La frustrada visita de la ministra Izkia Siches a la comunidad mapuche Temucuicui fue un incidente que, prematuramente, en los primeros días del gobierno, puso en entredicho el estilo de hacer política de una administración con fuerte recambio generacional y promesa de renovación del fondo y la forma.

El gobierno buscaba un golpe de efecto y mostrar que la oferta de diálogo podía allanar el camino hacia el fin de la violencia en la zona, que no se había podido lograr en las últimas tres décadas, junto con destacar el liderazgo de la titular de Interior. Pero se encontró con un atentado a Siches -como no había ocurrido con un ministro desde 1990- que mostró una vez más que el problema en La Araucanía y regiones aledañas es complejo y profundo.

El gobierno, finalmente, decidió no tomar acciones legales. El incidente apuró la renuncia del asesor clave de Interior en estas materias, el constitucionalista Salvador Millaleo. 

En estos 100 días de gobierno, la decisión presidencial de decretar un estado de excepción ha sido, probablemente, uno de los momentos donde han quedado de manifiesto las tensiones entre el discurso del diputado Gabriel Boric y su campaña presidencial con la realidad de gobernar.

Había sido una promesa de campaña sacar a los militares de la zona, por lo que en los primeros días de gobierno se optó por no renovar el estado de emergencia. La ola de violencia y los reclamos de la propia ciudadanía y de los camioneros, sin embargo, hicieron al Presidente buscar una vía alternativa, para no llegar a tomar la medida: un estado de excepción intermedio.

Pero no consiguió los votos en el Parlamento, en buena medida por la resistencia de su propia coalición. Finalmente, el mandatario tuvo que decretar a mediados de mayo un estado de emergencia “acotado”, que no dejó contentos ni a unos ni a otros.

 La delincuencia ha sido un problema que se ha desbordado en los últimos años en Chile, en un fenómeno complejo de múltiples causas que no ha podido ser atacado por la clase política en su conjunto.

Lo sucedido el 1º de mayo en el barrio Meiggs, en Santiago, fue la expresión del desborde de la crisis de inseguridad pública, con una joven reportera muerta por disparos a plena luz del día en una zona céntrica de la capital. Fue un símbolo del crimen organizado descontrolado.

De acuerdo a la última encuesta CEP, la delincuencia, los asaltos y los robos se han instalado como el principal problema al que el gobierno debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar.

Este asunto ha desplazado en los últimos meses a asuntos de gran envergadura como los derechos sociales de pensiones, salud y educación, según el mismo sondeo. Los incidentes de los viernes en Plaza Italia, que no han finalizado desde el 11 de marzo, no ayudan a calmar a la ciudadanía.

La economía chilena seguirá en aprietos y podría complejizarse mayormente en los próximos meses, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central. Si bien mejora el pronóstico del PIB para este 2022, abre las puertas a la recesión para 2023.

La inflación, mientras, ha seguido en aumento y podría llegar al 13% en el trimestre de julio a septiembre, de acuerdo al mismo organismo.  Aunque la inflación está siendo un problema global, la presidenta del Central, Rosanna Costa, aseguró que dos tercios de la inflación que sufre Chile se explican por factores internos.

La economista se refirió al “significativo incremento” de la demanda en 2021, que se explicó sobre todo por los retiros consecutivos de los fondos para las pensiones, en una medida que importantes miembros del Ejecutivo -como el propio Presidente y dos de sus ministros políticos- empujaron y apoyaron desde el Parlamento.

 A comienzos de mayo, las tensiones aparecieron en la Cancillería y se extendieron al resto del gobierno. Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, liderada por José Miguel Ahumada, se anunció la “legitimización” de la política exterior comercial a través de una consulta ciudadana.

La propia canciller, Antonia Urrejola, tuvo que aclarar el plan y aseguró que no se refería a ningún tratado en particular y que se trataba apenas de una escucha online, para que el Presidente tuviera determinados insumos.

“Los TLC se legitiman a través de la discusión parlamentaria”, aseguró la ministra. En cualquier caso, la polémica llegó a Hacienda, donde el ministro Mario Marcel aseguró no haber tenido conocimiento previo de la propuesta y que hubiese sido “preferible” haber socializado antes al interior del gobierno. Desde entonces, no se ha sabido nada acerca de la iniciativa liderada por Ahumada.

El gobierno de Gabriel Boric no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, y era un hecho de la causa antes del 11 de marzo. Lo que no estaba en las previsiones era que se echaría encima a parte de los senadores propios -los socialistas- a partir de las decisiones de la convención de terminar con el Senado en 2026.

