La fundación que Alberto Larraín levantó durante más de una década cerró sus puertas en noviembre de 2023 y desde hace casi dos años es una de las piezas centrales del caso Convenios, la investigación más extensa por desvío de fondos públicos en lo que va de este gobierno.

En los últimos días, la causa volvió al primer plano tras revelarse que la Fiscalía registró una conversación privada entre el Presidente Gabriel Boric y su ex psiquiatra, Josefina Huneeus -quien fue esposa de Larraín-, una de las personas cuyos teléfonos “pinchó” la fiscalía que lideraba, antes de ser removido hasta el viernes de esta semana, Patricio Cooper.

Ese mismo día, la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las escuchas a la psiquiatra. Todas las escuchas, menos la de Huneeus -que surgió por error, pero luego el tribunal autorizó-, fueron solicitadas “por cuanto existen sospechas fundadas de que estas personas tienen algún grado de participación en el delito de fraude al fisco y tráfico de influencias”. Así, entre protagonistas y testigos involuntarios, avanza esta trama que está próxima a solicitar la formalización.

Alberto Larraín Salas, fundador

Director Ejecutivo y fundador de la Fundación ProCultura. La carpeta investigativa señala que Larraín “emitió un total de 44 boletas a la Fundación ProCultura por un monto de $184.679.437 desde el año 2021 a 2023”. Además, es considerado por diferentes testigos y extrabajadores como el gestor de los diferentes proyectos a nivel nacional de la fundación.

Patricia Ilonka Csillag Pimsteim, fundadora 

La fotógrafa Ilonka Csillag fundó ProCultura en 2010 junto a Alberto Larraín Salas. Fue parte de la directiva de la organización hasta 2018, año en que se “alejó de la entidad por estrés laboral”, según señala la carpeta investigativa del caso. En 2019 volvió a ProCultura como gestora de proyectos y tres años después se incoporó al directorio hasta el cierre de la fundación en noviembre de 2023. En una de las conversaciones intervenidas, el pasado 29 de noviembre, con un hombre identificado como Vicente, ella señaló que “uno de los grandes errores de Alberto (Larraín) fue la contratación de 200 personas, por lo que todos los fondos de la fundación se fueron para pagar remuneraciones por cuatro meses”. En la misma conversación, Csillag dice que “Alberto administraba solo la fundación, y que usaba el nombre del Presidente Boric para presionar a gente de los Gobiernos Regionales”.

Alberto Larraín Lohmayer, ex tesorero

Es el padre del director y cofundador de ProCultura, Alberto Larraín Salas. La carpeta investigativa lo describe como tesorero de la fundación. De acuerdo a la carpeta investigativa, “del análisis de las cuentas corrientes de ProCultura aparece como beneficiario de dos cheques en el año 2022 por un monto total de $14.300.000, desconociendo el motivo de dicha transacción”.

María Constanza Gómez Cruz, gerenta general

La actriz comenzó sus labores en ProCultura en 2012 como encargada del departamento de Desarrollo Social. En 2018, en reemplazo de Ilonka Csillag —cofundadora de la entidad—, asumió como gerenta general y representante legal. Según declaraciones de testigos presentes en la carpeta investigativa, Gómez habría sido la encargada de las cuentas corrientes y la autorización de pagos de la fundación. En su declaración, Josefina Huneeus -exesposa de Alberto Larraín- describió las funciones de Gómez como alguien que “hacía de todo, era encargada de recursos humanos, encargada de pagos, cuadraba los dineros de la fundación, rendía los proyectos, supervisaba los proyectos y manejaba las transferencias de los recursos de la Fundación. María Constanza Gómez ejecutaba las decisiones de Alberto Larraín, quien hacía y deshacía herméticamente sin consultarle a nadie, e incluso en contra de las opiniones del resto”.

