El 12 de marzo de 2018, el día después de que salió del gobierno de Michelle Bachelet, donde era jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Eduardo Vergara (42) agarró sus maletas, dejó Santiago y se instaló en Pichilemu.

Ahí vivió los últimos cuatro años y desde allá comandó la Fundación Chile 21, de la cual fue director ejecutivo y desde donde nació el Monitor de Seguridad, un proyecto que armó con 30 municipios del país para enfrentar los temas de delincuencia y donde trabajó codo a codo con la actual jefa de asesores del Segundo Piso del presidente Gabriel Boric, Lucía Dammert.

“Fue un proyecto que abrió la puerta para que el progresismo en Chile hablara de seguridad, que era la gran deuda que tenía la izquierda en general: había una carencia de discurso, un miedo a entrar en temáticas duras, de hablar de labor policial y persecución al narcotráfico, y logramos instalar ese discurso”, dice.

En eso estaba cuando el 22 de noviembre, un día después de la primera vuelta presidencial, lo llamó personalmente Gabriel Boric, a quien ya conocía desde su rol como diputado, para que lo apoyara en su carrera a La Moneda. “Fui la primera persona que se sumó al nuevo equipo”, cuenta.

Así, mientras Izkia Siches viajaba en el llamado “bus de la esperanza” por Chile, Vergara partía un recorrido que lo llevó desde Arica a Puerto Montt para reunirse con alcaldes y abordar las inquietudes en materia de seguridad. Por eso, cuando el presidente Boric anunció sus equipos y designó a Vergara como subsecretario de Prevención del Delito, el cientista político no se sorprendió.

“En la presencia de recursos policiales, hay municipios que hoy cuentan con hasta 10 o 20 veces más que otros. la realidad se vive de manera muy dispar”.

A la ministra Siches la conoció una vez que Boric ya había sido elegido presidente, en una reunión en la llamada Moneda chica. “Tengo con ella la mejor relación. Es una persona que con mucha fuerza está empujando las tareas que nos encomendó el presidente, hay una relación de cooperación tanto con la Subsecretaría del Interior, de Desarrollo Regional y por supuesto con la ministra y su gabinete” dice.

Esfuerzo público-privado

Son las 7 de la tarde de un martes y Vergara habla instalado en su oficina en el 5° piso de la calle Teatinos 92, por cuyos ventanales, abiertos de par en par, tiene vista a La Moneda. Han sido días intensos, reconoce, mientras en su mano juega con un cubo rojo que arma y desarma, una especie de juguete antiestrés. “Siempre ando jugando con algo en la mano, pero esto es nuevo. A mí me sirve”, explica.

El diagnóstico de Vergara sobre la situación de la seguridad en el país es categórico. “Desde el retorno a la democracia, Chile está viviendo el peor momento en materia de seguridad”, dice.

Y agrega: “En estas condiciones es que iniciamos nuestro trabajo y es necesario constatarlo, pero no vamos a buscar responsables, ni apuntar con el dedo. Estamos en un minuto crucial para tomar decisiones políticas que nos permitan enfrentar este grave problema. Es importante reconocer la realidad y a partir de ello adoptar acciones para enfrentar con fuerza el crimen organizado, aumentos de homicidios, altos grados de corrupción y en general los hechos de violencia que limitan el derecho de las personas a vivir en paz”, dice.

-¿Cómo se va a abordar esta situación?
-Creemos que la seguridad no puede ser abordada solamente desde el sector público. Esto no lo va a solucionar Carabineros solo, el gobierno solo, el sector privado solo, sino que requiere de una articulación de una fuerza conjunta para enfrentar el fenómeno.

Una de las primeras tareas de Vergara desde que asumió al mando de la Subsecretaría de Prevención del Delito ha sido reunirse con privados. Para eso definió diez mesas de trabajo –centros comerciales, bancos, terminales de buses, autopistas, centros de distribución, empresas de delivery, de eventos masivos, seguridad privada y tecnología, y comercio ilegal y contrabando– con las que ha tenido reuniones para avanzar hacia una mayor coordinación público-privada en seguridad.