Se responsabiliza directamente al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, como quedó de manifiesto esta semana. “Hay ministros que han estado más preocupados de estar destruyendo la soberanía popular, la institucionalidad, pero no los temas de seguridad por los cuales fueron elegidos para gobernar”, acusó el senador Fidel Espinoza en la Cámara Alta, en una expresión de las tensiones que parte del mismo oficialismo tiene con el exdiputado.

La del Congreso y Jackson ha sido una relación compleja en estos primeros 100 días -se resiente su propia actuación como parlamentario-, lo que amenaza la discusión de reformas clave como la tributaria y de pensiones.

 Los congresistas del oficialismo se han desmarcado del gobierno en diferentes momentos de estos 100 primeros días, y la última vez en que esta situación quedó de manifiesto fue esta semana recién pasada, cuando la mitad de los parlamentarios del propio Frente Amplio -la cuna política del Presidente Boric- no respaldaron al Ejecutivo en su decisión de prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia en cuatro provincias de La Araucanía y Biobío.

El gobierno tampoco contó con la totalidad del respaldo del PC-Frevs-independientes, donde siete de los 18 integrantes no aprobaron la solicitud presidencial. Para un gobierno sin mayoría, que se resten los propios resulta una grave amenaza para lo que viene en el Parlamento.

Resultaba evidente que el gobierno del presidente Gabriel Boric estaría por el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre próximo. A estas alturas, lo ha anunciado el ministro de Hacienda, la titular de Interior y la vocera, Camila Vallejo. Lo que no era evidente era que amarraría su destino al resultado.

Si bien en su cuenta pública del 1º de junio el presidente mantuvo cierta distancia -dijo que el gobierno tenía la obligación de garantizar que la ciudadanía se manifieste libre e informadamente en las urnas y que tanto votar Apruebo como Rechazo son opciones legítimas-, el ministro Giorgio Jackson aseguró a las pocas horas que de rechazarse el texto se generaría “un momento de alta incertidumbre en nuestro país”.

Es una decisión compleja y arriesgada, porque La Moneda de Boric, al margen del resultado del referéndum, debe gobernar hasta 2026. De ganar el Rechazo o de ganar estrechamente el Apruebo, por lo tanto, sería el propio gobierno el debilitado ante el largo camino por delante.

Las críticas a la gestión de la pandemia del gobierno pasado fueron una constante del actual oficialismo. La principal vocera de los detractores fue la actual ministra Izkia Siches desde el Colegio Médico.

El Presidente Gabriel Boric, a comienzos de este mes, en su discurso ante el Congreso con un tono marcadamente conciliador, sin embargo, hizo un gesto a la administración de Sebastián Piñera y habló de “continuar la exitosa estrategia de vacunación del pasado gobierno”, aunque la inmunización de refuerzo contra la Covid-19 está enfrentado serios problemas tanto en adultos como en menores (solo un 60% de los niños 3 a 5 años está vacunado con dos dosis y solo un 12% con la de refuerzo).

La decisión de esta semana de adelantar y extender las vacaciones de invierno para todos los escolares -hasta llegar a los 25 días-, dejó al gobierno en el foco de las críticas. Existía la información de los expertos que indicaba que aumentarían los virus respiratorios como el sincicial que afecta a los niños pequeños y, según diversos especialistas, como la exsubsecretaria Paula Daza, pudieron haberse tomado medidas preventivas, como la comunicación de riesgo y el reforzamiento de la red asistencial enfocada en pacientes pediátricos.

Como parte de una generación política que mayoritariamente no tenía experiencia en la administración del Estado, el Presidente Boric ha llevado adelante un gobierno que en estos primeros 100 días ha enfrentado problemas múltiples en lo que el mismo mandatario ha denominado “dignidad del cargo”.

Fue el jefe de Estado el que debutó con las salidas de protocolo con equivocaciones, al acusar al rey Felipe VI de haber retrasado la ceremonia de cambio de mando el 11 de marzo, lo que generó ruido en España.

Luego, la ministra Siches abrió polémica con Argentina al hablar del concepto Wallmapu: al otro lado de Los Andes se entendió como una legitimación a un reclamo territorial que afecta a la soberanía de Argentina, por lo que la titular de Interior tuvo que pedir disculpas.

Esta semana, nuevamente, las palabras juegan en contra del gobierno. La ministra de Salud, Begoña Yarza, denunció que pacientes del hospital de Valparaíso eran sometidos a tortura, acusación en la que tuvo que retroceder. El incidente le costó un quiebre con el Colegio Médico.