Hábil. Así definen al psiquiatra Alberto Larraín (42) quienes trabajaron con él en ProCultura. “Sabía acercarse a la gente. Como buen lobista y político, sabía cómo llegar a alguien, decirle lo que necesitaba escuchar. Siempre tuvo un discurso de tratar bien y era accesible, aunque también mostraba sus sombras cuando las cosas no iban bien. Cuando alguien tiene poder, puede ser bien manipulador”, señala una ex empleada de la fundación.

“Él tiene capacidad de organización, manejo, carisma, mucha inteligencia emocional para generar vínculos estratégicos”, agrega otro ex colaborador.

Las aguas en que hoy navega Alberto Larraín -separado, tres hijos- se deben haber movido en estos últimos días. Porque cuatro hechos seguidos volvieron a poner en el ojo público a la fundación ProCultura, que fue creada por él y la fotógrafa Ilonka Csillag en 2010 para realizar proyectos que iban desde la salud mental hasta el rescate patrimonial. 

El primero de esos hechos fue el viernes 4 de octubre, cuando trascendieron supuestas transferencias que la ex primera dama Irina Karamanos habría hecho a esta organización, luego de trabajar allí en 2021.

El segundo ocurrió cuando se filtraron WhatsApps de 2022 entre Larraín -director ejecutivo de la fundación- y el gobernador de Magallanes, donde el primero pedía apurar proyectos suyos en la zona, luego de -según decía- conversarlo con el Presidente Boric.

El tercero fue este miércoles 9, cuando la abogada Susana Borzutzky renunció a la defensa de ProCultura y del propio Larraín. Y el último, ese mismo día, fue la incautación que hizo la PDI de computadores y celulares de 14 ex funcionarios de la ONG. En la diligencia, simultánea en siete comunas, se allanó la residencia de Larraín en Ñuñoa y se incautó su teléfono móvil, su notebook y un iPad. 

Las cosas, en todo caso, habían comenzado a complicarse más de un año antes. ProCultura empezó a ser investigada por el Ministerio Público en junio de 2023. El contexto era el llamado Caso Convenios, que investiga traspasos irregulares de dineros públicos a organizaciones privadas y se inició cuando se conocieron los excesivos pagos del Serviu de Antofagasta a Democracia Viva. La lupa se puso en todos lados.

En la fundación de Larraín, una de las primeras investigaciones fue por su proyecto de recuperación de fachadas del casco histórico de esa ciudad, tras convenio con el gobierno regional por $ 630 millones, muy sobre el valor de mercado considerando la superficie a trabajar.

Luego, las investigaciones se extendieron a proyectos que ProCultura había desarrollado en otras regiones, como la Metropolitana, Biobío, Aysén o Magallanes, todas pesquisas que siguen aún en marcha. Complicada por esta situación -que trajo la detención de trabajos ya adjudicados y la nula obtención de nuevos proyectos-, la fundación cerró sus puertas en noviembre pasado, acusando un “irreparable daño patrimonial y reputacional”.

Larraín, que antes de esto aparecía en programas de televisión, daba entrevistas y tenía un lugar en el mundo público, se sumergió. “Yo lo invité al lanzamiento de un libro hace unos meses, pero se excusó diciendo que no quería ver a nadie. Lo está pasando pésimo”, comenta una conocida. 

Tras estar unas pocas semanas en el servicio de urgencia del Hospital Félix Bulnes, a fines del año pasado, el psiquiatra se ha enfocado principalmente en su consulta privada. Sí se mantiene muy activo en sus redes sociales, especialmente su Instagram (tiene 70.000 seguidores), con reflexiones sobre salud mental y la urgencia de atenderla.

“Él tiene ahí una base dura de fans porque habló muy pioneramente en redes sociales de temas como suicidio, género o depresión. Se labró ahí una fama de alguien que los aborda con empatía y humanidad; y él aprovecha esa base para seguir teniendo pega”, dice un ex colaborador.

Larraín, que antes de esto aparecía en programas de televisión, daba entrevistas y tenía un lugar en el mundo público, se sumergió. “Yo lo invité al lanzamiento de un libro hace unos meses, pero se excusó diciendo que no quería ver a nadie. Lo está pasando pésimo”, comenta una conocida.

¿Amigo o no de Boric?

Cuando ProCultura empezó a ser investigada, en los medios de prensa aparecieron datos. Como que la fundación aumentó 10 veces sus ingresos de reparticiones públicas en 2022: pasó de $ 316.849.723 en 2021 a $ 3.282.841.556 un año más tarde. O que entre 2010 y 2023 su trabajo incluyó 67 convenios con reparticiones del Estado, que van desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Corfo y la Subsecretaría de Interior, hasta los gobiernos regionales Metropolitano, de Ñuble y Aysén, entre otros.

