En una de las tantas paradojas que la política acostumbra a ofrecer, el Gobierno dio a conocer la creación de la “Comisión Asesora contra la Desinformación” justo en la semana en que nos enteramos por la prensa del escándalo por la transferencia de recursos públicos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, con evidente conflicto de interés y rasgos de corrupción que recién se investigan, y siguen los coletazos de los lamentables resultados conocidos luego de la última prueba Simce.

La transparencia es una de las principales herramientas para velar por el buen uso de recursos públicos, combatir la corrupción y resguardar que los cargos se ejerzan en favor del bien común y no en beneficio de los intereses personales de quienes circunstancialmente los ejercen.

Más allá de la percepción que cada uno pueda tener de la escala de valores con que ejerce su tarea, lo claro es que existen estándares mínimos a cumplir en la función pública que no pueden faltar; transparentar los conflictos de interés y abstenerse de actuar cuando se está en presencia de ellos es uno fundamental. 

Otro sería dar a conocer la utilidad de los servicios contratados y cerciorarse de que la contraparte está en condiciones de cumplir. A todas luces, en el caso de la Seremi de Vivienda la opacidad ha sido la regla y la información adecuada ha brillado por su ausencia.

En cuanto al Simce, la información que arrojó la prueba es muy valiosa tanto para los padres, como para los colegios y quienes tienen a su cargo la política pública. Permite dimensionar de mejor manera el impacto de la pandemia en el sistema escolar y, específicamente, focalizar los recursos y esfuerzos donde se hace más necesario para recuperar los aprendizajes.

Esto que parece obvio, no lo era para el Ministerio de Educación que, recordemos, hizo lo posible el año pasado para evitar que el Simce se realizara al punto que, de no mediar el Consejo Nacional de Educación que exigió su rendición, la desinformación en educación sería hoy la regla.

La verdad es que la aproximación al problema que hoy vive el sistema educativo cambió radicalmente por el solo hecho de contar con nuevos datos. Si bien los resultados fueron negativos en Lenguaje y Matemáticas, fue en esta última donde se aprecia un retroceso de más de 10 años.

Hasta antes de la entrega de la información, el discurso del Mineduc era que el foco debía estar en lectura, ahora se incorpora con urgencia la necesidad de recuperar también, o con más fuerza, una asignatura que las autoridades tenían fuera del radar, Matemáticas.

Previo a darse a conocer los resultados, el Presidente Boric utilizó sólo la retórica en la Cuenta Pública para señalar lo importante de recuperar los aprendizajes, pero a la hora de asignar recursos puso todo el énfasis en la condonación del CAE y el pago de la llamada deuda histórica.

Ningún peso adicional para las necesidades urgentes, cerca de 20 mil millones de dólares (6 puntos del PIB) para satisfacer compromisos con grupos de interés. Es de esperar que, haciéndose cargo de la información ahora disponible, las autoridades reaccionen y se hagan cargo de la obligación de reorientar y gestionar sus prioridades. 

Así las cosas, frente a la necesidad de información, los chilenos no necesitamos comisiones que la filtren, sino autoridades que no le teman.