Llovía torrencialmente en Santiago a eso de las 7 de la mañana de este jueves 23, cuando un bus me trasladó desde el terminal de buses, en el centro de la capital, a la Región de Valparaíso, donde se emplaza la fundición Ventanas.

El anterior había sido un día complejo: los 350 trabajadores que ahí tienen funciones iniciaron un paro nacional por el cese gradual de la planta -que opera en la región desde 1964- anunciado el viernes 17 por el mismo Presidente Gabriel Boric en La Moneda, tras la decisión tomada por el directorio de la cuprera estatal.

Es el corolario de los últimos casos de contaminación en el sector, que han afectado principalmente a estudiantes de los colegios de las comunas de Quintero y Puchuncaví, quienes presentaron malestares físicos relacionados con intoxicación, razón por la que el 6 de junio se cerró temporalmente la planta.

Tras dos horas y media de viaje, con escala en Viña, los letreros de la Ruta 68 señalizan que estamos en Quintero. Son 150 kilómetros en total, la única línea de buses que realiza el traslado es Cóndor.

El terminal es pequeño, rústico, con suelo de gravilla y un kiosko que vende colaciones. A lo lejos, se divisa el mar. El cielo está oscuro, la lluvia no para. No se ven transeúntes en las calles y los negocios están cerrados. Los colegios, están abiertos. El más cercano, el Liceo Politécnico, se ubica a tres cuadras de la plaza central, Plaza Ignacio Carrera Pinto. Ahí están también la municipalidad y la dirección comunal de educación.

La decisión del cierre de Ventanas no dejó indiferentes a los vecinos de las comunas de Quintero y Puchuncaví, localidades de 31 mil y 18 mil habitantes respectivamente. En total son 350 los trabajadores que cumplen funciones en la planta que actualmente procesa 420.000 toneladas de cobre al año.

Carlos Castro, director del sindicato turnado de Codelco

Lo explica Carlos Castro, director del sindicato turnado de Codelco, en las afueras de Ventanas. Lleva casco rojo y chaleco reflectante, mientras habla con la prensa cerca de las 14:30 del jueves. El trabajador señala que la medida impulsada por el directorio de la empresa y el gobierno no solo afectaría a empleados, sino que “involucra a una comunidad completa, más de 8.000 personas o familias”. 

El día D

Mientras en Santiago se llevaban a cabo las conversaciones entre los dirigentes sindicales y el directorio de la empresa minera, los trabajadores esperaban expectantes a las afueras de la fundición. Amador Pantoja, presidente de la Federación de los Trabajadores del Cobre, representaba al primer grupo, mientras que André Sougarret, presidente ejecutivo de Codelco, representaba a la minera.

La ruta F-30-E, que atraviesa el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví, se encontraba intervenida por efectivos de Carabineros, quienes resguardaban el ingreso y solo dejaban transitar a los funcionarios de Codelco.

Pasaban los minutos, y más automóviles se sumaban a la concentración. Cerca de 100 vehículos se dispersaron por el perímetro, mientras que un centenar de trabajadores se congregaron bajo sus paraguas para capear la lluvia que los sorprendió el segundo día de protesta. Esto, sumado a fuertes vientos y una temperatura media que no superaba los 12º, los llevó a congregarse -a medida que avanzó el día- en improvisadas carpas donde compartían mientras esperaban la resolución final.

“Estamos en grupo, comiendo algo, pero en realidad estamos preocupados. Lo que hablan ellos es a puertas cerradas y después salen a dar la declaración”, asegura Felipe León, quien desempeña trabajos de mantención eléctrica en la fundición Ventanas.

Una de las discusiones que acalora la fría jornada, se refería a la alternativa de invertir para modernizar Ventanas, en lugar de ponerle candado.

“Obviamente sería lo mejor que nos puede pasar. La idea es cumplir y ser una fundición con estándares a nivel mundial. Pero el cobre no se puede ir de Chile”, agregaba León, quien representaba el sentir de todos sus compañeros que lo vitoraban mientras hablaba.

Carlos Castro, el dirigente sindical, seguía con su casco rojo puesto. Su misión aquella jornada fue la de acompañar a los trabajadores en terreno mientras los representantes se reunían con las autoridades y el directorio.

