Hoy, hace exactamente un año, el 24 de marzo de 2023, comenzó a escribirse una historia que tendría ramificaciones inéditas en la historia chilena. Ese día el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ejecutó un acuerdo por el que suspendió las actividades de la corredora de bolsa STF Capital.

Sería el punto inicial de una sanción lapidaria contra la firma, y que se oficializó en agosto por el regulador. En concreto, cancelaron las actividades de la compañía, tras detectar una serie de irregularidades y malos manejos contables de la corredora en ese momento liderada por Ariel Sauer, muy relacionadas con transacciones con una firma relacionada, Factop.

Si hasta ese momento este era un caso financiero, con el correr de los meses y hasta hoy, sería la punta de una hebra que tomaría insospechadas aristas, destapando un escándalo de proporciones tras conocerse, en noviembre, el bullado Caso Audio que protagonizaron Daniel Sauer y los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, en el que hablaban de coimas al regulador y al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Y, por si fuera poco, hace poco más de una semana, pericias al teléfono de Hermosilla por parte de la Fiscalía abrieron más grietas al conocerse que este abogado recibía filtraciones de otras causas por parte del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz (ver nota relacionada).

A un año del destape, la propiedad de STF -afirman cercanos- no ha cambiado. El 60,52% sigue en manos de Inversiones DAS -los hermanos Ariel y Daniel Sauer en 75% y Rodrigo Topelberg en 25%-, compartiendo la sociedad con Asesorías e Inversiones Shafahaas, con el 10,86%, de Sebastián Somerville; con Asesoría e Inversiones Manada, con el 23,1%, ligada a Luis Flores; y con Asesorías e Inversiones San Nicolás, con el 5,52%, relacionada a Rodrigo Sarria.

Pero lo que sí cambió fue un acuerdo por el que DAS dejó la administración, y entonces Somerville tomó la presidencia, en agosto pasado, echándose al hombro el peso de lidiar con la crisis reputacional y financiera en STF.

Cercanos al empresario indican que ha estado “muy afectado, muy aproblemado”, pero que tomó esta decisión, pues aunque no fue sancionado -ni siquiera fue llamado a declarar por la CMF-, por el hecho de ser socio de STF Capital sopesó que tenía que tomar la posta. Y aunque no ha dado declaraciones públicas -de hecho, DF MAS intentó contactarlo sin éxito para este artículo-, está trabajando en llegar a un puerto en este lío.

Una ex CMF de gerenta

Claro que llegar a puerto no significa -en la intención del actual gestor de STF- un cierre total y absoluto de la corredora. Es decir, hoy -señalan cercanos a la firma- Somerville y su equipo trabajan en dos escenarios no excluyentes.

Primero, cerrar STF “como se la conoce hoy”, haciendo frente a sus responsabilidades, de cara a clientes, proveedores y trabajadores de la compañía, devolviendo y pagando pasivos, para dejar una sociedad limpia de cualquier contingencia. Y logrado aquello, sin terminar el giro, que el proyecto persevere con otros dueños. Es decir, vender la corredora, y que nuevos socios retomen la actividad.

Por ello es que para la corredora cobra vital importancia la batalla judicial contra la sanción aplicada por la CMF de cancelación. Con sus asesores legales encabezados por Felipe Barruel, está buscando mantener vivo el registro como Corredora de Bolsa y Agente de Valores. Un activo que habilitaría de forma más ágil una compraventa, teniendo en perspectiva que futuros dueños apliquen todos los cambios que estimen pertinentes, incluido el marcario.

En pos de ambos objetivos, hoy el perfil de la malograda corredora de bolsa ha cambiado, pues bajo la gestión de Somerville renovaron el management. En el directorio, sólo lo acompaña Roberto Nabor Molina Olivares, quien a su vez es director de la firma BancAsesores, que se dedica a apoyo a pymes, como mesa de dinero.

Y la gerencia general está hoy en manos de una mujer, Leyla Messen Aravena, una ingeniera y contadora auditora de la Universidad de Chile, quien en su currículum exhibe 16 años de trabajo en la CMF -entre 2002 y 2017-, 15 de los cuales fue analista financiera, auditora y fiscalizadora del área seguros, cargo desde el que monitoreaba indicadores de riesgo, solvencia y los requerimientos de la UAF.

