Nacido un 29 de febrero de 1952, Patricio Contesse González, de 72 años, aprovechó este 2024 -que justamente fue un año bisiesto- para tener una celebración especial, un encuentro con su círculo más íntimo de amistades, algo que acostumbra a hacer, en especial, cada vez que es la fecha exacta de su cumpleaños, cada cuatro años.

Hasta su casa en Lo Barnechea acostumbra concurrir su más férreo núcleo de amigos, conformado por Julio y Eugenio Ponce, Pablo Longueira y Roberto Guzmán Lyon, además de Darío Calderón, entre otros. 

Ya retirado totalmente de la febril actividad que por exactos 25 años desplegó como gerente general de la minera SQM, hoy la vida de Contesse transcurre entre Santiago y su campo en Upeo, Curicó, y dedicado a actividades como producir, por hobby, aceites esenciales de lavanda que regala a sus cercanos. Y, por supuesto, a atender el juicio que se sigue en su contra en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. 

Se trata de un caso judicial que surgió hace ya una década, cuando tras destaparse el financiamiento a la política con el bullado caso Penta, aparecieron más compañías, entre ellas SQM, en análoga situación. El caso significó su salida de SQM -pese a lo cual su histórica amistad con Julio Ponce no se ha quebrado ni un ápice, dicen cercanos- y la activación de un proceso penal en su contra que este domingo ya suma 3.360 días desde que fue formalizado por primera vez, en una causa que ya acumula unos 250 tomos a la fecha en que se cerró la investigación, de unas 500 páginas cada uno en promedio, un millonario gasto fiscal, y que más allá de los números -remarcan en su entorno- ha sobrepasado para el exgerente y los otros involucrados el derecho a ser juzgados en un plazo razonable. 

Patricio Contesse fue formalizado por primera vez el 30 de abril de 2015, es decir, hace nueve años y casi cuatro meses. Y desde esa fecha tuvo que cumplir con medidas cautelares durante seis años y nueve meses, de los cuales hubo un año en que se le aplicó el arresto domiciliario total, y en el resto de ese tiempo -cinco años y nueve meses- arresto domiciliario nocturno de 12 horas.

Hoy Contesse no está afectado por cautelares que afecten su desplazamiento. No obstante, desde que partió el juicio oral, el 13 de febrero de 2023, la vida del ex gerente de SQM se ha tenido que concentrar en este proceso penal. Y es que más allá del obvio interés en un caso del que es protagonista, la mecánica judicial precisa que todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas deba estar conectado vía telemática a las audiencias.

Luego de un amparo en la Corte Suprema de una de las partes del caso, se dictó una norma a principios del juicio por la cual se resolvió que las partes debían estar conectadas sólo cuando se ventilaran pruebas de cargo del acusado correspondiente. Pero en la práctica, como esto lo define el Ministerio Público (MP), Contesse está citado de forma permanente. Así, explican varios testigos, lleva ya más de 16 meses conectándose a diario durante toda la semana, exceptuado sólo cuando alguna se suspende. 

Cercanos indican que desde su casa en Lo Barnechea cumple con este ritual, combinado con viajes a su campo en Upeo, donde mantiene producción frutícola, en particular cerezas, a través de la sociedad Mallinko, negocio al cual él en lo personal ya no está tan dedicado en el día a día, pues está gerenciado por su hijo Felipe Contesse Fica (36).

Mientras, los otros hijos se dedican a otras actividades, varios fuera de Chile: Cristóbal (29), trabaja en LarrainVial y vive en Estados Unidos; Patricio (41), el vicepresidente de SQM -cuya señora Pamela Ortiz se ha dedicado a la música, teniendo un trabajo en Spotify, de nombre Giro-, estuvo radicado en Suiza cursando un IMD; Francisco (33) figura como ministro de la Iglesia Presbiteriana Cristo Mi Pastor; y Bernardita (42) también está en Estados Unidos.

Ex alumno del colegio The Grange School y el Manuel de Salas, Patricio Contesse González fue también masón, fruto de la influencia que tuvo en él un tío, Horacio González Contesse, Gran Maestro y quien fuera presidente de la Gran Logia de Chile, ya fallecido. Ferviente coleccionista de estampillas y de objetos quedados en el olvido en la pampa salitrera, quienes conocen a Contesse cuentan que hoy en el tiempo que le queda libre se ha concentrado mucho en leer de religión, la presbiteriana, a la que adscribe. “Eso le ha dado fortaleza para este caso, junto con su personalidad resiliente”, dice un cercano. 