Alberto Larraín -que primero militó en la DC y luego se hizo más cercano al Frente Amplio- tiene conexiones políticas. Entre ellas, el gobernador metropolitano Claudio Orrego, con quien ha trabajado desde que era alcalde en Peñalolén. Lo apoyó en las primarias presidenciales de 2013. Años después, con Orrego ya en la gobernación, ProCultura se adjudicó un millonario proyecto con esa repartición: fue el 2022 y se trató de un programa de prevención del suicidio por $ 1.683.788.000. 

Larraín ha sido colaborador cercano de Carolina Goic. Y en el segundo gobierno de Bachelet, integró la comisión sobre discapacidad y salud mental, y fue asesor en la Subsecretaría de Salud Pública. También ha dejado entrever que tiene relación directa con Gabriel Boric, aunque en otras ocasiones lo niega. Ha insistido en que no se ha reunido pública ni privadamente con él desde que es Presidente. Se conocieron en 2018, cuando el diputado Boric habló de su TOC y en el Congreso formó una bancada transversal de salud mental. Le habría pedido a Larraín que la coordinara. 

“En la fundación hablábamos de Alberto como un animal político”, comenta un ex trabajador. En todo caso, aclara que, al contrario de lo que se piensa, ProCultura no era un refugio del FA, ya que las sensibilidades políticas del equipo eran transversales: iban desde ese partido hasta Republicanos.

“En la fundación hablábamos de Alberto como un animal político”, comenta un ex trabajador

“Empezamos a demandar”

Ex trabajadores de la organización coinciden en que el ambiente ya estaba pesado antes del cierre. Les comunicaban poco lo que ocurría. Y arrastraban problemas internos, como cargas de trabajo a veces excesivas, que no se regularizaba la situación de quienes trabajaban con boletas, y que había cierto temor a disentir respecto de cómo se ejecutaban las cosas, “ya que quienes lo hacían, terminaban desvinculados; eso yo lo vi”, explica una ex funcionaria. 

“En todo caso, más allá de las investigaciones, que claramente hay que hacer, y de estos problemas internos, es innegable que los proyectos de ProCultura tenían impactos bonitos en las comunidades. Recuerdo uno en Tiltil sobre salud mental materna, tema importante que siempre es dejado de lado”, defiende otra ex empleada. 

“La fundación cerró de un día para otro. Nunca tuvieron la decencia de explicarnos nada. Nunca nos pagaron las cotizaciones, las indemnizaciones, el mes de aviso. Hasta el día antes del cierre se vendía que aquí somos todos una gran familia, y después nada", dice una ex empleada.

Hoy, sin equipo legal que lo respalde en medio de la investigación de la Fiscalía, Larraín -quien no respondió los mensajes de DF MAS- debe enfrentar además demandas de quienes fueron sus trabajadores. Sólo en los juzgados de Santiago, hay cerca de 25 acciones legales presentadas entre octubre de 2023 y agosto de 2024. 

Lo cuenta una profesional afectada: “La fundación cerró de un día para otro. Nunca tuvieron la decencia de explicarnos nada. Nunca nos pagaron las cotizaciones, las indemnizaciones, el mes de aviso. Hasta el día antes del cierre se vendía que aquí somos todos una gran familia, y después nada. Así que empezamos a demandar, asumiendo cada uno los gastos de eso y con la probabilidad de que nunca nos llegue nada, porque la fundación no tiene una propiedad ni de donde sacar plata”.

El estilo

Alberto Larraín estudió en el colegio San Ignacio Alonso Ovalle y fue un tiempo novicio en los jesuitas. Luego cambió de rumbo y cursó Medicina en la Universidad de Chile. Se especializó en psiquiatría. Su ex mujer, Josefina Huneeus -hija de la analista Marta Lagos y del abogado Carlos Huneeus-, también es psiquiatra. Tienen tres hijos entre 16 y 11 años.

ProCultura la echó a andar hace 14 años junto a la fotógrafa y gestora cultural Ilonka Csillag (66), quien luego se convertiría en la presidenta honoraria de la fundación. Quienes trabajaron con ellos reconocen estilos distintos. Cuentan que ella tenía un claro sello cultural, mientras él era mucho más orientado a la gestión. Un profesional recuerda: “Fui con Alberto a una reunión por un proyecto en Rapa Nui. Impresionaba su manejo de la negociación. Esa habilidad lo fue posicionando”.

“Fui con Alberto a una reunión por un proyecto en Rapa Nui. Impresionaba su manejo de la negociación. Esa habilidad lo fue posicionando”

Varios coinciden en que la fundación partió como “un club de amigos” que creían firmemente en lo que iban a desarrollar. Cuando la organización fue creciendo -al final llegó a tener alrededor de 200 empleados- empezó a ampliarse el equipo a otros profesionales de distintas áreas, desde la arquitectura a la historia. “Pero los cargos de jefatura siempre se mantuvieron entre los cercanos a Alberto, quienes tenían su confianza”, señala un ex colaborador.  “Aunque casi todos los jefes le tenían miedo. Se hacía lo que él decía”, agrega otra ex funcionaria. Varios coinciden en que una de las personas más cercanas al director era la representante legal de ProCultura, Constanza Gómez.