Mientras los contagios por Covid se disparan en Chile, los principales laboratorios internacionales que han suministrado las vacunas en el país -Pfizer, AstraZeneca, CanSino y la Universidad Católica en representación de Sinovac- iniciaron una disputa judicial que tiene como objeto mantener bajo estricta reserva y confidencialidad los estudios de sus vacunas.

Las empresas coinciden en que éstos revisten el carácter de confidencial, y no deben ser divulgados al público, pues -afirman- contienen información comercial estratégica de cada una de las compañías.

Por separado, los laboratorios presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago -entre el 24 y 25 de enero- reclamos de ilegalidad en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia, presidido por Gloria de la Fuente, que ordenó la entrega de los ensayos clínicos e informes de los centros de estudios que realizaron el análisis de seguridad y eficacia de todas las vacunas que se aplican a la población en Chile, y que utilizaron los profesionales a cargo para fundamentar con criterios científicos la aprobación de uso excepcional de emergencia por urgencia sanitaria.

Todo partió el pasado 3 de junio de 2021, cuando llegó una solicitud por transparencia al Instituto de Salud Pública (ISP), en que se solicitó la mencionada información de los ensayos e informes del o los centros de estudios que realizaron el análisis de seguridad y eficacia de las vacunas usadas en Chile.

El ISP denegó el requerimiento, debido a la oposición a divulgar la información solicitada por parte de los terceros interesados, es decir, los laboratorios.

La solicitante -identificada como Pamela Vásquez Muñoz- recurrió ante el Consejo para la Transparencia para que se liberen los antecedentes, apuntando a su derecho de acceso a la información.

“Es de suma relevancia para la comunidad científica y población general, de modo de dar legitimidad a las decisiones en salud pública, respecto al uso de vacunas y su uso de emergencia en la pandemia sanitaria”, dijo la firmante.

Así, el pasado 4 de enero, el organismo liderado por Gloria de la Fuente acogió el amparo presentado por la solicitante, y ordenó la entrega de los informes y los ensayos clínicos de las vacunas.

Para el consejo, la información es de “naturaleza pública” y la publicidad de los antecedentes “no tiene el mérito de afectar el desenvolvimiento competitivo de los mismos, toda vez que no se ha explicado en forma pormenorizada y especifica cómo su comunicación puede afectar su ventaja competitiva en el mercado”.

“La información solicitada de Pfizer reviste el carácter de confidencial, y no deberá ser divulgada al público en general, pues contiene información comercial estratégica sensible cuyo conocimiento y uso por terceras personas (o países) podría afectar los derechos comerciales y económicos de ésta, tanto en Chile como en todo el mundo”, fue la repuesta de este laboratorio en su escrito presentado a la justicia en el cual busca revertir la decisión del consejo.

Añadió que, en esta etapa de la pandemia, ha “intentado” que los países de ingreso bajo y mediano tengan siempre acceso “justo y equitativo” a sus vacunas y que se dé prioridad a las personas que las necesitan con mayor urgencia.

“Si queremos mantener esta mayor equidad en el acceso a las vacunas contra el Covid-19 es esencial mantener la debida confidencialidad en las negociaciones y documentos suscritos por los laboratorios (como Pfizer) con los gobiernos de cada país, debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado y con la finalidad de seguir negociando con los países en función de propender a un acceso equitativo, de conformidad a la situación particular de cada país”, dijo la empresa.

En la misma línea, la defensa de AstraZeneca sostuvo que la divulgación de los ensayos clínicos e informes afectaría gravemente a la compañía.

“La información solicitada consiste en un verdadero bien económico estratégico, afectándose su posición de ventaja competitiva al momento de divulgarse esta información al resto de la competencia, quienes se ahorrarán todos los esfuerzos incurridos por AstraZeneca para la elaboración, preparación y presentación de estos antecedentes”, sostuvo.

En el caso de CanSino, el laboratorio dijo que la información solicitada tiene un valor comercial por ser secreta.

“Incluso más, Saval (distribuidor local en Chile de CanSino Biologics Inc.) no tiene acceso a la información sobre los estudios preliminares interinos, lo que es coherente con que CanSino Biologics Inc. reduce el número de sus empleados y colaboradores que pueden acceder al contenido de estos estudios. Con ello se busca reforzar la seguridad de la información, reduciendo el riesgo de ‘filtraciones’ que permitan a la competencia acceder a ella”, añadió.

La Universidad Católica -patrocinadora en Chile de los estudios clínicos realizados a la vacuna CoronaVac- dijo que la liberación de los antecedentes afecta directamente el interés del laboratorio Sinovac.

No obstante, la entidad precisó que la decisión de amparo en contra de la cual alega su ilegalidad, está fundamentada en un procedimiento que -a su juicio- carece de validez por cuanto no se consideró en ningún momento a la universidad como tercera interesada, no pudiendo realizar los descargos pertinentes.