En este caso judicial a Contesse se le atribuye cohecho y delito tributario. Respecto del primero, de haber pena, ésta podría ser de 818 días, según lo pedido por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y por el segundo, no podría ser superior a cinco años. Y dado que ya cumplió las mencionadas cautelares de seis años y nueve meses -las 12 horas de arresto domiciliario nocturno se computarían como un día completo-, ante una eventual pena si fuera condenado al final del juicio, ya tiene un abono suficiente para dar por “cumplidísima” esa eventual condena, remarcan en su entorno.

Y esto pensando además en el peor de los escenarios, pues también podría acreditar atenuantes como la irreprochable conducta anterior y que en el tema tributario fueron pagados los impuestos de SQM y sus filiales Salar e Industrial el mismo 2015 un total de           US$ 10,3 millones (por SQM Salar pagó el 26 de mayo de 2015 y por SQM Industrial el 26 de abril de 2016).

Dados los años transcurridos, la defensa de Contesse lleva activados dos recursos de amparo, por violación al derecho de ser juzgado en un plazo razonable. Uno de ellos en 2021 y el otro de 2022, pero ambos fueron rechazados, si bien en uno de ellos, un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda, estuvo por acogerlo al considerar que el tiempo del proceso ya era excesivo. 

¿Le queda a Contesse un camino posible? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicen entendidos, aunque no es un camino que tenga zanjado seguir, a pesar de la desazón que hay con el devenir del proceso.

“Es una odiosidad del Ministerio Público brutal. Es casi una persecución ideológica. Pareciera ser que el plazo razonable es la vida de una persona. ¡Cómo va a ser razonable estar 10 años sometido a una investigación!” reclama un cercano a Contesse, sobre un caso en que la tesis desde esta vereda es que no había ánimo de evadir impuestos, sino de aportar a las campañas políticas, algo que hacían muchas empresas anteriormente.

“Todas las empresas grandes financiaban la política en esa época”, afirman en su entorno. Esta tesis postula que este no es un caso de evasión de impuestos, sino que surge para perseguir el financiamiento ilegal a la política, no obstante que el gran “pero” de esta causa judicial es que a la época de los hechos tal conducta no era un delito.

Por otro lado, apelando a la normativa de acceso a la información pública, por transparencia, desde esta vereda se ha pedido varias veces a la Fiscalía que transparente los gastos públicos que se han destinado en este juicio, habida cuenta de que a él están abocadas cuatro juezas, tres fiscales, más funcionarios de apoyo administrativo, abogados del SII y del CDE, viáticos, y que durante los primeros años se pagó un arriendo de un inmueble en calle Teatinos N°950 piso 6, en el centro de Santiago, por parte de la Fiscalía Nacional, destinadas al trabajo “exclusivo” del equipo SQM, entre mayo de 2015 y febrero de 2018.

¿El resultado? La cifra de gasto fiscal por parte del MP, entre todos los ítemes, es de $ 2.214 millones desde el inicio del caso hasta hoy, cifra que que ya supera el pedido de multa del MP por $ 1.192 millones. 

Un documento fechado el 11 de diciembre de 2023 al que tuvo acceso DF MAS muestra que ha habido dos fiscales exclusivas -Paola Castiglione González y Carmen Segura Gómez-, más el persecutor preferente Rolando Ramírez Arredondo, habiendo asistido las dos primeras a 117 audiencias de juicio oral en el caso de Castiglione y Segura, a 84. Segura fue asignada el 15 de abril de 2015, con una remuneración de $ 7.045.724, mientras Castiglione fue apuntada el 4 de enero de 2016, con un sueldo de $ 6.262.683, y Ramírez fue destinado el 17 de julio de 2017, con un pago mensual de $ 6.262.683.

El documento agrega otros 10 funcionarios activos en distintas fechas, la mayoría a honorarios, como abogados, auxiliares, o técnicos. Otro documento anterior, fechado en marzo de 2023, muestra que los valores en viáticos de funcionarios entre 2015 y 2022 alcanza los $ 45,5 millones. El arriendo de la mencionada oficina de Teatinos era de 82 UF al mes. 

