Felipe Rubio viene de una familia de arqueólogos. Sus primeros acercamientos con este trabajo fueron a los 15 años.

Hoy es arqueólogo de profesión y doctor (c) en Antropología de la Universidad de Tarapacá. Tiene una licencia de buzo de la Armada, porque se ha especializado en patrimonio cultural subacuático, con lo que ha trabajado en rescates arqueológicos en distintos proyectos marítimos, ya sean puertos, minas y desaladoras. Ahí, cuenta, se dan hallazgos de barcos o balsas antiguas, similar a lo que ocurre con las excavaciones en tierra.

Rubio sabe que hoy la disciplina no vive un momento ideal: “Se ha puesto en la palestra con una mala visión, como que la arqueología es un obstáculo, que lo que aporta es nada. Me gustaría que por lo menos se pudieran mostrar los aportes. Entonces, eso sí me da lata, que se hable sólo de las demoras y la permisología, pero de los hallazgos que se han hecho, nada”.

No es ajeno, eso sí, a las largas demoras que se han causado en los proyectos de inversión y entiende las molestias de empresarios por ellas. Rubio trabaja en una consultora, Terramar Arqueología, en la que asesoran a las mismas compañías en sus procesos de evaluación ambiental y en el cumplimiento de las obligaciones relativas al rescate de patrimonio, por lo que conoce de cerca el asunto. Para él, es un tema que, sobre todo, es complejo.

“¿Cómo le pido a la empresa que tenga más condescendencia con la arqueología y que entiendan que es lento y caro? Y, por otro lado, ¿cómo le explicas a los arqueólogos que hagan lo mismo, que hay cosas más valiosas que otras?  Yo creo que, como en todas las cosas de la historia de la humanidad, las dos partes tienen que ceder un poco”, plantea.

El término “permisología” se ha vuelto una bandera de lucha para gremios y empresas, que han identificado las largas tramitaciones de los permisos ambientales como una de las principales trabas para la inversión en Chile. Dentro de eso, las obras paralizadas por hallazgos arqueológicos se han convertido en el principal blanco de críticas. Casos como el del Hospital del Salvador, que se inaugurará con al menos seis años de atraso, y las detenciones en las excavaciones de las nuevas líneas del Metro se han transformado en emblemas de esta discusión.

La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha puesto sus ojos en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el organismo que está encargado de visar los permisos para cualquier excavación que se vaya a hacer en un proyecto.

En distintos informes, la CNEP ha dado cuenta de casos que se tramitan en 300 días hábiles, muy por encima de los 60 días hábiles que otorga el plazo normativo, y de una brecha importante en recursos humanos, con “10 funcionarios que procesan anualmente más de 1.000 solicitudes”. Además, la entidad criticó el alto nivel de centralización, que dificulta la agilidad en los procesos al no poder delegar competencias a instancias regionales.

La presidenta del Colegio de Arqueólogos (CAARCH), Verónica Baeza, enfatiza que estas demoras también los afectan. “Para los arqueólogos que hacemos las asesorías a las empresas es un tremendo problema porque, por ejemplo, sin una respuesta del Consejo, una empresa no te cursa un estado de pago. Eso te deja a ti y a las personas que trabajaron en un rescate sin ingresos. Hay arqueólogos que han quebrado gracias a las solicitudes, que nunca más han podido trabajar por lo mal que han quedado frente a las empresas por estas demoras eternas”, dice.

El CMN se divide en un grupo de 23 consejeros, que representan a distintas organizaciones ligadas a diversos ámbitos patrimoniales, además de una Secretaría Técnica que depende del Gobierno. El Consejo queda presidido por la subsecretaria del Patrimonio Cultural, cargo que hoy ocupa Carolina Pérez (FA).

