Fue, en parte, por las películas y los libros. Felipe Sepúlveda Araya decidió estudiar Derecho por las historias de abogados con casos emblemáticos, esos que llegan a un juicio oral con importantes repercusiones. Y de alguna manera, lo logró: es el persecutor detrás de distintas causas emblemáticas que han llegado a la justicia, como el supuesto vaciamiento patrimonial por el que se acusa por estos días al empresario Álvaro Saieh.

Este 2023 Sepúlveda cumple 20 años en el Ministerio Público. Sus cercanos lo definen como alguien de bajo perfil y, sobre todo, que disfruta de investigar, una tarea que ha tenido que minimizar desde que llegó a liderar la fiscalía de Las Condes, en abril de 2022, después de haber pasado cuatro años en la oficina de Alta Complejidad Oriente.

A pesar de que ahora tiene que complementar sus indagatorias con el trabajo de escritorio, su nuevo rol tiene un beneficio: puede elegir los casos que a él más le gustan. Así llegó a la causa de Saieh, que es blanco de una serie de acusaciones (entre ellas celebración de contrato simulado y vaciamiento patrimonial) por cinco compañías. La acción judicial comenzó en enero con la gestora de fondos MBI, y desde ahí se ha sumado el Grupo Indumotora -de la familia Avayú-, Exportadora Los Lirios, Comercial Asesorías e Inversiones Icalma, además de un grupo de personas naturales.

El trabajo de investigación, explican abogados conocedores de la causa, es arduo, considerando que -se proyecta- más firmas podrían interponer acciones judiciales en contra del empresario.

A pesar de que el caso todavía está en tramitación, Sepúlveda comenta a DF MAS que ya podría considerarse “emblemático”, porque está dirigido “contra un empresario muy conocido en el país, y, además, por una cuantía económica muy importante. Es mucha plata la que está en juego acá”.

Y complementa: “(Es complejo, además) porque tengo que agregar antecedentes que están en una jurisdicción extranjera, porque Álvaro Saieh (a través de CorpGroup Banking) realizó un Chapter 11 en Estados Unidos. Todo eso lo hace un caso particular y desafiante”.

Penta, Chang, Urenda y Swell

Felipe Sepúlveda egresó de Derecho en la Universidad de Chile en 2001 y decidió entrar a Grasty Quintana Majlis. Dos años después, cuando recién se estaba implementando la Reforma Procesal Penal, postuló al Ministerio Público. Debutó en la Fiscalía de Rancagua, para luego, en 2005, volver a la Región Metropolitana a la Fiscalía Oriente. Desde ahí, ha pasado por distintas oficinas: Providencia-Ñuñoa, La Florida, Macul, Alta Complejidad y, hace unos 11 meses, Las Condes. Ahí, ejerce como fiscal jefe y tiene a cargo un equipo de más de 65 funcionarios.

Antes de asumir su actual puesto estuvo en la terna de nueve candidatos para liderar la Fiscalía Metropolitana Oriente, luego de que Manuel Guerra presentara su renuncia. Finalmente, Jorge Abbott designó a la persecutora Lorena Parra. Consecuentemente, Sepúlveda la reemplazó en su jefatura en Las Condes.

La mayoría de los casos económicos que cruzan esta oficina son revisados por Sepúlveda, quien “ya está entrenado”, explican sus amigos, en todo lo que tiene que ver con estafa, asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y administración desleal.

Colegas de Sepúlveda comentan que algunas influencias profesionales fueron Manuel Guerra y Carlos Gajardo. Con el primero -que ocupaba el puesto de fiscal regional Metropolitano Oriente- investigó el Caso Penta, contra Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. 

Con Carlos Gajardo, cuando él ocupaba la jefatura de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente (después Sepúlveda lo reemplazó), indagaron la estafa de AC Inversions, una de las más grandes de Chile (los montos en el fraude superaron los $ 60.000 millones). En 2018, el persecutor logró una condena de cinco años de cárcel al líder de la compañía, Patricio Santos, algo que pocos fiscales han logrado para delitos económicos.

En paralelo, ha investigado otras causas de alto perfil, entre ellas la estafa del Grupo Arcano, de Alberto Chang; los sobornos de Sergio Jadue; y los casos Tragamonedas e Intervalores, el holding financiero de Gabriel Urenda. También ordenó la expulsión del Ministerio Público de la hija y el yerno del general en retiro Óscar Izurieta, luego de haber sido sindicados como responsables de haberlo ayudado a desprenderse de bienes de origen ilícito.

Una de sus últimas pesquisas fue el Caso Swell, una estafa que estalló en 2021 y que afectó a inversionistas de la firma. Sepúlveda comenzó a indagar el caso, hasta que quedó en manos del fiscal José Ignacio Reyes. Pero el año pasado volvió a tomarlo: “Yo formalicé a Octavio Gamboa, estuvo preso una semana. Es un caso complejo, súper difícil, por todas las operaciones que se hacían, como los forwards y garantías”.

“De repente nos inhibimos”

Desde que comenzó como fiscal, dice Sepúlveda, le han recomendado hacerse cargo de los casos económicos. “Siempre me pareció interesante porque estos delitos son difíciles de investigar y acreditar. Los jueces, en general, exigen un estándar muy alto de pruebas, además las penas no son muy altas. Entonces tiene harta problemática. Estos casos se tramitan años, y después resulta que las penas son bajas”, comenta.

Pero eso, indica, es una percepción básica del delito económico. “Con el correr del tiempo ha cambiado un poco, ya no es tan así”.

No obstante, agrega: “Todos tienen claridad que las penas que actualmente rigen para esta clase de delitos probablemente no son las que la sociedad requiere. Hace 10 años nadie hablaba de esto, daba un poco lo mismo, pero hoy, a nivel de opinión pública, la gente quiere que las personas que comenten desfalcos relevantes sean sancionados con penas importantes, acordes al perjuicio producido”.

Y complementa: “El desafío nuestro es ir tratando de obtener mejores resultados. En general desestimamos mucho los casos económicos, puesto que a veces nos gana un poco la inercia. Cuando vemos que son tan difíciles, tan complejos de investigar, con tantas diligencias, algunos dicen: ‘mejor me voy a preocupar del robo, que es más importante’. Y a veces debemos atrevernos un poco más. De repente nos inhibimos porque creemos que el caso no va a llegar (a una condena), pero a veces nos va bien. Entonces, creo que hay que apostar por los delitos económicos importantes y llevarlos a los tribunales”.