; además de exacerbar la desigualdad que hoy ya existe en nuestra sistema educacional. La pasividad ante este “terremoto educacional” solo generará frustraciones en el futuro y nos arriesga a tener una verdadera “generación perdida”. 

Las señales de la autoridad han sido confusas. Por un lado, ante la aprobación del Presupuesto 2023 por parte del Senado, el ministro Ávila celebraba por Twitter la aprobación de un presupuesto de $250.000 millones, aludiendo que servirán para recuperar aprendizajes y traer de vuelta a estudiantes fuera de las aulas.

Sin embargo, esto representa apenas $8.000 mensuales por alumno y todavía no hemos visto un plan concreto asociado a estos recursos. El gobierno debería tomar cartas en el asunto, convocar a un gran acuerdo nacional y liderar un plan integral de recuperación educativa y socioemocional, con objetivos concretos y recursos a la altura del desafío. Todavía estamos a tiempo.