-¿Qué es lo que se está pidiendo en concreto a los privados?
-Lo primero es un cambio de foco. Estamos pasando de las mesas, los diagnósticos y los análisis a la operatividad. Y eso nos obliga a tener metas medibles en el corto y en el mediano plazo. Asimismo, les estamos comunicando a los grupos de trabajo que sin ellos no lo vamos a lograr. La seguridad privada tiene que ser un complemento de la seguridad pública, y eso requiere que puedan asumir ciertas tareas y responsabilidades que permitan despejar la labor pública para que se enfoque donde más se necesita. Y es sorprendente, pero la reacción de los actores privados ha sido muy positiva.

-¿Cómo se mejora la seguridad privada?
-Primero, profesionalizándola. Segundo, permitiendo que tenga una focalización. No es lo mismo un guardia de seguridad en un banco que un guardia de seguridad en un concierto o en un partido de fútbol profesional. Hay procesos que ya hemos instalado y anunciado con ciertos actores privados de fiscalización, de mejora, de acompañamiento, pero por sobre todo de que se cumplan los estándares básicos de seguridad. Porque así se maximizan los recursos públicos. Ese es el espíritu de esta colaboración: generar las condiciones desde la Subsecretaría de Prevención del Delito con otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público, Carabineros, la PDI, y sentarlos a todos a la mesa y hacer un diseño que nos permita encontrar soluciones en conjunto.

-¿Cuál es el estándar que se busca? ¿Los guardias podrán estar armados?
-La labor de la seguridad privada tiene que especializarse. Eso nos obliga a que las capacitaciones sean mejores, que estandaricemos la seguridad privada, que tengamos una ley de seguridad privada que hoy está compuesta por una cantidad de guardias que llega a cuatro o cinco veces más que la cantidad de policías que tenemos en la calle.

-¿Podrían portar armas?
-Hoy en día los guardias privados no pueden portar armas, son solo los vigilantes quienes tienen esa facultad, pero ya que la seguridad privada es un complemento de la seguridad pública, el porte y uso de armas tiene que mantenerse en las instituciones que hoy día monopolizan el uso de las armas, y que son las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Armar a civiles, incluso bajo mecanismos de seguridad privada, no es el norte. Tenemos que avanzar hacia lo contrario, hacia niveles de desarme que permitan que la labor investigativa y policial pueda focalizarse en los mercados de armas ilegales, en el tráfico de armas.

-¿Se van a reunir con empresas forestales para tratar este tema?
-Llevamos pocas semanas y nuestra agenda ha sido bastante exhaustiva. Vamos avanzando etapa por etapa.

-¿Cómo se evita que con este llamado se empiece a formar una especie de fuerza pública civil a cargo de la seguridad?
-No se trata de hacerse cargo, sino de hacerse responsable. Cuando una actividad privada genera una demanda de seguridad es una actividad que también es de interés público, y hay que avanzar en que esta corresponsabilidad se entienda como un trabajo conjunto y no como una invitación a que existan fuerzas de seguridad privada. No podemos ni vamos a permitir que se expandan las ideas de que tienen que existir policías municipales que puedan portar armas. Ese no es nuestro norte: es maximizar la labor preventiva, sacarles provecho a las tecnologías y asegurarnos de que cada actor en este país haga su trabajo para que podamos optimizar la presencia del Estado y, particularmente, que esta sea optimizada donde más se necesita.

La realidad dispar

Otra de las tareas en que ha estado concentrado el subsecretario es en la redistribución de las fuerzas de seguridad pública, tanto de Carabineros como la PDI, de manera de buscar criterios más equitativos dependiendo de las necesidades de la población. Para eso creó un consejo asesor (ver recuadro) y hace tres semanas comenzó a implementarse esta medida.

“Esto no tiene que ver con sacar carabineros de un lado para ponerlos en el otro. Es un proceso mucho más profundo que tiene que ver con la reevaluación de algunos roles de la policía. La ciudadanía nos pregunta por qué escoltan al funeral narco y no están presentes en nuestro territorio. Tenemos que asegurar que las policías estén donde más se les necesite”, dice.

