Victoria Alonso (49), agrónoma, recuerda perfecto ese mail que le llegó en 2008 cuando trabajaba en la sede chilena de la ONG estadounidense The Nature Conservancy (TNC). "Mañana tienes que sacar a pasear a esta señora que le gustan los pájaros", leyó. El nombre "Wendy Paulson" no le dijo mucho. La googleó: la mujer del entonces Secretario del Tesoro de EEUU, Henry Paulson, que estaba con él de visita en Santiago.

A la mañana siguiente la pasó a buscar al Ritz y la llevó hasta la Laguna El Peral en Las Cruces a ver el sietecolores, un ave que le encantaba a la visitante. En el camino de regreso -tenía que dejarla antes de la 1:30 de la tarde en la casa de Ricardo Lagos- le contó sobre un proyecto en el que estaba trabajando: armar un incentivo económico para fomentar la conservación privada en Chile. Paulson, fundadora de Bobolink Foundation, dedicada por más de 30 años a lo mismo, le dice que hablará con su marido. Al día siguiente, Victoria recibió una llamada del Ministerio de Hacienda citándola a una reunión.

Partió a Teatinos 120 y le contó a Andrés Velasco del proyecto que estaba desarrollando. El ministro, cuenta, "compró la idea", le asignó a Héctor Lehuedé de asesor tributario y la ayudó a llegar al Congreso. Ese fue el inicio de la creación del Derecho Real de Conservación (DRC), la herramienta legal que recién utilizó Colbún para establecer a perpetuidad la conservación de 430 hectáreas en la región de Puerto Montt.

Detrás de la iniciativa de la empresa, estuvo Victoria.

Después de trabajar 7 años en la Conama, hoy Ministerio de Medioambiente, y tras dos años en Edimburgo donde se especializó en sustentabilidad, Victoria Alonso aterrizó en TNC. "A los gringos", recuerda, "les llamaba la atención que el sector privado en Chile tuviese tan poco rol que jugar en materia de conservación". Y le encargaron -junto al jefe de la oficina de NY de la entidad Henry Tepper- entender la razón.

Para hacerlo partiron por conversar con personas clave que pudieran abrir ciertas puertas en la materia. Michael Grasty, que en ese momento presidía Amcham, se unió al grupo; el abogado Rafael Asenjo hizo el link con las políticas públicas y Marcelo Ringeling, con el mundo empresarial. Entonces en ese grupo inicial saltó una alerta: "Si alguien en Chile es dueño de un campo, puede hacer un montón de cosas, pero no conservar. La única manera de hacerlo es creando un santuario de naturaleza que te involucra en una relación con el Estado que muchas veces puedes no querer", reflexionaron.

La respuesta: había que crear un mecanismo legal que permitiera no solo el uso y goce de las tierras, sino también su mantención a perpetuidad. La iniciativa que crearon premiaba a quienes usaran bien el DRC a través de incentivos tributarios. "Ese segundo proyecto no entró al Congreso porque nos recomendaron tramitar los proyectos por separado. Ahora estamos trabajando en él", explica.

En el camino, los gringos le hicieron ver también que debía existir una ONG que funcionara como garante del proceso. "Mucha gente tiene imágenes de ONG ambientales como organizaciones ciudadanas combativas, conflictivas, que si bien cumplen un rol muy importante, nosotros creemos que es también importante que exista una institución con otro perfil para generar confianza en esa relación que es, quizás, para siempre", explica.

Así, en 2012 nació la Fundación Tierra Austral, el primer "Land Trust" del país, donde hoy trabajan de planta siete personas. El directorio lo integran Kathleen Collins Barclay, directora de Amcham; Guillermo Donoso, director en el International Water Resources Association; Alejandro Orizola, del Forest Park Conservancy; Marcela Rentería, directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de Harvard, Rand Wentworth, expresidente del Land Trust Alliance; además de Grasty y Asenjo.

Los tiempos en medioambiente son lentos. La tramitación del DRC demoró 8 años, y el acuerdo de Colbún tomó 5 años en concretarse. Si bien la eléctrica es la primera empresa que hace uso de la ley a esta escala, hay muchas otras iniciativas privadas que se desarrollan con total hermetismo, asesoradas por Alonso.

En la costa de la zona central, por ejemplo, Tierra Austral está impulsando un proyecto para armar un cordón de áreas protegidas por la Cordillera de la Costa que va desde el parque El Boldo de Zapallar hasta los Altos de Cantillana en Aculeo. Entre medio, cuenta, hay una lista de 45 familias que tienen propiedades desde 30 hasta 2 mil hectáreas -una de ellas es un tercio de una comuna- que quieren proteger frente al avance de la ciudad y de la agricultura. La ONG los ayuda en los estudios de caracterización ecológica, en la topografía, incluso en los estudios de título.

Además, están en conversaciones con algunas viñas como Emiliana, Arboleda y Concha y Toro para cuidar los alrededores de éstas.

¿Cuanto falta para que los proyectos se concreten? "Cuando nos entrenamos en EEUU nos enseñaron que desde que una persona te dice 'sí, me interesa', tienes que prepararte para tomar 60 tazas de té con ella", señala Victoria, y adelanta que a fines de año habría "dos o tres noticias buenas en proyectos muy importantes para la zona central".

Dice que en pandemia y pese al encierro, semanalmente reciben llamadas de al menos cuatro personas que tienen la inquietud de conservar. Muchos privados creen que proteger especies implica que les van a expropiar, señala, "¡Y no es así! Botemos estas barreras de que o lo hace el Estado o lo hace un millonario. ¡Hay miles de oportunidades para preservar!", remata.