El 22 de diciembre pasado, Alejandro Villablanca (59) tomó un avión desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez, rumbo a Estados Unidos. Era habitual que el ex dueño de Supermercados Alvi viajara hacia Miami, ciudad en la que, quienes lo conocen dicen que tiene un departamento. Solo que esta vez, nada se ha sabido de su paradero y, según los registros de Policía Internacional, no ha vuelto a pisar suelo chileno.

Al día siguiente de su viaje, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago dictó una orden de detención en su contra por giro doloso de cheques en el marco de una querella presentada por Eurocapital.

Pero esta era solo la punta del iceberg de una seguidilla de querellas que desde esa fecha se han presentado en su contra. La mayoría por giro doloso de cheques, pero también una por estafa y apropiación indebida y otra donde aparece como el principal responsable de una estafa presuntamente urdida en conjunto con uno de sus proveedores. 

Según cercanos al empresario, fue su negocio Supermax, un supermercado mayorista que alcanzó a tener tres locales repartidos en Quinta Normal, Puente Alto y Melipilla, lo que llevó a Villablanca a su fin en el mundo de los negocios. 

El estallido social de octubre de 2019 jugó su parte en esta historia. Tras el cierre de locales comerciales en Puente Alto, Supermax fue de los pocos supermercados que siguieron operando en esa zona. Eso, indican quienes conocían de cerca los movimientos del empresario, lo llevó a aumentar sus ventas de manera considerable durante 2020 y 2021. Según registros públicos, con sus tres locales, Supermax llegó a vender 1,81 millones de dólares al año.

Pero el segundo aniversario de la revuelta social cambiaría su suerte: el 19 de octubre de 2021 su local de Bajos de Mena fue saqueado e incendiado. “Se llevaron hasta las cañerías de los muros”, cuenta una persona que vivió de cerca ese incidente. 

Desde ahí en adelante, todo fue cuesta abajo. El empresario dejó de pagar a sus proveedores y éstos, que factorizaban las facturas de Supermax, comenzaron a tener problemas con las empresas de factoring. 

Operaciones imaginarias

Sin embargo, lo que llama la atención es que Villablanca, en vez de declararse en insolvencia, siguió comprando abarrotes y endeudándose cada vez más. Hasta que se hizo insostenible. 

El 16 de noviembre, Eurocapital presentó la primera querella en contra del empresario por un monto cercano a los $ 160 millones de cheques sin fondo. El 1 de diciembre fue Factor Plus, por un total de $137 millones.

Después vendría Arrayán Factoring el 24 de diciembre, Servicios Financieros Progreso el 27 de ese mismo mes. El 10 de enero de 2022 se presentó la querella de Tanner, por cerca de $ 488 millones. El 27 de ese mes fue 7 Cumbres Factoring y luego Interfactor  el 14 de febrero pasado. 

Villablanca solo pudo ser notificado en las dos primeras causas, pero no se presentó a ninguna de las citaciones del juzgado. 

Uno de los abogados detrás de estas querellas, explica que es poco lo que se puede hacer para perseguir este delito cuando el querellante no comparece y no se encuentra en el país. Además, el giro doloso de cheques prescribe en el plazo de un año desde la fecha del protesto. 

Sin embargo, la situación de Villablanca podría complicarse. El 15 de febrero pasado, Tanner Servicios Financieros presentó una querella contra quienes resulten responsables por el delito de estafa y apunta a Alejandro Villablanca y a Fernando Duarte Quintanilla, dueño de Comercializadora San Pablo.

El documento pide que "se investigue si las facturas emitidas por San Pablo corresponden a operaciones o negociaciones imaginarias” y apunta a que Supermax SpA, “habría aumentado desmedidamente su facturación con otros proveedores, en lo que aparentemente, por su propio volumen no obedecería a operaciones reales, lo que ha derivado en un incumplimiento sostenido de pagos, cuyo monto estimado asciende al valor de 4.400 millones de pesos”.

Al respecto, el abogado de San Pablo, Luis Alberto Zúñiga, indica que le parece “temeraria” la querella de Tanner. “Nunca hemos querido desconocer la deuda, hemos conversado con Tanner para pedir prórrogas en el pago. No sé cómo quieren acreditar una estafa”, agrega. 

