Este viernes se realizó la audiencia de sobreseimiento que había pedido el empresario Felipe Sánchez, dueño del inmueble Sierra Bella, por el cual la Municipalidad de Santiago bajo el mando de Irací Hassler iba a desembolsar $ 8.200 millones para construir una clínica municipal.

Sánchez pidió la audiencia atendido que, según él y su equipo legal, en la carpeta investigativa no había pruebas que demostraran que había cometido un delito en la venta de la clínica.

Sin embargo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió rechazar, por ahora, el sobreseimiento, aunque en su resolución pidió a la Fiscalía apurar la investigación para determinar si Sánchez tuvo o no participación en un eventual delito.

El magistrado Cristián Sánchez dijo: “Es un hecho cierto, como plantea la defensa, que no observo la existencia de acciones positivas desplegadas por el señor Sánchez Pérez -ni por alguien mandatado a su nombre o vinculado expresamente en los antecedentes de la investigación- de las cuales pudiera derivarse una voluntad dolosa por parte suya o de los órganos municipales. No advierto, por tanto, una vinculación clara que permita establecer alguna forma de participación penal”, y agregó que “en ese sentido, uno tiende a observar -y la Fiscalía lo reconoce- que no existen, por ahora, elementos sólidos para afirmar que el señor Sánchez Pérez tenga participación en un delito”.

Consultado Sánchez por DF MAS dijo que “el tribunal ha sido claro y categórico: no existen a la fecha antecedentes que permitan vincularme a la comisión de delito alguno. Así lo señaló expresamente el juez, indicando que ni yo ni ningún tercero mandatado por mí aparece realizando actos dolosos, ni hay elementos que sustenten una participación penal de mi parte. Incluso la propia Fiscalía lo reconoció en audiencia: no tiene pruebas en mi contra, como lo resaltó el propio tribunal”.

El motivo por el cual no se acogió el sobreseimiento no fue por la existencia de cargos o evidencia en su contra, dice Sánchez, “sino por la decisión del tribunal de permitir al Ministerio Público agotar diligencias respecto de terceras personas, específicamente en relación con tasadores. Sigo confiando en que esta causa se cerrará con justicia. La evidencia ha sido clara, y tras más de dos años de investigación, no existe un solo antecedente que me vincule con actos ilegales”.