Para Baeza, el principal problema es que la Secretaría Técnica ha aplicado el sistema de una manera “extremadamente rígida. Se ha implementado como que las etapas de la evaluación arqueológica en el ámbito aplicado tuvieran que seguir siempre una serie de eslabones concatenados y como que uno no se pudiera saltar alguno. Lo que nosotros decimos es que en realidad las metodologías deberían corresponderse con las realidades que uno va a investigar. Es distinto trabajar en el Norte Grande a la Zona Central o Magallanes”.

El Consejo de Monumentos Nacionales tiende a reunirse una o dos veces al mes. La CNEP planteó que “no parece apropiado que un organismo que recibe el tercer mayor volumen de solicitudes de permisos en el país sólo pueda concederlos a través de acuerdos adoptados con una frecuencia baja, llegando a celebrar reuniones mensuales”.

Al cierre de esta edición, la última acta disponible del Consejo data del 10 de julio, aunque había otra reunión convocada para el 24 de julio. El documento consta de 134 páginas y, en él, se da cuenta de los temas que se tratan en las distintas comisiones técnicas, que van desde solicitudes de autorización para habilitar mini bodegas en los barrios Yungay y Brasil o intervenir y limpiar el Palacio Bruna; informar de hallazgos en la Región de Coquimbo, en las ruinas de la Mina Los Patos y en el sector de la mina Murciélago; y una solicitud de permiso para instalar alumbrado peatonal solar en el puente Presidente Ibáñez, en la Región de Aysén.

Las sugerencias que hacen los arqueólogos consultados para este artículo no distan mucho de las que hace la CNEP. María Olga Lagos, arqueóloga especialista en análisis cerámico y gerenta general de la consultora Nómade Sur, en relación a los extensos plazos, plantea que “de partida podríamos pensar en un sistema menos centralizado, un poco más independiente en regiones, en que no todo tenga que pasar por Santiago, eso descongestionaría bastante el flujo (...) También, de alguna manera, agilizar las sesiones con más personal”.

Cristian Bravo, quien junto al arqueólogo Goran Mimica es socio de la consultora GMC Ambiental, es más optimista. “Hay una intención importante del mundo empresarial y político por generar avances en destrabar todas estas actividades de permisología (...) Nosotros creemos que el CMN, desde el punto de vista técnico, ya está cumpliendo con todos los procedimientos, generando nuevas inversiones y se han incorporado nuevos profesionales al equipo, lo que ha permitido acelerar los tiempos. Entonces, si bien muchas veces es apuntado, porque obviamente es donde se estanca en lo administrativo, la verdad es que ellos son más parte de la solución que del problema”.

Entre los profesionales del sector tienen claro que la necesidad de estos trabajos arqueológicos en las construcciones ha llevado al nacimiento de una industria detrás de las asesorías y consultorías de esta índole.

“En vista de la alta demanda de proyectos y arqueólogos, yo me atrevería a decir en los últimos 10 años, sin ir más lejos, hay universidades que derechamente han abierto la carrera de arqueología”, dice Lagos.

En ese sentido, cree que también hay responsabilidad dentro de los propios arqueólogos: “Hay colegas que van a ver un sitio y van a proponer altiro la mayor cantidad de unidades, cuando de repente no es tan necesario. A veces se pueden proponer menos y en la medida que efectivamente hay un sitio arqueológico, intensificar la cantidad de excavaciones, pero en otros casos no es necesario”. Incluso, sostiene que el CMN sí suele tener una rápida respuesta para agendar reuniones y dar luces respecto a esas decisiones.

La presidenta del CAARCH, en esa misma línea, cree que los arqueólogos deberían ser capaces de identificar en los proyectos en que están trabajando si es que los objetos efectivamente tienen un valor patrimonial. “Por ejemplo, tienes al Metro o EFE y varios otros proyectos que se les ha triplicado el monto por lo arqueológico. Entonces, nosotros creemos que esa información se puede tener y se debe tener antes. Es un buen momento para que los ministerios o empresas definan si es viable el proyecto en esa zona”, estima.