A todo lo anterior se suma una querella de la misma Comercializadora San Pablo contra Villablanca, su mano derecha Cecilia Yáñez Gamboa y su hija Pamela Villablanca por estafa y apropiación indebida. El litigio apunta que el empresario se habría apropiado de los $ 3.200.000 que les adeuda por venta de mercadería. 

Ninguno de los tres querellados pudo ser contactado por este medio. 

Negocios peligrosos

Alejandro es el mayor de los tres hermanos Villablanca Rojas, hijos de Máximo Villablanca y Guillermina Rojas. 

Comerciantes de Lo Valledor, el negocio familiar consistía principalmente en la distribución de leche de marca Soprole. Cuando Alejandro tenía cerca de 18 años su padre quebró, lo que llevó al primogénito a entrar en el negocio familiar. Después lo harían Máximo y Guillermo, el único de los tres que terminó su carrera universitaria de abogado. 

Los tres hermanos empujaron el negocio de distribución hasta que en 1996 crean la cadena mayorista Alvi. Salieron de Lo Valledor y entraron en el eje Santa Rosa. 

En un principio, se trataba de una bodega y no contaban con sistemas de inventario ni gestión. Pero ya a inicios del 2000 comenzaron a profesionalizar la cadena. Así, cuando en 2005 D&S compró el 35% de Alvi, ya contaban con 12 locales ubicados en distintas partes de Santiago.

Sin embargo, para ese entonces Alejandro ya no estaba dentro del negocio familiar. Aunque en un principio fue él quien estuvo a la cabeza de la retailer, luego de una serie de diferencias con sus hermanos, el mayor de los Villablanca decidió salir de la administración y del directorio para dedicarse a otros proyectos. “Fue una lucha bien dura entre los tres y terminan cortando relaciones”, dice un ejecutivo que vivió el quiebre. 

Perú fue el destino del mayor de los dueños de Alvi. Alejandro inició allá su propio proyecto: Autoservicios Mayoristas del Pacífico (Amapsa), una compañía cuya marca comercial era Mercalíder. Llegó a tener cuatro tiendas en Lima, pero cerró los resultados no fueron los esperados y cerró en 2010. 

Luego vendrían diversos proyectos inmobiliarios, entre ellos uno en conjunto con BCI Asset Management. En 2013 Villablanca firmó un acuerdo con la administradora y en conjunto levantaron un fondo de US$ 80 millones entre clientes de alto patrimonio del banco orientado a la inversión en centros comerciales, principalmente strip centers.

Pero los resultados fueron nefastos. Tanto así que en los dos primeros años de operación, los aportantes habían perdido dos tercios de sus fondos. BCI tuvo que intervenir y se responsabilizó a Villablanca el mal manejo de la administración del fondo, quien terminó saliendo del negocio.

Así fue como el empresario terminó por volver al negocio supermercadista. En 2017 fundó Supermax, el negocio por el cual está hoy en el ojo del huracán. 

La servidumbre que no era

Quienes han trabajado con Alejandro Villablanca, dicen que no les extraña que esté involucrado en negocios dudosos. “Es una persona que no tiene escuela, de ética cuestionable y muy errático en su manera de hacer negocios”, comenta un ex trabajador. 

Por lo mismo, no es de extrañar su actual situación judicial no sea algo nuevo en su historia. Desde mediados de 2020 el empresario se encuentra querellado por otra causa. Todo porque en 2018, a través de la sociedad AVR Limitada, cedió 19 lotes a la empresa de transmisión eléctrica Eletrans para la construcción del primer tramo de la línea “Nueva Maitencillo-Punta Colorada-Nueva Pan de Azúcar. 

Por esa operación, Eletrans pagó en efectivo al empresario poco más de $ 200 millones. Sin embargo, una vez que la empresa eléctrica quiso hacer la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, se encontró con que Villablanca había vendido dos meses antes del contrato, los terrenos a la sociedad Emprender Capital Leasing SpA. 

De ese entonces, la causa sigue abierta y Villablanca se ha negado a devolver los $ 220 millones. 

El abogado de Villablanca en ese litigio y quien, según reconocen cercanos al ex dueño de Alvi, ha operado por años como asesor de cabecera de éste, es Roberto Zúñiga, socio del estudio Zúñiga y Compañía. Consultado por DFMAS, dijo que ya no trabajaba con Alejandro Villablanca y que desconocía su paradero.