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Caso por presunta estafa a Merama suma una nueva arista
Caso por presunta estafa a Merama suma una nueva arista
En la querella la compañía afirmó que se dieron cuenta que una de las empresas que aparece como cliente de Urbano está relacionada al mismo abogado detrás de Smart Trade SpA, la sociedad mediante la cual -según la startup- sus socios incrementaron “artificialmente” las ventas.
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Este jueves el 4º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella que ingresó Merama Holdings LLC en contra de Víctor Vargas y Pablo Gutiérrez, los socios de Urbano, la empresa a la que ingresaron como accionistas mayoritarios en junio de 2022. En la acción judicial los acusan de estafa, falsificación de instrumento privado y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso.
Tal como informó DF MAS el miércoles, Merama se habría dado cuenta en marzo de que los socios de Urbano incrementaron “artificialmente” sus ventas mediante “facturas ideológicamente falsas” para forzar un acuerdo de venta.
Merama, unicornio latinoamericano con fundadores chilenos -Domingo Cruzat y Manuel José León-, adquirió el 55% de las acciones de Urbano por US$ 8 millones.
Al final de la acción judicial hablan de una posible arista de la que advirtieron horas antes de presentar la querella. “Hemos podido descubrir que a otra empresa que aparece como clienta no relacionada de Urbano, Fun Entertainment SpA, se le han emitido facturas durante el 2023, dos de las cuales hoy se encuentran vencidas e impagas”, expresan.
“El problema es que uno de los dueños y administrador de esta empresa es un viejo conocido de los querellados, el mismo abogado que los asesoró cuando eran únicos propietarios de Urbano, y quien aparece hoy día como exclusivo dueño ⎯a través de Montreal SpA⎯ y administrador de Smart Trade SpA: Ignacio Jiménez Vergara”.
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A ojos de la defensa del exejecutivo -plasmada en los escritos ingresados al TC-, debiera haber una gradación de la sanción, que la ley no la da de forma precisa. “La aplicación de una sanción desproporcionada a mi representado afecta injustamente a su patrimonio, al tener que pagar una cifra que no se corresponde con la gravedad de la infracción que se le imputa”, dice una parte del texto ingresado al TC.