Todo comenzó porque dos familiares muy cercanos se asustaron. Veían en los medios que técnicos de todos los sectores políticos, el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero advertían que un segundo anticipo de rentas vitalicias podría poner en riesgo el pago de sus pensiones. Y entonces le preguntaron a Pedro Echeverría Faz (38) qué podían hacer.

El abogado de la UC es experto en derecho empresarial, especialmente en áreas como la libre competencia y el derecho ambiental, pero decidió involucrarse y ver qué podía hacer con esta solicitud.

Luego de analizarlo con los demás abogados de su estudio Echeverría, Ilharreborde, Scagliotti Abogados, decidió que el recurso de protección contra los colegisladores de Chile, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, la Cámara de Diputados y el Senado, sería la mejor alternativa. Lo que no sabían era lo que sucedería después: no serían solo dos clientes. Serían 1.200.

Por la “integridad psíquica”

“Los abogados hablan de integridad psíquica, y suena súper rebuscado, pero uno veía la incertidumbre que generaba esto y la cantidad de llamadas que hacían demostraban solo la preocupación”, explica el abogado.

El recurso acusa que el proyecto de ley en el Congreso y que tiene fecha para votarse en su segundo trámite constitucional este martes en el Senado, atentaba contra la integridad psíquica de los afiliados, además de su derecho de propiedad.

“Me cuesta encontrar en la historia casos en que sea tan transversal la opinión técnica. Y los políticos seguían como caballo de carrera con el mismo objetivo. No quiero analizar por qué lo hacen, pero ciertamente tener la elección a la vuelta de la esquina es parte de las razones.

Cuando ves que la Comisión para el Mercado Financiero, balance en mano, dice que 9 de 15 compañías van a caer en insolvencia técnica por no cumplir los requisitos para operar y siete van a caer en cesación de pagos, aquí dices ‘hay números reales’”.

Frente a eso, se preguntó qué podían hacer, porque el Congreso no está oyendo a los técnicos. “Cada uno tiene una forma de manifestarse, los abogados lo hacen recurriendo a tribunales. Quizá llegó el minuto de que aquellos organismos, cuyos integrantes no son elegidos popularmente, pongan la cuota de cordura”.

Lo que evitó, dice Echeverría al otro lado de la cámara, es que al recurso se adhirieran pocas personas. “No quería ir con cinco o seis personas, porque se iba a ver como un grupito muy determinado. Además, aquí se está yendo contra los poderes del Estado y nadie quiere ser personificado. Entonces nos dedicamos a buscar apoyos. El fin de semana pasado, con conocidos, amigos y familiares, levantamos una página web, y la subimos el lunes pasado (25 de octubre)”.

Los números fueron impactantes. El primer día hubo 60 inscritos. Querían llegar a 100, porque sonaba un número importante. Pero hasta el miércoles 3 de noviembre, es decir, en 10 días, se habían inscrito 1.200 personas.

Entremedio, apoyado por su oficina de abogados, familiares y amigos, encontró voluntarios para digitar los datos, ingresar los correos a un Excel y empezar el arduo trámite de conseguir los poderes que habilitaban a Echeverría a tramitar la causa.

El miércoles en la mañana, cuando presentaron el recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso -allí porque es donde está el Congreso- lo ingresaron con 338 pensionados. En el mismo escrito podrían sumar el resto. O incluso más.

Y fueron ellos justamente quienes más lo ayudaron a reclutar personas para sumarse al recurso de protección.

“Hubo un señor que se puso a imprimir carteles. Un día me llegó una foto de un amigo que me dijo ‘mira, te salió competencia’. Leí el cartel, y vi que era un aviso con mi página web. Y no era alguien organizado por nosotros ni mucho menos, era un señor que se inscribió por la página y este tema le preocupaba tanto que se puso a pegar carteles. Lo llamé para agradecerle”, cuenta.

Situaciones excepcionales

Lo que tiene claro Echeverría es que las acciones colectivas o de clase, como estas, no son algo que quiere hacer para siempre.

“Era raro meternos en esto. Siempre hemos defendido empresas, sobre todo en juicios de libre competencia, medioambientales, regulatorios técnicos. En acciones populares o de clase, nunca habíamos participado y probablemente, nunca vamos a participar de nuevo, porque no es nuestra área, y además viendo el tiempo que toma, tampoco”.

En el currículum del abogado se ve que trabajó en Claro y compañía, donde durante 10 años vio temas de libre competencia, litigios y corporativos; estudió en Chicago un master en Derecho y trabajó un año en Shearman & Sterling en EEUU. Hasta que en 2015 fundó junto a otros ex Claro su propia oficina.

Otros casos que han visto ahí es la defensa de Enap en la denuncia por daños al medio ambiente en Quintero.

“Desde el principio fuimos sus abogados y era un caso donde había una condena pública transversal, y en casi tres años hemos rendido una prueba súper dura técnicamente para probar que la contaminación no venía de ahí. Obtuvimos un fallo de la justicia ambiental donde se revocaron actos de la Superintendencia de Medio Ambiente y se le condenó en costas”.

Con lo de rentas vitalicias en que están ahora, pasa algo similar. “En la página web decimos, para ser muy transparentes, que es súper difícil que lo logremos, porque no hay precedentes de recursos de protección que paralicen un proyecto de ley. Pero la verdad es que situaciones excepcionales, requieren medidas excepcionales”.

Por último, sobre la columna de opinión del abogado Cristóbal Eyzaguirre, que lidera la defensa de la aseguradora Confuturo y Consorcio por el eventual segundo adelanto de rentas vitalicias, y que puso sobre la mesa la alternativa legal para perseguir personalmente a diputados y senadores que aprueben el proyecto por su responsabilidad, Echeverría, quien trabajó con Eyzaguirre en su paso por Claro, cuenta que han tenido que explicar que el recurso de protección no es para recuperar perjuicios, ni demandar directo a los congresistas.

Aunque no es algo que ha estudiado, porque está concentrado en este recurso, señala que “hay un principio básico del Estado de Derecho y es que uno es responsable de sus actos. Aquí llama harto la atención que, siendo que los expertos dicen que esto va a provocar un perjuicio directo a personas determinadas, suena razonable que esa gente que toma esa decisión a sabiendas, sea responsable de sus actos”.