Antes de aquello, además, había trabajado en EY, a inicios de los 2000, desempeñándose en un área en la que conciliaba estados financieros para sus presentaciones ante la SEC, en el caso de las compañías que cotizaban o tenían matriz en Estados Unidos. Además, Messen ha sido empresaria pyme, pues estuvo en la fundación y puesta en marcha de una corredora de propiedades.

“Llegó a STF por esas capacidades, y por haber tenido experiencia en el regulador. Ella ha tomado un rol de liderazgo y sobre todo de capacidad de gestión. Ha sido un aporte fundamental en este proceso”, dice un asesor cercano a la corredora. 

 CDE: “No puede ocurrir en nuestro mercado financiero”

La batalla por la cancelación -o no- se está librando en la justicia. Tras la multa y cancelación que aplicó la CMF, Somerville recurrió a la Corte de Apelaciones para morigerar ambas sanciones, argumentando tanto lo excesivo de la cuantía de la multa -proponiendo rebajarla- como de la cancelación, postulando, en cambio, un año de suspensión, habida cuenta de que -a sus ojos- la CMF no había sopesado la colaboración esencial brindada “en todo momento” por STF, dijo, incluso renunciando a rendir pruebas en la causa.

Este caso ha tenido giros procesales, y si bien esa causa está suspendida, hay otra que ha continuado su avance, la que tiene relación con otra acción ante la justicia, de Somerville, tras dictaminar la CMF la suspensión de la corredora dado que la cancelación había quedado bajo aquella revisión judicial.

Así las cosas, ya no sólo la CMF, sino que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) activó una ofensiva para evitar que se levante esta suspensión, y hace unos días arremetió en tribunales, planteando una batería de argumentos del daño al mercado y al regulador.

“Lo que se subentiende es que STF quiere seguir operando como corredora, no obstante haber incurrido en deliberadas y múltiples violaciones a las normas más básicas a las que debe someterse un corredor de bolsa (…) La única infracción que podría cometer la CMF en un caso como este sería permitir a esta corredora seguir participando en el mercado. Ello no puede ni debe ocurrir en nuestro mercado financiero. La corredora de valores STF debe seguir suspendida. Tampoco podría ocurrir en ningún mercado medianamente serio. En tal evento, el desprestigio del regulador financiero y en definitiva, de nuestro estado de derecho sería inconmensurable y económicamente catastrófico”, planteó tajante el CDE.

Consultada la CMF por los antecedentes que manejan del estado de devolución de activos y/o pago de pasivos por parte de STF Capital a sus clientes, el regulador recordó que como medida preventiva para la protección de los inversionistas que mantenían relaciones contractuales con STF Capital, había instruidó a dicha corredora de bolsa, entre otros, dejar a disposición de sus dueños en el Depósito Central de Valores los títulos de clientes que mantenía en custodia. Esto, con el objetivo de que los titulares pudieran ejercer directamente en esa entidad sus derechos de propiedad sobre los correspondientes valores, “situación que ha estado ocurriendo hasta la fecha”, dijeron.

Julietta

Radicado en Miami, Sebastián Somerville Barbosa, 50 años, supervigila a distancia estos avatares, complementado con escasos viajes a Chile, los que -dicen fuentes cercanas- han sido un par en este período.

En tierras americanas, desde 2020 que Somerville aparece como CEO de la sociedad Julietta Holdings Corporation. Registros del estado de Florida de esta sociedad muestran que ésta tiene un amplísimo giro para buscar inversiones de variados tipos. Y es que los negocios siempre han sido parte de su vida. 

Sebastián Somerville es hijo de Hernán Somerville, una figura importante en la historia económica reciente chilena, pues tuvo un rol como negociador de la deuda externa de Chile en los ‘80, y años más tarde fue presidente de la Asociación de Bancos y de la CPC.

Tras estudiar en el colegio Nido de Águilas, Sebastián Somerville siguió su carrera de ingeniería comercial en la UAI y luego se desarrolló profesionalmente en el mundo de los negocios por rubros tan disímiles, que fueron desde el tecnológico -por ejemplo, la firma del área de telefonía móvil MZZO-, hasta el gastronómico, con el desaparecido restaurant Tierra Noble, en Vitacura, pasando también por el apoyo a emprendimientos. Con un fondo, apoyó a compañías como Publisystemas, de pantallas publicitarias, y Transportes Buen Destino. Y también incursiones con su familia en diversos negocios inmobiliarios, con socios, como el proyecto Santa Elena, con la familia Ábalos, o Hacienda Marañón, en Vallenar, con Aníbal Correa.

Ahora está por escribirse qué ruta logrará trazar para este momento, quizá el más complejo de su carrera.

