El 5 de abril de 2024, a las 12:46 horas, el 23° Juzgado Civil de Santiago notificó al gerente general del banco BCI de una medida prejudicial precautoria mediante la cual se ordenó la retención de $ 550 millones de la cuenta corriente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile (JNCB).

La decisión del tribunal se dio tras una acción legal iniciada por uno de los proveedores de material mayor -o, en simple, carros- de la institución, Ferexpo SpA, quienes decidieron arremeter contra la corporación que, entre otras cosas, se encarga de distribuir los recursos entre las distintas compañías del país.

La medida prejudicial, que sería un primer paso para luego ingresar una demanda, fue patrocinada por tres socios de Momag Abogados: el ex contralor Ramiro Mendoza; Matías Mori; y Pedro Aguerrea.

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El inicio de esta historia, como muchas de las rencillas de negocios que han estallado en el último tiempo, tiene su origen en la pandemia. Falta de materiales, puertos cerrados y repuestos que no llegan, pero, en la práctica, todo termina en algunos carros que no pudieron llegar a tiempo a algunos Cuerpos de Bomberos que los estaban esperando en Chile.

Según relata la acción legal de Ferexpo -a la cual tuvo acceso DF MAS-, tras una licitación, en 2019, la empresa se adjudicó un contrato mediante el cual la JNCB ha emitido 26 órdenes de compra de carros bomba, por cerca de US$ 12 millones. Cuatro ya se han cumplido; las otras deberían cerrarse en los próximos dos años.

En dos casos (Buin y San Vicente de Tagua Tagua) no hubo problemas. Pero en otros dos -San Bernardo y San Fernando- fue donde ocurrió la discordia.

La versión de Ferexpo -a modo de resumen de las más de 60 páginas que componen el relato- se justifica en una carta que el 14 de septiembre de 2022 envió Leonardo Pozo, gerente general de la JNCB, en la que se acordó modificar los contratos marco de suministro por los retrasos causados por la pandemia.

Sin embargo, los proveedores sostienen que la Junta “borró con el codo” su reconocimiento del caso fortuito y descontó “unilateralmente del precio acordado” una suma de dinero por multas aplicadas y que, además, procedió a cobrar las boletas de garantía de los contratos, algo que, en el caso de San Bernardo, ya se concretó.

En total, ambos carros bomba tenían un valor cercano a los US$ 825 mil y, con las multas, el pago que ofreció la Junta era de un 52% de ese valor; es decir, unos US$ 431 mil. Posteriormente, la situación habría escalado, ya que la JNCB suspendió a esta empresa de su lista de proveedores autorizados, a lo que podría seguir una eliminación. Esto implica que Ferexpo queda fuera de licitaciones vigentes en las que, según la firma, “era la clara ganadora”.

La empresa reclama estar sometida a un “bullying  contractual, administrativo y financiero”, lo que empeora porque la JNCB es prácticamente la única entidad que compra carros bomba, y Ferexpo subsiste por su relación con ella. “Atendidos los montos involucrados, probará la ruina financiera de Ferexpo”, dijo la empresa.

Consultada para este artículo, la JNCB afirma que aún no ha sido notificada de la medida precautoria que les alude, pero que, una vez conozcan las acusaciones, contestarán a todas ellas “en detalle”.

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No obstante, argumentan que “el cobro y aplicación de multas están plenamente justificadas, conforme a las normas del contrato de suministro suscrito con Ferexpo SpA y respaldadas por las normas del Manual de Procedimientos Para Adquisición de Material Bomberil y aprobadas por la Subsecretaría del Interior, las que habilitan para su cobro a la Junta Nacional, cuando los proveedores incumplen injustificadamente los plazos de entrega contractuales por ellos ofertados”.

La empresa, en tanto, plantea que, de ocurrir esto, la multa debería ser decidida por un tribunal competente.

Particular en esta acción legal es que los abogados de Ferexpo se preocuparon de recalcar que ésta se dirigía en contra de la JNCB y no de las compañías que conforman a Bomberos. “Es un órgano o corporación privada diferente, el cual -en términos generales- tiene por finalidad coordinar a nivel nacional diversas instancias de participación y distribución de recursos públicos y privados entre las diferentes compañías”, dijeron a la justicia.

De hecho, la familia Aránguiz, dueña de Ferexpo, está ligada a la institución; y su gerente general, Raimundo Aránguiz, fue miembro de la 15a Compañía.

Bomberos es una institución jerarquizada, dividida en distintas compañías que, de manera independiente, operan en un sector. Las compañías, juntas, conforman un Cuerpo, que a su vez tiene un superintendente, que es su representante legal y tiene derecho a voto en las materias que se discuten a nivel país. La Junta Nacional, en tanto, está compuesta por vicepresidentes regionales. Hoy, ese organismo es presidido por Juan Carlos Field.

La JNCB se ocupa de administrar las platas públicas que recibe la institución -por ejemplo, para compras de combustible, uniformes y carros-, pero también de otros fondos que recibe la organización. A modo de ejemplo, la ley establece que los dividendos y demás beneficios de empresas que no sean cobrados por sus partícipes en un plazo de cinco años sean donados a Bomberos. Esos fondos pasan primero a la Junta, luego son distribuidos entre los distintos Cuerpos.

Así, según cuentan dos conocedores de la interna de la institución, es común que la JNCB esté en permanente roce con las compañías.