Y agrega: “Esto no pasa por abrir un Excel y cambiar cifras, es un proceso que incorpora variables socioeconómicas, de recursos municipales, con el impacto que un policía ejerce en un territorio y de las necesidades dinámicas que están apareciendo en muchas comunas y barrios de este país”.

-¿Cuál es el criterio? La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, ha dicho en varias ocasiones que su comuna tiene la mitad de la dotación de Carabineros que tiene Vitacura. ¿Hacia allá apunta esta redistribución?
-Existe efectivamente una gran disparidad en la presencia de recursos policiales como también de recursos municipales. Hay municipios que hoy día cuentan con hasta 10 o 20 veces más que otros municipios. O peor aún, hay municipios de la Región Metropolitana que ni siquiera tienen plata para contratar a un director de seguridad pública. Eso nos obliga a pensar que el valor de un policía en un territorio no es el mismo que el valor social que genera en otro territorio, porque existen redes de protección y seguridad municipales que son más efectivas que otras, como también existen redes de seguridad privada, ya sea en los hogares, sistemas de vigilancia, empresas de seguridad que están contratadas. La realidad se vive de manera muy dispar.

-¿Tiene que ver con equipamiento también?
-Tiene que ver con la calidad de los recursos, la infraestructura de las comisarías, con los recursos de seguridad con los que cuentan los municipios... la lista de factores que estamos analizando es bastante larga.

Policía ciudadana

-¿Esta redistribución ayuda a legitimar a la institución de Carabineros?
-Hemos sido claros en que la labor policial tiene que mantenerse apegada al irrestricto respeto a los derechos humanos. Hay una deuda, y que es parte de la reforma a Carabineros, que hay que saldar. Pero al mismo tiempo, y esto es compartido con Carabineros, tenemos que aumentar los grados de eficiencia y cercanía con la ciudadanía. Porque en los territorios que he visitado en estas semanas, la principal demanda es que quieren mayor presencia policial. Y eso tiene que ver con más presencia del Estado. Y la legitimidad pasa en gran parte por la forma en que todas y todos evalúan la labor policial, que muchas veces se transforma en la única relación directa que tienen con el Estado.

-¿Y cómo es esa forma hoy día, a su juicio, y cómo debería ser?
-Hoy día, la forma en que las policías se relacionan con la ciudadanía habla de una carencia, de una carencia de llegar a tiempo, de una carencia de dispositivos policiales, de recursos, patrullajes, y al mismo tiempo, la relación habla de grados de legitimidad que todavía están pendientes. Y en esto, tanto el general director de Carabineros como el director de la PDI nos han manifestado su disposición a trabajar en conjunto para lograr este objetivo, que va más allá de la operatividad.

-Usted ha hablado anteriormente de que habría que avanzar desde una formación más militar hacia una más ciudadana de Carabineros.
-Hay ejemplos de policías de cercanía y de cuerpos policiales en otras partes del mundo que han podido aumentar su eficiencia y presencia dándole un perfil ciudadano. Creo que tenemos que mirar más hacia esos modelos de perfil más ciudadano que a los modelos fracasados de militarización de las policías, que incluso hemos visto en América Latina y de los cuales francamente tenemos que alejarnos.

-En la Convención Constitucional se debate actualmente si Carabineros debe ser una institución de carácter civil. ¿Comparte esa idea?
-La Convención está trabajando a toda máquina para cumplir con el mandato que le dio la ciudadanía para escribir una nueva Constitución y, al igual que las y los chilenos, soy respetuoso de la labor que están realizando las y los convencionales, y estamos a la espera de su redacción.

Diálogos en La Araucanía: “Si la ministra lo estima conveniente, seremos parte”

-¿Cuál es el rol de esta Subsecretaría en el conflicto mapuche?
-El trabajo con los municipios. Ya tenemos algo avanzado y vamos a profundizarlo. Mi labor diaria es hablar con alcaldes y alcaldesas para apoyarlos en temas operativos, y que la labor preventiva sea más eficiente.

-¿Van a participar de los diálogos que está organizando el equipo de Salvador Millaleo?
-No estoy al tanto de que la Subsecretaría tenga un rol en esos diálogos, pero si la ministra (Izkia Siches) lo estima conveniente, seremos parte de todo lo que nos solicite.