“Cerrar Ventanas cuesta US$ 400 millones. Invertir para mejorar nuestra performance ambiental cuesta  US$ 54 millones. Para dejarla a nivel internacional, de acuerdo con la OMS, cuesta US$ 350 millones. Siempre sale más barato invertir que cerrar. Los países que crecen son los que se ponen al día en términos ambientales y no cerrando empresas, sino que invirtiendo para mejorar la performance ambiental, ese es el camino”, explicaba el dirigente.

Independiente de la inversión, la postura de Codelco era que ninguna cifra sería garantía de que no se produjeran nuevos episodios de contaminación en la zona. Pero los trabajadores rebaten este argumento, señalando que, a pesar de que la fundición llevaba semanas sin operar, los casos de intoxicación se seguían produciendo. “Acá hay más empresas que causan daño. Y esas no han cerrado”, manifestaba Castro. 

“La decisión del Presidente es valorable”

A 8.7 km de la planta de fundición Ventanas se ubica la escuela República de Francia. Ahí, el 22 de junio -día en que se inició el paro-, mientras las operaciones se encontraban suspendidas, 14 alumnos y siete funcionarios presentaron mareos y vómitos atribuibles a escenarios de intoxicación.

Estos hechos, sumados a los registrados en los distintos establecimientos de las comunas de Quintero y Puchuncaví a partir del 6 de junio, han ocasionado molestias y preocupación en la comunidad educativa.

No es la primera vez que experimentan una ola de casos de intoxicación, pero sí es la primera vez que se encuentran ante un anuncio concreto. Para Edith Vera, directora de Educación Municipal de Quintero, el presidente tomó una decisión compleja, “pero lo hizo y eso es lo valorable”.

La docente, que lleva seis años desempeñándose como directora del área educacional de la comuna, se encontraba en el cargo cuando se desencadenó la primera gran ola de casos de intoxicación que afectó a los niños de la zona.

Edith Vera, directora de Educación Municipal de Quintero

Entre los meses de agosto y octubre de 2018, se registraron más de 1.600 atenciones en los servicios de urgencias de la región por síntomas relacionados a escenarios de intoxicación. “Durante esa fecha, algunos colegios fueron tomados, porque los estudiantes no veían una solución de parte de las autoridades”, explica la funcionaria pública. 

“Acá vino la ministra de Medioambiente, estuvieron también los seremis de Salud, Medioambiente y Educación, todos visitaron las comunas de Quintero y Puchuncaví, e incluso vino el que era en ese momento Presidente de la República, pero soluciones definitivas no hubo, sino que soluciones parche. En algún momento desde la Seremi de Medioambiente se indicó que en los establecimientos se iban a instalar monitores que midieran diariamente los gases contaminantes. Una promesa incumplida que era muy anhelada por las comunidades educativas, en forma especial por los estudiantes, porque los alumnos iban a saber, de acuerdo al color que se presentaba en ese monitor, si las condiciones estaban dadas como para estar en el colegio”, complementa.

Por eso, valora todo el trabajo que se está haciendo en conjunto con este nuevo gobierno. Si bien no ha tenido instancias de comunicación con la ministra de Medioambiente o la de Salud, el departamento comunal sí está colaborando con la Seremi de Educación y Medioambiente. Se está trabajando en una serie de gestiones que comprenden el monitoreo de los gases tóxicos presentes en los establecimientos y la limpieza del alcantarillado.

Aun así, para Vera, la situación amerita que se pueda avanzar hacia otras instancias “¿Cuáles son las empresas que realmente están generando esta contaminación? Se requiere una fiscalización más efectiva. No solamente los niños merecen vivir en un espacio libre de contaminación, sino que todo ser humano”, explica.

Añade, además, que esta situación que experimentan las comunas afecta también las dinámicas familiares y la salud mental de los estudiantes. “Aquí todos se hacen cargo de lo que está pasando en cuanto al tema ambiental, pero ¿qué pasa con la salud mental de nuestros niños? ¿quién ve si el niño no quiere asistir a clases o si los papás no lo quieren mandar? Ahí hay una abierta vulneración a los derechos que tienen todos nuestros alumnos a vivir en un ambiente seguro, sin contaminación y a tener una educación de calidad, no solamente en el ámbito pedagógico, sino que psicológico”.