Allan George Mix Vidal, ex presidente del directorio 

Médico de profesión y Jefe de la Unidad de Emergencia en el Hospital del Salvador. Fue presidente del último directorio de la Fundación ProCultura. Según documentos referentes a la carpeta investigativa del caso, Mix llegó a la fundación en 2019 por su amistad con el fundador y director ejecutivo, Alberto Larraín Salas, a quien conoció durante su etapa universitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Se le investiga por su rol de director y por una transferencia – catalogada como “sospechosa” por la Fiscalía de Coquimbo- de $5 millones hecha desde su cuenta bancaria personal a Alberto Larraín luego del cierre de la fundación. En agosto de 2024, Mix declaró en calidad de testigo: argumentó que hizo el traspaso de fondos pues “existía una deuda tributaria que iba a impactar en los trabajadores de la fundación finiquitados” y “Procultura no tenía plata” .

María Eugenia Sabbagh Vidal, ex directora 

La abogada, socia del estudio Aninat, fue invitada en 2018 por Constanza Gómez -ex compañera del colegio Villa María- a formar parte del directorio de la fundación, donde estuvo hasta  agosto de 2023. El estudio Aninat, en paralelo, realizó dos auditorías a ProCultura.  La respuesta de la abogada es que “en marzo de 2022, el Directorio encargó la realización de una auditoría integral de la Fundación, para lo cual se acordó, con mi expresa abstención, la contratación de Aninat Abogados dado su prestigio y experiencia en la materia. Luego de meses de trabajo, se presentó el informe con las recomendaciones para mejorar la estructura y procesos de la Fundación, que luego se implementaron con la asesoría del Estudio por más de un año. Ademas, los honorarios del Estudio se pagaron con fondos de libre disposición de la Fundación no provenientes de fondos públicos”.

María José Maturana Valenzuela, ex jefa administración y finanzas

Entró a trabajar a Procultura en agosto de 2022 con el cargo de Jefa de Administración y Finanzas. Sobre sus funciones dentro de la entidad, en agosto de 2024, en su calidad de testigo, Maturana declaró que, incluso teniendo el cargo de jefatura, las decisiones finales de la fundación eran tomadas por María Constanza Gómez y Alberto Larraín Salas. Sobre el funcionamiento financiero y administrativo de ProCultura, en su declaración, Maturana expresó que “los fondos recibidos en virtud de los convenios eran utilizados en los proyectos que estaban en ejecución al momento de la transferencia, en la medida que estos fondos eran requeridos, no siendo utilizados necesariamente en el proyecto que había generado la transferencia”. La Fiscalía Regional de Coquimbo encontró irregularidades en cuanto al destino de fondos aportados a la fundación. En concreto, se identificó que, en noviembre de 2022, Maturana recibió una liquidación de sueldo de $2.811.483, de los cuales $1.5 millones correspondían a un bono asociado “al proyecto financiado por el Gobierno Metropolitano para la prevención del suicidio en la Región Metropolitana”.

Johny San Martín Flores, ex administrador general

Desde 2010 se desempeñó como auxiliar y luego como administrador general de ProCultura. En una de las conversaciones entre Josefina Huneeus y su madre, Marta Lagos -a las que la PDI tuvo acceso-, la Fiscalía tomó conocimiento de que la contratación de la ex primera dama Irina Karamanos en ProCultura (quien trabajó durante 11 meses para la entidad, previo a la toma de poder de Gabriel Boric) fue firmada por San Martín. En esa misma conversación, Huneeus menciona que decisiones como la de contratar a Karamanos “eran parte del modus operandi que pasaban en ProCultura, que Alberto las hacía y deshacía solo y con Johny”. Además, Huneeus habría descrito a San Martín como la única persona que sabría si Larraín cometió o no algún delito dentro de la fundación. En octubre de 2024, la PDI allanó diferentes domicilios de funcionarios de la entidad, entre ellos, el de Johny San Martín. Tres días después del operativo, el funcionario falleció en el Hospital San José por una falla multiorgánica. El 14 de octubre, en un “pinchazo” a una conversación entre Josefina Huneeus y Gabriel Boric, Huneeus le dijo al Presidente: “Se murió el junior estafeta anoche de ProCultura porque no le pagaron las cotizaciones y no pudo hacerse sus controles de salud durante todo el año”.

