Teletón: Lo público nos compete a todos

Este fin de semana se realizó la Teletón en su versión número treinta y tres. Y más allá de sus detractores, que nunca faltan, o sus fervientes defensores, la Teletón representa algo que trasciende por mucho las críticas puntuales que el show televisivo pueda tener. Es uno de los mejores ejemplos del rol que cumple la sociedad civil en lo público, tanto en la provisión de servicios como en la movilización del interés social.

En los últimos años ha aparecido repetidamente una crítica desde sectores de la izquierda -hoy protagonistas del gobierno-, que señalan que preferirían que el evento no se realizara porque aseguran que el Estado debería cumplir con esta labor.

La verdad es que, aunque el Estado pudiera financiar por completo las necesidades de las personas con discapacidad, siempre se va a necesitar, en éste y otros temas, el rol de la sociedad civil para aportar su innovación, pertinencia y rapidez. Y por sobre todo, para hacernos a todos como ciudadanos parte de lo público, porque eso es inherente a nuestra naturaleza humana.

Ya lo decía Tocqueville en el siglo XIX cuando afirmaba que el Estado no puede hacerse cargo de todos los asuntos que ocupan a los ciudadanos, y además planteaba que las asociaciones actúan como laboratorios de la democracia, desarrollan habilidades cívicas y a actuar en colectivo. Todos ellos aprendizajes necesarios para el mantenimiento de un sistema político democrático.

El rol que juegan organizaciones y fundaciones como la Teletón es insustituible en una sociedad democrática. En la actualidad hay en Chile más de 214 mil organizaciones de la sociedad civil que existen para involucrarse en asuntos públicos, y a diversa escala, involucrando gran cantidad de recursos y de personas. De acuerdo a las últimas mediciones realizadas (CPP UC; 2017), estas organizaciones movilizan recursos equivalentes a un 2,1% del PIB y el empleo voluntario y remunerado equivale a un 3,6% de la fuerza laboral activa.

Independiente de la opinión que pueda generar el show mismo, la Teletón hoy tiene 14 institutos de Arica a Coyhaique, atiende a más de 30 mil pacientes y familias sin diferenciar por recursos o clases sociales, y moviliza a más de dos mil voluntarios, con estándares de calidad y atención digna que son imposibles de negar.

Estos datos, más allá de ser concretos, evidencian el enorme rol público que ha cumplido la Teletón y miles de organizaciones de la sociedad civil: adelantarse a la política pública y poner temas en la mesa, generando cambios culturales profundos en la forma de enfrentar problemas concretos.

Un ejemplo: los ascensores y rampas que hoy vemos como parte de la infraestructura pública fueron uno de los efectos de tener, 27 horas al año, el tema de la accesibilidad como centro de la conversación nacional. Tal como lo planteaba Aristóteles, los ciudadanos queremos, por nuestra naturaleza, involucrarnos en asuntos públicos, y para eso nos organizamos y ponemos al servicio nuestra creatividad.

En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil -y entre ellas por supuesto la Teletón- han aportado mucho al desarrollo de Chile.

Litio: Que no nos deje el tren

El decreto de Ley 2.886 de 1979, con lógica de Guerra Fría, le entrega un tratamiento jurídico al litio que lo considera un recurso estratégico reservado para el Estado. Es una extraña herencia que en especial la izquierda no quiere derogar, y que nos está haciendo llegar tarde a una gigantesca oportunidad que los australianos sí supieron aprovechar.

Ellos partieron por detrás de Chile hace una década, y hoy son los primeros productores mundiales. Eso pese a que tienen reservas considerablemente menores que las nuestras, que conllevan un mayor costo de extracción y que generan siete veces más gases de efecto invernadero por tonelada.

Estructurar una mirada de largo plazo y que mire cómo se tratará el tema en las próximas décadas es relevante, pero desarrollarla no es incompatible con aprovechar el minuto del litio hoy, algo que permitiría -solo como base- mayores beneficios sociales a partir de los nuevos ingresos que recibiría el Estado.

El riesgo es que podemos llegar tarde, cuando nuevas tecnologías dejen atrás el boom que estamos viviendo. Chile ya vivió una vez esa historia, con el salitre, y parece no haber aprendido de esa lección. No hemos tenido la capacidad de reacción que requerimos. Y para ello es necesario destrabar y permitir la colaboración público-privada como una forma de avanzar en una economía de recursos naturales que sepa reaccionar con prontitud e innovación. Debemos lograr un equilibrio entre naturaleza y progreso, pero a tiempo, para no perder el tren.

SIMCE: Es bueno que nos vaya mal

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, planteó que “probablemente los resultados no van a dejar satisfecho a nadie”, refiriéndose a la prueba SIMCE que se va a aplicar durante noviembre a los estudiantes de cuarto básico y de segundo medio.

Esta prueba estandarizada no se realiza en Chile desde hace tres años debido al estallido social y luego a la pandemia. Y, de hecho, el ministerio no tenía considerada aplicarla este año, pero se implementará a solicitud del Consejo Nacional de Educación.

El ministro probablemente tiene razón. Ya ocurrió en el hemisferio norte, donde las pruebas estandarizadas efectuadas tras la pandemia del Covid-19 no presentaron los mejores resultados, retrocediendo incluso 20 años en el nivel de matemáticas, por ejemplo. O en concordancia a los resultados de un estudio de la Universidad de Los Andes, donde 9 de cada 10 estudiantes de primero básico en Chile no conocen las letras del alfabeto.

Pero, de cierta manera, es bueno que nos vaya mal y que los resultados nos alarmen. Necesitamos como sociedad actuar en conjunto y rápido para paliar el terremoto educativo que dejo la pandemia, frente al cual parecemos inmovilizados. Un mal SIMCE puede ser uno de esos datos que nos saquen de la inercia, nos lleven a la acción y nos obliguen a poner el foco en lo urgente.

Tal como señaló Carolina Melo, la autora del estudio de la Universidad de Los Andes, “estamos en ese momento pivotante donde las acciones que se tomen ahora van a ser las que permitan acortar las brechas de aprendizaje o simplemente acrecentarlas”.

Reforma de pensiones, más allá del 6%

Esta semana, el presidente Gabriel Boric presentó la esperada reforma al sistema de pensiones, la que tendrá ocupada la agenda y la discusión pública por un tiempo.

Más allá de si el 6% adicional va a capitalización individual o no, si se crean las cuentas nocionales, o la libertad de elección que tendrán los ciudadanos sobre quien administre su fondo -temas en que las encuestas muestran que hoy existe una visión mayoritaria distinta a lo que plasma el proyecto-, el gran desafío que se presenta es la viabilidad política de la iniciativa y el cómo se generan las confianzas.

De hecho, buena parte del debate se va a jugar probablemente en la claridad con que el gobierno logre o no explicar lo que se está ofreciendo, y la confianza que pueda entregar el nuevo sistema.

También será importante poner sobre la mesa otros factores relevantes que no considera la propuesta, que es cómo se atacan problemas que tenemos hoy y que pueden verse afectados por los cambios planteados.

Un ejemplo es la informalidad laboral. De acuerdo a un estudio del Banco Central de 2017, aumentar la cotización tiene un impacto en el empleo formal: pero además, ese efecto negativo es mayor en un sistema de reparto o de ahorro colectivo que si es un sistema de capitalización individual.

El desafío hoy del gobierno será aclarar dudas, generar confianzas y sobre todo escuchar a la ciudadanía, y llegar a acuerdos. Si eso no ocurre, será difícil avanzar de una vez en una reforma al sistema de pensiones.