El manejo de platas de parte de la Junta dio lugar a otra acusación de Ferexpo. En su acción legal, la empresa afirmó que, tras cursar las multas, la entidad no había reintegrado los fondos al Gobierno Regional (GORE). Supuestamente, el GORE entrega los fondos justos a la JNCB para las necesidades de la institución y “en caso de existir un excedente de fondos”, como podría ser un pago menor a un proveedor debido a una multa, “la entidad receptora se obliga a reintegrarlos”. Si bien Ferexpo acusa que esto no se ha hecho, la Junta niega tajantemente esa versión.

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“Lo que acá se afirma supone desconocimiento de cómo operan las multas y los excedentes de inversión”, sostuvo la JNCB.

La entidad argumentó que, según la Ley de Presupuestos, “el valor de las multas cobradas por atrasos ocurridos en dicho periodo presupuestario, se hace al momento de rendir la ejecución del proyecto financiado con recursos aportados por ellos (los GORE), sin perjuicio de que al momento de efectuar la recepción de las multas se le informa a los GORE que tales dineros serán puestos a su disposición”.

Asimismo, agregó que “respecto de los excedentes no invertidos, lo que podría darse cuando al pagar el precio éste resulta menor que el monto entregado por el GORE, dichos excedentes se reintegran junto a la rendición y las multas si las hubiere”.

Sin embargo, el GORE Metropolitano no está conforme con cómo se han gestionado estos fondos y el caso se habría elevado a Contraloría (ver recuadro).

La última acusación que hizo Ferexpo, es que la Junta está haciendo uso de estas multas para atender a una crisis financiera que Fernando Recio, asesor jurídico de la organización, destapó ante la Comisión de Emergencias de la Cámara de Diputados, el 16 de enero de este año.

En esa instancia, dijo que el hecho de recibir los fondos públicos de manera parcelada les generaba problemas de liquidez, poniendo en riesgo el pago de remuneraciones y de compromisos adquiridos con proveedores. En esa fecha, proyectaban un déficit de caja de $ 5.000 millones para febrero y alertaban que esto podía extenderse hasta junio.

Ahora, la JNCB señaló a DF MAS “de manera enfática” que “no existe déficit de caja en Bomberos”.

Lo que se reclamó en el Congreso, explicaron, es que existe una demora en la transferencia de los recursos por parte del Estado, particularmente referidos a la reconstrucción de dos cuarteles (Puerto Varas y Chañaral) que han debido financiar con recursos propios por dicha demora. Eso “nos produce un descalce o déficit temporal que nos obliga a tener que recurrir transitoriamente a otros recursos de Bomberos de Chile para cumplir con nuestras obligaciones, pero que en caso alguno afectan o pueden llegar a afectar a los Cuerpos de Bomberos”, aclaró la Junta.

Vale decir que, además de la retención de la cuenta corriente, Ferexpo también había solicitado que se prohibiera a la JNBC celebrar actos y contratos sobre una serie de boletas de garantía y cancelar la suspensión de Ferexpo de la lista de proveedores calificados.

Por ahora, el juzgado no dio lugar a esas otras dos solicitudes; sin embargo, la empresa ya presentó un recurso de reposición, que deberá ser analizado por el tribunal. 

El primer round en 2012: la polémica licitación que enfrentó a Ferexpo y la Junta Nacional
Esta no es la primera vez que Ferexpo se enfrenta a la JNCB. En 2012, la empresa inició otro proceso legal en el que, junto a los fabricantes norteamericanos Crimson Fire y Gimaex, denunciaron que en una licitación para la adquisición de carros bomba se estaba favoreciendo a firmas que tenían menor puntaje que las demandantes.
Representadas por Carey, acusaron que la Junta infringió las normas del proceso al no eliminar a ciertos oferentes que habían incumplido las bases y que favoreció indebidamente a otros, con “múltiples irregularidades”, según se lee en los escritos judiciales de esa época.

En ese entonces, el 12° Juzgado Civil congeló la firma de los contratos. A la larga, las partes conciliaron y Ferexpo siguió operando como proveedor de Bomberos.
Diez años más tarde, en una nueva acción legal, no dejaron ir este antecedente. “En dicha ocasión, la JNCB decidió adjudicar una licitación a ‘su empresa regalona’, a pesar de que había sido calificada en el 10° lugar”, recordó la firma.

Gobierno Regional Metropolitano evalúa acciones jurídico-administrativas
DF MAS consultó al GORE Metropolitano por las acusaciones de irregularidades en cuanto al manejo de fondos públicos que Ferexpo realizó en su demanda.

La institución, dirigida por Claudio Orrego, confirmó que “el 6 de julio de 2023 oficiamos a la Junta Nacional de Bomberos sobre el rechazo en la adquisición de dos carros de bomberos, que no cumplían con las especificaciones estipuladas en el convenio”. El GORE añadió que “junto con esto, se solicitó el reintegro de los recursos. La razón de por qué no se han reintegrado es que la Junta de Bomberos decidió elevar a la Contraloría esta situación”. Y adelantan: “Por nuestra parte, estamos evaluando las acciones jurídico-administrativas que procedan”.

Asimismo, ante la pregunta de si se han observado otras irregularidades, el GORE sostuvo que “no hay noticias ni información oficial a ese respecto”.