Nicolás Ormeño Matus, ex funcionario del MINVU y de ProCultura 

Se desempeñó como jefe de gestión urbana en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en la Región de Atacama durante 2020 y,  en su calidad de funcionario público, propuso a ProCultura para recibir fondos del programa de asentamientos precarios. “De esta forma, propone a la fundación para asegurar la implementación del programa en su calidad de funcionario del MINVU central y tiempo después, se desempeña como funcionario de la misma Fundación (en la Unidad de Ciudad y Vivienda Identitaria)”, señala la Fiscalía.

Enrique Aracena Reyes, chofer 

Su teléfono fue intervenido pues, según documentos de la fiscalía, en 2023 recibió la suma de $61 millones, “lo cual se presenta como ‘otros gastos’. Correspondiendo a un movimiento irregular”. Según la carpeta investigativa, en una de sus declaraciones Josefina Huneeus aseguró: “Hay un funcionario de ProCultura, un estafeta y chofer, de nombre Enrique, quien hacía las veces de asistente personal de Alberto en horario hábil e inhábil”.

María Teresa Abusleme Lama, ex coordinadora y directora de estudios

Tuvo el cargo de coordinadora y directora de Estudios de la fundación entre 2020 y 2023. La Fiscalía determinó que su nombre es relevante en el marco del convenio Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental, suscrito entre el Gore Metropolitano -representado por Claudio Orrego- y ProCultura en 2022 por un monto de $ 1.683.788.000, del que no se rindió su totalidad. “En este contexto, y revisadas las cuentas corrientes de la Fundación, es posible apreciar que entre 2021 y 2023, María Teresa Abusleme Lama figura con transacciones sospechosas”, asegura la Fiscalía en la documentación de la investigación. Consultada, Abusleme declara: "Siempre cumplí con mis responsabilidades de manera íntegra y profesional. Los proyectos a mi cargo fueron ejecutados según lo planificado, y nunca tuve participación alguna en los hechos que hoy están siendo investigados".

José Sergio Villarroel Miranda, contador auditor

Contador auditor de ProCultura. La carpeta investigativa del caso sostiene que, pese a que María José Maturana -jefa de Administración y Finanzas- declaró que el funcionario recibía una remuneración aproximada de $400 mil pesos, “se mantienen antecedentes de que (Villarroel) recibió $ 29.062.119 desde la cuenta de Procultura (entre 2020 y 2022), desconociendo el motivo de dichos movimientos”.

Emilio Pablo Marinao Fuentes, ex subdirector ejecutivo

Abogado de profesión, entró a trabajar en abril de 2019 a ProCultura como director de Ciudad y Vivienda Identitaria. Durante el último tiempo, indica la carpeta investigativa, fue nombrado subdirector ejecutivo de la ONG. En noviembre de 2023 Marinao declaró a la Fiscalía: “Mi trabajo era en proyectos del rubro urbanismo social, donde participé en distintas etapas de estos proyectos, por ejemplo, me correspondió participar en las diferentes etapas de un proyecto o programa, en la formulación, en la ejecución y en las rendiciones”. Según pudo identificar el Ministerio Público, el funcionario fue coordinador del convenio Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, encuentro binacional Ñuble, adjudicado a ProCultura, donde Marinao presentó -como suya- documentación de una empresa privada, llamada Esquerré, que pese a estar “interesada en realizar el proyecto”, asegura la fiscalía, no pudo adjudicarse los recursos por tener fines de lucro. En este contexto, se determinó que Procultura actuó como intermediaria “entre la entidad pública y empresas privadas”, motivo para investigar al funcionario. 

Marinao además fue nombrado en las declaraciones de otros colaboradores de la entidad como Alejandra Vejar, quien aseguró que quienes debían ser investigados eran Alberto Larraín y el mismo Marinao, “porque ellos son quienes tomaron todas las decisiones más relevantes en ProCultura, quienes serían los responsables de los hechos que llevaron al fin de la fundación”.

