Han pasado cinco años desde que se firmó el contrato entre la Corfo y SQM. El boom del litio hizo subir el precio del mineral no metálico y las arcas fiscales lo sintieron. Sólo el año pasado el Estado recibió US$ 5.000 millones por contratos de arrendamiento del Salar de Atacama e impuestos.

Y aunque una de las promesas fue que las comunidades aledañas al Salar, zona conocida como Atacama La Grande, también se beneficiarían con estos recursos, lo cierto es que ha sido lento y actualmente, justo cuando SQM informó los resultados más abultados de su historia, están paralizados. 

“Una de las cláusulas en el contrato con SQM Salar, tiene relación con aportes directos de estas empresas a las comunidades adyacentes al Salar. En el caso de Albemarle, existe un acuerdo directo entre la empresa y la entidad que representa a las comunidades (Consejo de Pueblos Atacameños), en el cual, la primera debe transferir a ésta el 3,5% de sus ventas. En el caso de SQM Salar, las comunidades que son susceptibles de recibir estos aportes son 21, de las cuales 19 han suscrito voluntariamente acuerdos con Corfo para recibir estos recursos para proyectos de inversión y fomento”, explica a DF MAS el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente.

La parte de SQM ha significado pagar durante los años 2018, 2019 y 2020 un total de US$ 34,6 millones, de los cuales se encuentran comprometidos con 19 comunidades un total de US$ 31,8 millones. Respecto de dicho total comprometido, cerca de US$ 12,2 millones han sido transferidos efectivamente a las comunidades, y continúan las transferencias en forma regular de acuerdo a los avances de los programas de ejecución de actividades de cada una de ellas. 

La consulta que frenó todo
Fue a fines de 2021 y principios de 2022 que las firmas de los convenios lograron destrabarse, y sólo 19 de las 21 comunidades firmaron. De las que decidieron no firmar el acuerdo, entre otras razones, lo hicieron por sus aprehensiones con SQM por su vinculación en el pasado a platas políticas y daños ambientales.

Una de ellas fue justamente la comunidad indígena Camar, ubicada a 75 kilómetros al sur del poblado de San Pedro de Atacama, que ganó en la Corte Suprema en agosto del año pasado la impugnación al acuerdo de 2018 porque no se realizó consulta indígena. 

En su libelo, Camar dice que el proceso de elección y distribución de recursos realizado por Corfo “contradice las obligaciones previstas en el Convenio 169 de la OIT sobre consulta indígena, pues los organismos de la Administración se encuentran en la obligación de prever mecanismos apropiados para que los pueblos originarios se puedan pronunciar respecto de medidas susceptibles de afectarles directamente, cuestión que no acontece en este caso, a pesar de que las actividades de explotación de yacimientos de SQM -de las cuales derivan las resoluciones de Corfo- afecten su patrimonio cultural, parte del piso ecológico de su territorio ancestral, las actividades de trashumancia de comuneros del grupo y los usos de la comunidad con respecto al territorio atacameño”.

Corfo, en la administración pasada dirigida por Pablo Terrazas, fue la encargada de seleccionar a las 21 comunidades “con altos niveles de transparencia, buenos gobiernos corporativos y correctos regímenes estatutarios”.

La Suprema ordenó que se hiciera una consulta indígena para destrabar la forma de repartir y seleccionar a los beneficiarios de los millones de dólares. Algo tenían que decir las comunidades en este entuerto, dictaminó el Máximo Tribunal. Es necesario aclarar que esto no es retroactivo, sino que solo corresponde a lo que deba repartirse en las anualidades sucesivas.  

Responde Benavente
“A la fecha nos encontramos diseñando y estructurando el proceso de consulta indígena que llevaremos a cabo este año. Ello comprende los aspectos técnicos, logísticos, legales y operativos que son requeridos para realizar esta consulta de la mejor manera”, responde Benavente, de Corfo. 

El problema es que mientras eso está detenido -y una consulta puede durar de meses a años-, no se han podido entregar los dineros del litio de 2021 y los de 2022, que corresponden pagarse en mayo de cada año. El techo a pagar es de US$ 15 millones para comunidades, el que sobre todo este año se cumple con creces, luego de que SQM ganara US$ 3.906 millones de dólares y sólo los ingresos por litio y derivados totalizaron $ 8.152.9 millones. 

Es decir, si en 2021 quedaron congelados US$ 13,9 millones, sumados a los US$ 15 millones del año pasado, hay casi US$ 29 millones sin que sean recibidos por 19 comunidades. 

En paralelo la empresa ha hecho acuerdos directos con ciertas comunidades para ayudas, capacitaciones y proyectos de inversión, pero de los dineros que por contrato tiene que traspasar a las 21 comunidades, nada hasta ahora. El dinero está consignado en cuentas corrientes. 

Donde sí han ingresado dineros por concepto de rentas del Salar de Atacama es a la Corfo. Según explica Benavente, la entidad ha recibido por las ventas de litio tanto de SQM como de Albemarle durante 2022 cerca de US$ 3.846 millones. “Estos recursos entran al patrimonio de Corfo y financian las actividades permanentes de la Corporación y los instrumentos regulares que la institución ofrece”, dice.  

Pero aprovechando el boom de precios y estos ingresos, se han generado programas como el de Desarrollo Productivo Sostenible, que busca trabajar en torno a descarbonización, resiliencia al cambio climático y diversificación productiva, el que se ejecuta a través de diversos ministerios mediante convenios de desempeño con la Corfo. 

El acuerdo directo de Albemarle
La relación entre Albemarle y las comunidades es distinta, ya que se desarrolla directamente con el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).

Sobre los dineros que han circulado hacia dicho organismo no hay detalle, ya que ni Albemarle ni el CPA entregaron antecedentes a este medio, y como el contrato con la Corfo no estipula montos específicos para aportes -como sí lo hace el de SQM-, no hay una versión pública de esos dineros. Se estima que cada año la minera aporta US$ 10 millones a las comunidades. 

El Consejo renovó el 20 de enero su directiva y fueron electos Vladimir Reyes, como presidente; Luzvenia Catur, como vicepresidenta; Héctor García, secretario; Pamela Condori, tesorera, y Winder Flores como consejero.

Donde sí ha aportado la empresa estadounidense es al Centro de Economía Circular en la macrozona norte, que está funcionando formalmente en coordinación con Corfo desde agosto de 2022, y cuyo objetivo es incrementar la innovación y transferencia tecnológica con base al modelo de economía circular, y donde en específico se busca potenciar áreas relacionadas a la energía solar, sales de litio, baterías de litio y almacenamiento de energía, minería metálica y no metálica.

Tiene un presupuesto total de US$ 21 millones para 10 años, de los cuales el Aporte de I+D es de US$ 10 millones. De esos, ya se les han transferido US$ 2 millones.