Pedro Ducci, gerente general de Andes Iron y yerno del empresario Carlos Alberto Délano, envió el 1° de mayo cartas a siete seremías de Coquimbo, 17 servicios y una municipalidad, la de La Higuera, para empezar a tramitar los más de 700 permisos que necesita el proyecto minero-portuario Dominga para su construcción, la que demandará más de US$ 2.500 millones. 

Tras insistir en marzo en el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo para que esta repartición pública cambiara el estatus de “Rechazado” a “Aprobado”, lo que se hizo sólo hace pocas semanas según consta en la plataforma digital de la entidad, la firma dueña de la polémica iniciativa quiere dejar atrás dos décadas de judicialización.

Porque, ahonda Andes Iron, Dominga se puede hacer y se hará: sólo en las autorizaciones, la compañía estima que desembolsará otros US$ 20 millones. 
Sin embargo, hay causas pendientes en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional a las que se suma, a juicio de la propietaria del proyecto, un Gobierno que presiona para dilatar el proyecto. “Pero los plazos corren y la ley se debe cumplir”, dicen en Andes Iron, que ya ha gastado   US$ 500 millones en los 15 años que lleva en el proyecto que a estas alturas es una suerte de emblema de la judicialización en Chile. 

De hecho, la carta de Ducci -que es casado con la periodista Verónica Délano Méndez, parte de la familia que tiene 80% de Andes Iron, donde José Antonio Garcés Silva tiene un 15% y otro 5% los ejecutivos de la compañía- a los servicios hace ver que existe y está vigente “la Resolución Exenta Nº 161, de fecha 24 de agosto de 2021, que califica ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto ‘Dominga’ (RCA)” y que por ello la sociedad “procederá a la implementación de la RCA mencionada y a la tramitación para obtener los permisos correspondientes, dando cumplimiento así a la normativa sectorial que nos regula”.

En la misiva, Andes Iron exhibe sus credenciales ambientales: dice que ha adherido y forma parte del programa “Pacto Global de las Naciones Unidas”, en el que “las empresas de todo el mundo” alinean “sus operaciones y estrategias contribuyendo al cumplimiento de los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)’ a través de empresas responsables y ecosistemas que fomenten el cambio, promoviendo la sostenibilidad y sustentabilidad en los entornos donde opera y en las relaciones con las comunidades donde se inserta”.

La carta ha incordiado al Gobierno, donde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) liderado por Valentina Durán se juega el todo por el todo ante el Tribunal Constitucional en una contienda que, dicen abogados del caso, “tiene la imagen de ser técnica, pero es profundamente política”, y que según varios intervinientes, potencialmente puede “socavar la institucionalidad no sólo ambiental, sino la vigencia del Estado de Derecho” porque, si se impone la tesis del Ejecutivo, “la administración del Estado tiene un poder superior al de los tribunales de justicia”.

Tan enredado como “moño de vieja”

Desde que en 2006 se descubriera el yacimiento de hierro, cobre y oro en la comuna de La Higuera, la más pobre de la Región de Coquimbo, mucha agua ha corrido bajo el puente.

Inicialmente, el depósito fue de Minería Activa de LarrainVial -donde invertía la familia Piñera Morel-, que la vendió en diciembre de 2010 a los Délano Méndez en poco más de US$ 100 millones. 

En los dos años siguientes, Dominga obtiene, sin problemas, las autorizaciones ambientales para prospectar y las concesiones marítimas y en 2013 parte la evaluación ambiental del proyecto minero como tal, trance que se demoró cuatro años. Así, en 2017, el SEA de Coquimbo recomienda aprobar la iniciativa pero la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región la reprueba.

Ni corto ni perezoso, Andes Iron va al Comité de Ministros, que rechaza el proyecto, tras lo cual dos ministros de Bachelet II -Rodrigo Valdés de Hacienda y Luis Felipe Céspedes de Economía- más el subsecretario Alejandro Micco, renuncian al gabinete.
La dueña de Dominga enfila entonces al Primer Tribunal Ambiental y gana; los detractores apelan y la misma instancia le vuelve a dar la razón al proyecto. En el intertanto, varias organizaciones contrarias van a la Suprema, que devuelve el caso al Tribunal Ambiental. Ya estamos en abril de 2021 y ese órgano de la justicia emite un fallo unánime que dice que la iniciativa cumple la normativa ambiental. En agosto de ese año, Dominga obtiene una RCA favorable y Andes Iron respira. 