Bitácora de un caso que se extenderá
por una década (al menos)
Patricio Contesse González dejó la gerencia general de SQM el 15 de marzo de 2015 y fue formalizado por primera vez el 30 de abril de 2015, pero luego han ocurrido siete reformalizaciones más: en septiembre de 2015, marzo, junio y octubre de 2016, marzo y agosto de 2017, y agosto de 2018.

Todo esto en virtud de los avatares procesales que han acontecido en la causa, como agrupación, desagrupación, y también hubo un momento en que la parte tributaria quedó segmentada en tres -por cada filial de SQM, Salar e Industrial-, hasta que finalmente quedó todo agrupado, con ocho acusados, lo que en parte ha retrasado el transcurso del juicio.

En junio de 2018, se cerró la investigación. Y en julio de este año el querellante Ciudadano Inteligente pidió su reapertura, audiencia que ocurrió nueve meses después, en marzo de 2019, que no acogió aquel pedido, con lo que vino la etapa de audiencias de Preparación del Juicio Oral.

La primera se fijó para el 13 de mayo de 2019, pero por diversas causas -peticiones de las partes que intervienen en el juicio, incidentes, errores de agendamiento, o el Covid, etc-, esa primera audiencia de preparación de juicio se llevó a cabo el 19 de octubre de 2020, pero luego se volvió a paralizar. Se retomó el 1 de junio 2021 y ahí sí que prosiguió por un año y dos meses, hasta el 26 de julio de 2022.

El juicio oral propiamente partió el 13 de febrero de 2023 y a la fecha está todavía en su primera fase, que corresponde a la rendición de prueba de la Fiscalía, período en que corresponde que lleve sus testigos y entregue sus documentos. En primera instancia se preveía que tardaría 10 meses, pero la nueva prognosis apunta a que el MP terminaría esta etapa en noviembre.

Y luego deberían venir las rendiciones de prueba de todos los demás intervinientes: el SII, el CDE, la Fundación Ciudadano Inteligente, y luego las ocho defensas embarcadas en esta misma causa que involucra, además de Patricio Contesse, a Pablo Longueira, Marcelo Rozas, Roberto León, Marisol Cavieres, Carmen Luz Valdivieso, Christian Warner y Marco Enríquez-Ominami.

Más tarde aún deberían venir los alegatos de clausura de cada parte, el veredicto y la redacción del fallo. Así las cosas, el pronóstico es que el juicio a lo menos tardará hasta el fallo, a septiembre de 2025, y luego tener la redacción de la sentencia 250 días más, esto es, mayo de 2026. O sea, esta causa cumplirá de sobra una década completa. Y, además, una vez que esté el fallo, quien pierda pedirá la nulidad del juicio, vaticinan varios de los partícipes.

Qué ha dicho Contesse:
“Mi propósito fue hacer ayudas políticas”
Sólo una vez Patricio Contesse declaró en esta causa, acompañado por su defensa que comanda el abogado Samuel Donoso. Hasta ahora en el juicio oral no lo ha hecho. En enero de 2018 frente a los fiscales Pablo Gómez, Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione, este egresado de ingeniería forestal relató toda su trayectoria en SQM, desde sus inicios, y su vinculación con Julio Ponce.

Fue en 1981 cuando fue llamado por Corfo -después de haber estado en otras gerencias de empresas de dicha estatal- a la gerencia general de SQM, en un contexto en que la empresa era deficitaria y el producto estrella de la firma era el yodo.

Luego, vendría su paso como gerente general de la CAP, en 1982, pero sólo por seis meses, por lo que ese mismo año el gobierno lo trasladó a Codelco, como VP Ejecutivo de Operaciones, cuprera a la que renunció en 1988, regresando a SQM como gerente general, compañía que ya estaba bajo control mayoritario privado, cargo que -dijo- le ofreció el directorio, encabezado por el general Sergio Valenzuela y en el que participaban Julio Ponce -que representaba al Bank of America-, Pedro Donoso y Juan Rassmuss.