De esto bien sabe Alejandra Ramírez, ciudadana hace ocho años de la comuna de Quintero y que tiene a sus tres hijos en etapa escolar. Dice que, si bien sus hijos no han experimentado episodios de intoxicación, sí han sufrido por las alertas preventivas. “Durante estas instancias tengo que ir a buscarlos al colegio, dejar de trabajar, de funcionar y después ellos faltar a clases”, explica.

“Cierren las industrias, no los colegios”

Es por esto por lo que, aunque uno de sus vecinos trabaja en la planta, celebra las medidas anunciadas que van en pos de subsanar los problemas presentes en esta zona de sacrificio. “Lamentablemente van a quedar sin trabajo, pero todo sea por una prevención ambiental”, comenta la habitante de la comuna.

María Ogaz es otra madre de Quintero, lleva su vida en la comuna y se desempeña como docente del Liceo Politécnico de Quintero, que durante 2018 vivió masivos episodios de intoxicación, al igual que este año. Afuera, en las ventanas de las salas de clase, los estudiantes han pegado afiches con sus demandas: “cierren las industrias, no los colegios”, se lee en uno de ellos.

Según comenta, a pesar de que una de sus hijas ha experimentado episodios de intoxicación, valora el anuncio de cese como una medida “radical”. Ogaz tiene compañeras de trabajo al interior del establecimiento cuyos esposos trabajan en Ventanas y cuyas familias se verían enormemente afectadas ante un eventual cierre.

“Es lamentable porque es una fuente laboral importante para estas comunas. Por un lado, se está tratando de solucionar algo que es súper importante para los ciudadanos, que llevamos años viviendo en la comuna, pero también, por otro lado, estamos en una disyuntiva con la fuente laboral de muchas familias, entonces se crean estos sentimientos encontrados”.

Sentimientos encontrados, es la frase que también utiliza Edith Vera. Al final, los ciudadanos de estas comunas se ven enfrentados entre lo que es mejor para los niños y el sustento de cientos de familias.

“Queremos a nuestros niños lejos de cualquier nube tóxica, pero también detrás de cada trabajador hay una familia que atender. Entonces ahí se genera una situación compleja, porque puede que muchos de esos padres sean nuestros apoderados, puede que los hijos de esos trabajadores estén en nuestros establecimientos”, explica Vera.

“Yo vivo en la zona, soy de Puchuncaví, y el 60% de los trabajadores es de las comunas de Quintero y Puchuncaví”, explicaba también el dirigente Carlos Castro, minutos antes de enterarse que las negociaciones habían sido exitosas y que los trabajadores debían deponer la paralización. 

Diálogo y pacto

A las 9:30 de la mañana del jueves, se conformó la mesa de diálogo entre los dirigentes sindicales de Codelco y los altos mandos de la empresa del cobre. Tras más de cinco horas de diálogo, a las 14:59, la FTC decidió deponer la paralización. Tras la reunión, Amador Pantoja señaló que “si se pretende hacer una nueva fundición, tiene que ser administrada por Codelco, con capitales estatales”.

Esto, a raíz de que en la instancia se pactó potenciar la refinería de Codelco y avanzar en el cese de la fundición, para lo cual se requiere modificar la Ley 19.993 que establece que el cobre de Enami debe ser procesado exclusivamente en Ventanas. Para abordar esta modificación legislativa, se desarrolló en paralelo una reunión entre el ministerio de Minería, la Segpres, Codelco y Enami.

También, se acordó una mesa de trabajo en la División Ventanas, integrada por sus dirigentes sindicales y los representantes de la empresa, con el objetivo de avanzar hacia el cese de la fundición con especial énfasis en los trabajadores y una transición segura para ellos.

Se valoró, además, el anuncio realizado por el Gobierno para la reinversión del 30% de las utilidades que permitirán financiar la cartera de proyectos de Codelco y se dio fin así a una paralización que se extendió durante un día y en la que participaron 45.000 trabajadores del cobre a lo largo de todo el país.