Rubio, en ese sentido, considera que es complicado generar zonas de exclusión, porque uno “nunca sabe dónde aparece la evidencia”, si bien hay algunas zonas donde es más fácil adelantarse. “O sea, si quieres hacer un condominio en Chiu Chiu, que es una ciudad antigua con historia arqueológica importante, obviamente va a salir algo”, ejemplifica.

En ese punto, se abre un debate central en la discusión de la permisología. ¿Qué es arqueológico?

“Nadie te va a cuestionar la momia o los fragmentos de cerámica inca, aunque sean cuatro fragmentos”, dice Baeza, presidenta del gremio. Los problemas están cuando se trata de objetos que sirven para un tipo de arqueología que se denomina como “histórica”, una que busca “reconstituir lo social desde lo material, asumiendo que no hay otras fuentes a las que tú puedas recurrir”.

Hoy la ley define como arqueológico cualquier objeto de más de 50 años de antigüedad, criterio que ella también pone en duda. “El año pasado en una excavación que yo estaba supervisando encontraron una moneda, que era un escudo del año ‘74. El año pasado tenía 49 años, ¿ahora sería patrimonial?”, reflexiona.

Algunos empresarios han utilizado el término “basura arqueológica” para catalogar los hallazgos que han llevado a la paralización de los proyectos.

Bravo, de GMC, evita polemizar al respecto. “Yo creo que el rubro de los profesionales, con los que convivo todos los días, más empatiza con estas molestias en vez de sentirse criticado, porque entiende que es parte de un proceso de estrés que genera la inversión (...) Más que sentirse denostado, siente que es consecuencia de un sistema que está muy presionado”, opina.

Lagos, de Nómade Sur, recalca que esos elementos “muchas veces sí entregan mucha información que la gente desconoce. Hay que recordar que la arqueología es una ciencia que busca reconstruir el pasado a través de sus restos materiales”.

En esa discusión, Rubio considera que, más allá del criterio de los 50 años, “quizás sería bueno hacer una distinción entre categorías de sitios arqueológicos (...) Imagínate estás en Francia y encuentras restos del Neandertal. No te pueden pedir que los excaves en dos semanas”.

Sin embargo, admite que esto, en sí, implica problemas: “Se va a viciar y la gente va a abusar, tanto empresas como arqueólogos negligentes que no les importe, que estén catalogando todo como sitios de menor importancia”.

Con proyectos ya tramitándose en el Congreso y con la discusión como un nudo central en las conversaciones entre empresas y Gobierno, de alguna u otra manera, los cambios son inevitables. Los arqueólogos, en ese sentido, apuntan a no perder de vista el valor de su trabajo.

La presidenta del CAARCH, por ejemplo, dice que el término “permisología” le parece un mal término, independiente de que sea consciente de los problemas generados por las demoras. “No nos parece incorrecta la existencia de permisos para las intervenciones (...) Una forma de ordenar la gestión respecto a monumentos arqueológicos necesariamente requiere pedir permisos de trabajo”, sostiene.

A Rubio, en ese sentido, le preocupa que, desde su punto de vista, en los años ‘90 existía más respeto por lo que es la arqueología. Hoy, en cambio, los empresarios “saben que lo peor que les puede pasar es que les salga un sitio arqueológico, por las demoras que causa. Por ejemplo, a veces los avances están relacionados con los préstamos que tiene del banco, entonces sin un avance, ¿cómo devuelven al banco? Y terminan cayéndose los proyectos”.

Y así, las demoras también afectan a los arqueólogos, que también tienen que cumplir con la empresa. “Yo no los veo como un cliente, los veo como un patrocinador”, asegura. Se refiere a que, como el Estado no financia todas las investigaciones, finalmente terminan siendo los mismos proyectos de inversión los que abren espacios para estos trabajos.

“Las dos partes tienen que ceder un poco, como en todas las cosas. No hay nada en que, si los dos lados no ceden en algo, se vaya a llegar un acuerdo”, concluye.