Pero todo estaba lejos de terminar. Vienen apelaciones a la Corte Suprema, se ve el proyecto en el Comité de Ministros otra vez. Estamos en 2023, es el gobierno del Presidente Boric -quien la noche en que ganó las elecciones gritó “No a Dominga”- y se rechaza nuevamente.

Andes Iron recurre, una vez más, al Primer Tribunal Ambiental que como en ocasiones anteriores apoyó al proyecto en un fallo -del 9 de diciembre de 2024- tan lapidario que descolocó al oficialismo. La sentencia dice que la decisión del Comité de Ministros que rechazó Dominga fue “ilegal” e “infringió los principios de imparcialidad y confianza legítima”. 

Tras el estupor inicial, el Gobierno recurre a todo: a la Contraloría, a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional. También lo hacen otras organizaciones que se oponen a la iniciativa y por eso hoy el caso es un entramado legal “tan enredado como moño de vieja”, dicen en el sector. 

El próximo capítulo de la trama se desarrollará en el TC: el 20 de mayo la causa ve en la Segunda Sala y para la ocasión han pedido hacerse parte Andes Iron (que fichó en esta ocasión al exsubsecretario y constitucionalista Jorge Correa Sutil); la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile (Fadechi), representado por el ex ministro del Trabajo e histórico militante socialista Osvaldo Andrade. 

Increíblemente, empresarios y sindicatos se unieron en favor de Dominga, porque mientras el presidente de Sonami, Jorge Riesco, alerta que “está en juego la confianza en el Estado de Chile para invertir en minería”, el ex secretario de Estado argumenta que “lo que está en juego acá no es sólo la institucionalidad de nuestro país, sino también el Derecho al Trabajo”.

Un socialista a favor de Dominga

Andrade, en su escrito ante el TC, dice que quiere participar en la audiencia del 20 de mayo por “la importancia que esta causa tiene para la institucionalidad de nuestro país y para el desarrollo de futuros proyectos de inversión”. 

En conversación con DF MAS, el exministro resalta “la importancia que el desarrollo de este proyecto tiene para los trabajadores y sus familias, ya que ello se traduce concretamente en la posibilidad de acceder a más y mejores oportunidades de trabajo y de calidad de vida para los trabajadores y sus familias, cuestión que por lo demás es de interés público”.

“Con Dominga, los trabajadores podrán acceder a un derecho que usted o yo tenemos: que podamos regresar a nuestro hogar una vez terminado nuestro trabajo. Hoy no lo pueden hacer, las operaciones mineras están lejos”, dice. Además, hace ver el cambio que para La Higuera traerá el desarrollo de la minera. “No podemos olvidar la dimensión social, que es más importante que un artículo más o un artículo menos”.

El exparlamentario también critica al Gobierno por recurrir a “artilugios legales” para retrasar la concreción del proyecto, “pasando por encima de los derechos de los trabajadores y de la comunidad de La Higuera”. 

De hecho, apuntó a que el Sindicato de pescadores artesanales de Totoralillo Norte y otros pescadores y mariscadores se querellaron por los delitos de desacato y falsificación ideológica en contra de la ministra del Medio Ambiente, María Heloísa Rojas, y otras autoridades que conformaron el Comité de Ministros, por no haber dado cumplimiento en el plazo y condiciones el fallo del Primer Tribunal Ambiental del 9 de diciembre pasado.

Impacto para Dominga de lo que ocurra en el TC

Según asesores jurídicos de Andes Iron, lo que ocurra en el TC, si bien puede afectar al desarrollo minero-portuario, tiene más impacto en el país.
El caso se ve en la Segunda Sala, la “sala judicial” porque la integran dos jueces por cupo de la Corte Suprema: Raúl Mera y María Pía Silva. A ellos se suman Mario Gómez, Nancy Yáñez, Marcela Peredo y Catalina Lagos. Esta última se inhabilitó porque su cónyuge, Juan Cristóbal Moscoso, trabaja en el SEA como jefe de evaluación ambiental y participación ciudadana.

De lado y lado hay tensión porque no se sabe cómo actuará este tribunal. “Si acoge (la postura del SEA) es pernicioso para el Primer Tribunal Ambiental porque supone un golpe mortal a los tribunales de justicia” pero si no, “el Gobierno se queda con pocas municiones para parar Dominga”, reflexiona un académico que pidió reserva de su nombre.