Dos obstáculos

Conforme a la aparición de nuevos antecedentes conocidos a partir de las instancias investigativas, el terrible escándalo de la firma de convenios entre la fundación Democracia Viva y el SEREMI de Antofagasta ha marcado nuevamente la semana.

Mientras la prensa seguirá empeñada por un buen tiempo en dar a conocer más información del caso, la sociedad civil tiene el desafío de tematizarla para que el sistema político prevenga la repetición del problema. Son estos momentos los que prueban que la democracia liberal no es solo un régimen de regulación de nuestros conflictos en sentido negativo, sino que uno que aloja aprendizajes normativos en sentido positivo.

Los entendidos en la materia han notado un hecho fundamental: en el pasado, han sido los casos de corrupción los que han desencadenado respuestas institucionales hacia mejores prácticas de probidad y transparencia. Pero para que eso ocurra se deben superar al menos dos obstáculos equidistantes, la defensa corporativa de los implicados y la tentación de meter a todos en el mismo saco.

Respecto al primero, a diferencia del MOP-Gate es alentador observar la condena transversal caiga-quien-caiga, que dejó atrás cualquier duda sobre defensas corporativas, como señaló el ex-fiscal Gajardo.

Respecto al segundo, es preocupante cómo se ha puesto en tela de juicio a las fundaciones en general, salpicando a fundaciones que por su buen trabajo sostienen la legitimidad ciudadana de las ONG. Meter a instituciones honestas en el mismo saco de las manzanas podridas solo contribuye a restar gravedad a los casos de corrupción.

Dos ideas

En “Historia y crítica de la esfera pública” (1962), Habermas señaló que el potencial democrático de la esfera pública radica en preservar una cierta distinción entre las arenas discursivas propias del Estado y aquellas que surgen de la asociación independiente de los ciudadanos. En este contexto, esto puede motivar dos ideas.

Por un lado, la crisis actual abre la oportunidad de replantear el funcionamiento de fundaciones ad-hoc a gobernaciones o municipios, cuya sombra en los procesos de rendición de cuentas son motivo de sospecha en el sector de las organizaciones sin fines de lucro.

Por otro lado, se podría repensar el rol de las fundaciones políticas en Chile. En Alemania, por ejemplo, el Estado obliga a los partidos a formalizar su vínculo con fundaciones dedicadas al desarrollo de sus ideas, con un alto estándar de transparencia, financiamiento público proporcional a los escaños de representación de los partidos base y limitando el uso de los fondos para la realización de seminarios, actividades formativas, informes e investigaciones, entre otras cosas.