Caso Convenios: El error estuvo en los mecanismos del Estado

El caso de Democracia Viva ha sido un verdadero remezón para las organizaciones de la sociedad civil y también un fuerte llamado a la acción para el Estado. Esta crisis puede terminar siendo una muy buena noticia si, de una vez por todas y de la mano de una agenda de modernización del Estado, se avanza en una institucionalidad que permita fortalecer y mejorar la colaboración público-privada.

Boric convocó a una comisión para avanzar en una agenda de probidad a raíz de este caso, y a su vez el ministro Marcel planteó la elaboración de un marco regulatorio permanente, disminuyendo la discrecionalidad para la transferencia de recursos a entidades privadas sin fines de lucro.

Todas estas acciones van en la dirección correcta, y esperamos que el diagnóstico no erre y ponga los focos en lo que se requiere: mecanismos que permitan mayor y mejor transparencia y, sobre todo, claridad de criterios para asignar recursos, pero que no restrinjan el actuar de las organizaciones de la sociedad civil, sino que expandan el potencial de todas aquellas que genuinamente aportan al desarrollo del país, y sancione fuertemente a quienes incumplan con los principios básicos de probidad.

Es importante marcar el punto de que lo ocurrido no es un caso de falta de probidad de la sociedad civil, sino más bien lo que fallaron fueron los mecanismos de control al interior del Estado que permitieron que esta transferencia se llevase a cabo; y la utilización política de una de una figura jurídica que tiene nuestra institucionalidad, y que permite que los privados puedan genuinamente ser parte de los asuntos públicos aportando y complementando la acción del Estado.

Las sociedades contemporáneas enfrentan problemas cada vez más complejos, los que requieren del trabajo coordinado entre diversos actores para su resolución. En este contexto, la colaboración entre actores del Estado y la sociedad civil es fundamental.

Para esto, hoy más que nunca es clave contar con una institucionalidad pública que incentive, facilite y resguarde esta colaboración y reconozca de manera adecuada los roles, responsabilidades y valores de cada uno de los actores, y permita desplegar todo el potencial de la sociedad civil.

Para avanzar en mejores mecanismos, y evitar casos como el ocurrido, no sólo se requiere una agenda de probidad, sino que fijar criterios transversales para una verdadera colaboración público-privada, una forma de hacerlo es retomar el proyecto de Ley Única de Transferencias Sociales que empezó a trabajarse en la administración anterior y que definía principios y criterios relevantes para todo tipo de transferencias a organizaciones de la sociedad civil.

Esta institucionalidad, debiera basarse en principios claves como la colaboración, la eficiencia del uso de los recursos públicos, la eficacia y pertinencia de los programas que se implementan y sobre todo, la transparencia.

¿Por qué la Sociedad Civil?

La gravedad del caso de Democracia Viva es que, erróneamente puede hacer cuestionarnos el rol que tienen los privados en los asuntos públicos.

El debate presente ha dejado mal parado de cierta forma al rol que los privados, la sociedad civil y cada uno de nosotros juega en la construcción de lo público, pudiendo erróneamente instalar la creencia que sólo el Estado puede ser quien provee y cuida los bienes públicos. Si bien no hay duda alguna que el Estado es quien tiene el rol garante, que entrega marcos y certezas jurídicas y cumple un rol fiscalizador relevante; son los privados – sociedad civil – quienes emprenden, innovan, movilizan ideas, entregan insumos a las políticas públicas y construyen lo público.

Es importante recordar que lo público no es monopolio del Estado, sino que nos pertenece a todos los ciudadanos, Tocqueville ya en el siglo XIX, planteaba, que el Estado no es capaz de hacerse cargo de todos los asuntos de los ciudadanos y que estos deben involucrarse en la búsqueda de soluciones y en la construcción de lo público.

En Chile, al año 2020, de acuerdo con los datos del Centro de Políticas Públicas UC, existían cerca de 214.000 organizaciones de la sociedad civil vigentes registradas en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, y movilizan recursos equivalentes al 2,1% del PIB y a su vez ocupan un 3,6% de la fuerza laboral activa.

Estas organizaciones están desde el inicio de nuestra historia atendiendo causas relevantes, movilizando ideas y adelantándose muchas veces al Estado. Además, de los recursos que utilizan sólo un 40% aproximadamente proviene del Estado, el 60% restante son recursos que estas mismas organizaciones movilizan para financiar y aportar a causas relevantes como son, la educación, el medio ambiente, las personas mayores y tantas otras; recursos que sin la acción de la sociedad civil no estarían disponibles.

Una sociedad civil vigorosa y fortalecida nos permitirá, como ciudadanos libres y diversos, alcanzar nuestra naturaleza aportado al bien público. Y a su vez permitirá dar respuestas múltiples y diversas a los grandes desafíos que enfrentamos, y que no requieren de una respuesta única y centralizada.