Pablo Durán Romero, ex encargado territorial de vivienda y ciudad identitaria

Según constata la carpeta investigativa, fue encargado Territorial de Vivienda y Ciudad Identitaria en ProCultura y en septiembre de 2022 fue contratado en la Seremi de Vivienda de la región del Biobío como encargado de Campamentos. Esto llamó la atención de la Fiscalía, pues en noviembre de ese mismo año la ONG y aquella entidad regional firmaron -por un monto de $171.646.000- el convenio “Diagnóstico socio-territorial de seis campamentos en las comunas de Coronel y Talcahuano”. Esto, sin que el funcionario manifestara algún conflicto de interés.

Macarena Fernández Génova, ex directora regional de Magallanes

Su nombre fue considerado por la Fiscalía por su cargo como Directora Regional (que ejerció hasta 2022) de Magallanes, región donde ProCultura suscribió dos convenios: uno con el Gobierno Regional (para la restauración de un mural) y otro llamado Servicio especializado programa pequeñas localidades, con la Seremi Minvu y la Municipalidad de Porvenir. La autoridad determinó que la fundación incumplió el requisito de contar con un domicilio legal en la región de Magallanes, motivo para solicitar investigar a la funcionaria.

Salvador Nuñez Pérez, ex encargado territorial metropolitano

En el contexto del convenio suscrito entre la fundación y el Gore de Valparaíso en 2023 para la ejecución del proyecto 1ra Residencia de Muralismo de Intercambio Cultural La Calera-Reossengärd, Suecia, de $25 millones, Salvador Núñez emitió una cotización a la autoridad regional para justificar los fondos recibidos para emplazar el proyecto. La fiscalía plantea que existe una “duda razonable acerca de si tales presupuestos fueron presentados de forma independiente o concertada y si el monto corresponde o no al precio de mercado”.

Francisco Fuentes Araya, ex director del circuito lota patrimonial 

Su nombre llamó la atención de la Fiscalía pues ejerció el cargo de Director del Circuito Lota Patrimonial en la fundación y, en paralelo, figura como el único miembro de Agencia de Turismo Patrimonial, empresa a la que ProCultura encargó la totalidad de la ejecución del convenio Recuperando espacio público a través de la restauración y conservación del mural arquitectónico urbano emblemático de Punta Arenas, firmado entre el Gobierno Regional de Magallanes y la fundación por $ 23.690.000. La carpeta investigativa hace énfasis en que la empresa se constituyó 8 meses antes de la firma del convenio y emitió una única factura por casi la totalidad del proyecto, de $23 millones, “obteniendo así beneficios destinados a organismos sin fines de lucro según lo establecido en la ley de presupuesto”.

Josefina Huneeus, el pinchazo declarado como "ilegal"

Psiquiatra de la Universidad de Chile y esposa de Alberto Larraín entre 2007 y 2021. Pese a que en un primer momento la Fiscalía no consideró su nombre para estar entre los ejecutivos de ProCultura “pinchados”, su número estaba asociado al nombre de Larrain, por lo que la PDI solicitó autorización -que posteriormente recibió por parte del Juzgado de Garantía de Antofagasta- para continuar con la escucha de su celular, aún cuando no fuera funcionaria de la fundación. Este viernes la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo interpuesto por la psiquiatra en contra de la medida que autorizó la escucha de su celular y el tribunal declaró como “ilegal” la intervención a este. Por lo mismo, las conversaciones que Huneeus mantuvo con cercanos -que el fiscal Patricio Cooper, hoy excluído del caso, consideró como relevantes- no podrán ser consideradas para la investigación de la fundación ProCultura. La resolución cobra relevancia pues Huneeus manifestó en diversas conversaciones, con su madre Marta Lagos y el Presidente Gabriel Boric, antecedentes cruciales de cómo es que operaba la fundación, sus movimientos financieros y el estilo de quien fue su director ejecutivo.