Para entender la presunta maquinaria de financiamiento de Factop, hay que remontarse a marzo de 2023, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó la suspensión provisional de las operaciones de STF, la corredora de bolsa de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, Rodrigo Topelberg, Sebastián Somerville y Luis Flores.

Según el regulador la firma no había entregado sus estados financieros auditados en la fecha correspondiente, y, por lo mismo, la cobertura patrimonial para sus operaciones no estaba acreditada. Ese fue el primer capítulo de una trama que, nueve meses después, remeció al mercado y al mundo político.

Producto de esta suspensión, Topelberg presentó una querella en contra de Ariel y Daniel Sauer en la que acusó que STF entregó información falsa al mercado. Lo que causó más revuelo llegó después: a principios de agosto el empresario interpuso una ampliación de la acción judicial en la que apuntó a otro negocio que tenía con los hermanos Sauer: Factop SA, un factoring que nació en 2004.

En dicho libelo se revelaron los primeros detalles del complejo tinglado presuntamente desarrollado por los hermanos Sauer. Éste se basaba en la utilización de distintas sociedades de las cuales tenían algún tipo de control para crear un mecanismo de financiamiento, en favor de personas naturales y jurídicas que, han comentado conocedores, no podían acceder a servicios financieros tradicionales. Así, los principales beneficiados de este sistema habrían sido Álvaro Jalaff Sanz y Antonio Jalaff Sanz y sus empresas relacionadas.

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¿Cómo funcionaba este mecanismo? 

Lo que dice la acción judicial de Topelberg es que se emitían facturas presuntamente falsas a través de las sociedades que controlaban los Sauer, tanto de manera fáctica como jurídica. Dichos documentos se transaban indirectamente o como un activo subyacente de un fondo de inversión en la Bolsa de Productos, que es el lugar donde se intercambian las facturas.

Justamente este esquema fue, según su socio, desarrollado “para convertir las facturas falsas en instrumentos generadores de dinero -proveniente del público inversionista- para que los querellados mantengan el esquema financiero ilegal”. 

Esto aún es materia de investigación, pero lo que habrían hecho en Sauer es: vendían las facturas para, con dicho dinero, ofrecer opciones de financiamiento a otras personas. Ese sería el esquema del negocio.

Parte de esto es confirmado por Daniel Sauer en su conversación con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos en el audio: “¿Qué quiere decir con el favor de los Jalaff?”, le pregunta Hermosilla. Y el controlador de Factop responde: “Las facturas de favor que yo le hago a ellos a través de Guayasamín (por la que) ellos obtienen financiamiento”.

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Un dato: según informó el libelo de Topelberg, Inversiones Guayasamín SpA, desde diciembre de 2022 y hasta junio de este año, emitió más de 1.200 facturas por servicios que nunca prestó y que no tenían relación con su giro.

Aproximadamente una semana después a la ofensiva de Topelberg, la CMF suspendió las actividades de Factop Corredores de Bolsa de Productos. 

Lo que vino después fue una avalancha de acciones que sumaron nuevos antecedentes al caso. El fondo inglés Advance Global Capital pidió la liquidación forzada del factoring y también se sumaron acciones legales de LarrainVial, la cadena de gimnasios Energy y posteriormente un fondo ligado a Frontal Trust.

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