“Julio Ponce se comunicó conmigo por encargo del directorio”, dijo, señalando que a Ponce lo había conocido en 1978 cuando éste estaba de director ejecutivo de Conaf y necesitaba un ingeniero forestal.

Regresaría a Codelco, tras renunciar a SQM el 31 de diciembre de 1988, ocupando el cargo de presidente ejecutivo de la cuprera, el único civil en el gobierno de la época, puesto que entregó el 11 de marzo de 1990 a Alejandro Noemi Callejas. Ese mismo mes arribó nuevamente a SQM como gerente general, compañía que ya presidía Ponce.

Adentrándose en el caso judicial en específico en cuestión, describió que la gerencia general tenía un Centro de Costos, que se sometía a aprobación o reducción del directorio, “el que siempre me lo aprobaron. No me pedían explicar el presupuesto. Era un monto global, no por partidas”, dijo.

Indicó que fluctuaba entre US$ 5 millones a US$ 8 millones anuales, de manera aproximada, y que era él quien decidía cómo ejecutar ese presupuesto. “Sólo yo aprobaba los pagos con cargo a mi centro de costos (…) Todos lo relativo a las boletas y a los hechos que se investigan en esta causa fueron aprobados por mí, sin instrucciones de un tercero ni conocimiento de los mismos”, aseveró.

Y continuó dando detalles. “SQM es una empresa respecto de la cual existen muchos prejuicios y desconocimiento. En mi concepto parte de mi rol era que la compañía fuera conocida (…) Dar a conocer esta empresa reinventada (…) SQM no es una empresa con visibilidad social por el tipo de negocios que hace, no está en el retail (…) En definitiva SQM tiene pocos puentes comunicacionales con la comunidad. Respecto de los viajes que han sido cuestionados en esta investigación, ellos fueron fruto de un esfuerzo por dar a conocer a la comunidad esta compañía, invitando a conocer sus instalaciones y su realidad a personas importantes de distintos ámbitos de la actividad del país”, dijo.

“Nunca fue mi intención, ni interés, que SQM, por la vía de estos documentos pagara menos impuestos en los montos que se me han imputado, mi intención en esos casos no era no pagar impuestos, sino que efectuar una contribución a la política (…) Quisiera dejar constancia que en ningún caso mi objetivo fue la utilización de dichos documentos tributarios para evadir impuestos (…) Mi propósito fue hacer ayudas políticas. Porque estimé que era necesario apoyar a la actividad política bajo cierto marco que iba más allá del Servel, porque el tiempo del Servel para la actividad política es claramente insuficiente (…) Estimo que había una falencia que no permitía un adecuado financiamiento a los partidos políticos”.

En su declaración y consultado explícitamente por si alguien más de la empresa sabía que estaba haciendo aportes a la política a través de boletas y facturas, la respuesta de Contesse fue “no”. Y frente a la pregunta de si sólo él decidía hacer aportes a campañas y partidos políticos, la respuesta fue “sí”. “Nunca lo informé al directorio, ni a ningún empleado, ni a ningún directivo de la empresa. No lo informé a nadie. Y la razón fue porque yo sabía que este era un financiamiento fuera del Servel, por lo tanto, no tenía motivos para decirle a alguien más”.

“No sólo SQM efectuó aportes a la política de esta forma, sino que muchas otras empresas de nuestro país también lo hicieron. A lo menos hay antecedentes de 45 otras empresas que están en esta misma situación (…) Con posterioridad a mi caso el SII retomó su antigua doctrina estimando que este tipo de conductas no eran constitutivos de delito. En ninguno de estos casos, que son exactamente lo mismo que a mí se me imputa, ha habido querella o denuncia criminal. Esta forma de actuar de la autoridad me parece de una desigualdad ante la ley brutal. Por lo demás, de haber sido mi intención eludir impuestos, cómo se explica que haya pagado 100 para ahorrarme 20, eso no tiene ningún sentido”.

“Estas donaciones son menos que marginales respecto al tamaño de SQM, empresa que gasta unos US$ 1.700 millones al año, por lo que eran un monto no material, es decir, de menos de US$ 10 millones al año (…) Los aportes cuestionados e investigados por actividad política en el periodo investigado, respecto de los gastos totales de la empresa, representaban aproximadamente el 0,12% de los gastos totales de la compañía”, dijo Contesse.