Dominga, el sobresemiento, lo jurídico y la política

Las nuevas revelaciones que derivaron de las pericias al teléfono del abogado Luis Hermosilla alcanzaron esta semana al caso Dominga, cuando en el marco de la audiencia de formalización del renunciado director de la PDI Sergio Muñoz, el Ministerio Público mencionara cuatro “revelaciones” de éste a Hermosilla en esa causa, relativas a diversas diligencias sobre sociedades como Andes Iron, Minería Activa, Duero, y el FIP Mediterráneo.

Este caso había surgido en 2021 luego de que un reportaje de Ciper y LaBot revelara a nivel masivo una cláusula de pago de una tercera cuota, por U$$ 9,9 millones para diciembre de 2011, en el marco de la venta del proyecto minero Dominga, en 2010.

Dicho tercer pago estaba sujeto a condiciones territoriales de no ser declarada zona de protección el lugar donde se emplazaría la iniciativa minera. Esta venta la llevaba adelante la sociedad Minería Activa Uno SpA, bastante impulsada por la familia Piñera Morel -una de las varias socias, a través del FIP Mediterráneo-, preocupada por deshacerse al menos ella de su parte en este activo, tal como habían procedido a la venta de otros negocios -Lan, CHV, etc-, en vista de la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia de la República.

En 2021, cuando estalló la polémica, ejecutivos y la defensa del hoy fallecido exPresidente desestimaron que hubiera irregularidades, dando una batería de argumentos, entre los cuales estuvieron: que la mencionada cláusula había sido pedida por los compradores (la sociedad Duero, de Délano), que no cambiaba la compraventa en sí materializada al momento de firmarse, que la tercera cuota era un saldo de precio menor para una operación por unos US$ 140 millones, y que el Presidente no conoció ni de la inversión ni de la venta al momento de la transacción, porque ya en 2009 se había desligado de la administración de su patrimonio (con los fideicomisos voluntarios).

De todos modos, el caso fue investigado por el Ministerio Público, por la fiscal Claudia Perivancich y tras más de dos años de indagatoria, una secuencia de hechos se precipitaron en estas semanas. Primero, fue la fiscal quien comunicó el cierre de la investigación y pidió audiencia para debatir sobreseer la causa, el 5 de enero de este año, por no haber hechos constitutivos de delito.

Luego, al día siguiente del sorpresivo fallecimiento del exPresidente Piñera, hizo lo propio el querellante Luis Mariano Rendón, el 7 de febrero de este año, “por muerte”, es decir, fuera de audiencia. Y tras ello, la defensa del exmandatario pidió sobreseer por el fondo, planteado que el desaparecido mandatario tuvo un legítimo derecho a que existiera un pronunciamiento judicial de término y que quedara establecida su inocencia, en una audiencia.

Y justamente para este 6 de mayo, a las 11 AM, está agendada esta diligencia en una audiencia caratulada como de sobreseimiento/reapertura de esta indagatoria.

Personas interiorizadas con el proceso, en el que hay sólo dos imputados, Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano -y no otras personas naturales o jurídicas-, creen que en vista de todos estos antecedentes, jurídicamente no hay ningún riesgo y lo sucedido entre Hermosilla y Muñoz no debiera cambiar el curso del sobreseimiento, tras más de dos años de investigación en que hubo una convicción de la fiscal como para ser la primera en plantear el sobreseimiento, en un proceso en que hubo entrega voluntaria de los antecedentes. Pero sí -reconocen- “esto es política”, por lo que de todas maneras hay un monitoreo de estrategias.

Consultado el abogado del fallecido Sebastián Piñera, Juan Domingo Acosta, éste reiteró a este medio su posición en la materia. “La defensa de don Sebastián Piñera en el caso Dominga y las que le antecedieron ha estado a cargo de mi estudio profesional”, dijo, defensa en la que “no tuvo ninguna participación el abogado Hermosilla, ni como profesional ni de otra forma”.

“Jamás recibí del señor Hermosilla alguna información o antecedente en relación a la causa. Nunca hablé con él de ella”, agregó, precisando que la causa Dominga nunca fue secreta, de modo que siempre él pudo acceder en forma continua y oportuna a todos los antecedentes de la misma, a través de la plataforma que la fiscalía tiene para que los abogados puedan conocer los procedimientos.

“Por lo tanto, ningún sentido tenía haber contado con antecedentes proporcionados por otras personas”, concluyó.