Un arraigo preventivo, dictado por 60 días y que vencía el 6 de abril, fue la razón de que este lunes, sorpresivamente, a primera hora de la mañana, se presentaran efectivos de la PDI a los diversos domicilios de los protagonistas del bullado caso Factop.

Esta acción derivó en la detención de los que serían los seis imputados en una maratónica audiencia de formalización que se desarrolló por tres días -entre lunes y miércoles-, en contra de Alberto Sauer y sus hijos Daniel y Ariel Sauer; Rodrigo Topelberg; el ex gerente general de la corredora STF Capital, Luis Flores, y el abogado Darío Cuadra.

En paralelo, se liberó la carpeta investigativa del Ministerio Público (MP) sobre el caso. Allí hay 15.431 hojas, con infinidad de diligencias, declaraciones, peritajes, informes y correos, que se suman a las cerca de 20 horas de aquella extensa audiencia en que la Fiscalía describió nueve “hechos”. Sólo los hermanos Sauer están imputados en todos ellos, y quedaron con prisión preventiva.

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De ambas fuentes emerge una enormidad de detalles del caso. La fiscalía situó un perjuicio de tipo patrimonial -esto es privado, sin incluir aspectos fiscales-, por unos $ 12 mil millones, unos US$ 13 millones.

Más que el “robo del siglo”, se aludió en la audiencia, apuntando al atraco ocurrido en el aeropuerto de Santiago, en 2014, y que significó unos US$ 6 millones.
¿Qué ocurrió realmente en este entramado financiero? ¿Cómo se complejizó aún más al conocerse el audio en el que los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos hablan con Daniel Sauer sobre sobornos? Por supuesto, como en todo conflicto, está lleno de discrepancias.

Los inversionistas: ¿Quién
ganó y quién perdió?

Según el MP, el primer grupo de hechos se relacionó con la invasión al giro bancario, por actividad de captación de fondos. Especifica que Alberto Sauer convenció a parte de su círculo de entregar grandes sumas de dinero a Factop, y que esta fue promocionada como una empresa solvente, con un elevado número de operaciones y negocio de factoring, ofreciendo una rentabilidad de entre 0,5 a 2,5% mensual. En total, la Fiscalía presentó el caso de 14 inversionistas, todas personas naturales afectadas.

Sin embargo, desde la defensa de los Sauer, que lidera el abogado Octavio Sufán, la lectura es distinta. Con 20 años de funcionamiento de Factop, desde 2003, esta parte plantea que los inversionistas recibieron del orden de $ 60 mil millones -unos US$ 60 millones-, “más de 10 veces el robo del siglo”, preguntándose además por qué esos inversionistas fueron a Factop y reinvertían, en vez de ir a cualquier banco de la plaza. “Aquí no hay ni justos, ni pecadores. Podrían haber ido al Itaú o al BCI. ¿Por qué Factop? Porque evidentemente les resultaba rentable. Ninguno tenía un interés mafioso”, según dijo esta defensa, que planteó que fue el audio el que produce la estampida y el default. “Factop no operó por 20 años por obra y gracia del Espíritu Santo”, dijo.

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Este rol de los inversores no pasó desapercibido y también reparó en él la jueza de garantía, María Carolina Herrera, quien alertó que “las víctimas se someten a un riesgo”.

El inicio del caso: ¿Bomba
subatómica? ¿Atómica? ¿Capa
de superhéroe? ¿La CMF?

Para convencer de su no participación en los hechos, la defensa de Rodrigo Topelberg puso sobre la mesa -naturalmente desde su mirada- cómo se inició el caso y enumeró una lista de acciones desplegadas para instalar que hasta antes de la querella interpuesta por Topelberg, el llamado caso Factop no existía. “Hasta antes de la querella de Rodrigo Topelberg había sólo la querella de Galibo (alude a una firma de arquitectura que remodeló gimnasios Energy Fitness). Si esta causa existe como Factop es por Rodrigo Topelberg. El caso Factop es el caso denunciado por Rodrigo Topelberg. Antes era el caso Galibo”, apuntó su abogado Alejandro Awad.

Cronológicamente -según este relato- los hechos ocurrieron así: el famoso audio se graba el 22 de junio y le llega tres días después, enviado por María Leonarda Villalobos “a la mujer de nuestro cliente”.

“Todo esto fue nuevo, las facturas falsas. Le llevábamos ventaja al Ministerio Público porque nos había llegado el audio”, describe Awad, enterándose ahí su cliente de que el negocio era una “máquina de facturas (…) Era una bicicleta (…) Lo conocimos en el audio el mecanismo”, enfatiza. Así, el 31 de julio, recalcó su abogado, es Topelberg quien presenta una querella, la “bomba subatómica”, como la denominó el jurista, empezando el germen del caso Factop.
Y allí reveló acciones que siguieron: el 2 de agosto el otro abogado del equipo, José Coz, se puso en contacto con José Antonio Gaspar, director general jurídico de la CMF, y -relata Awad- le alerta: “Los señores Sauer se irán del país a la brevedad (…) Es vital que estas personas no se arranquen”, reproduce.

Y luego viene lo que Awad denomina la “bomba atómica”, la ampliación de la querella, el 3 de agosto. “Recién ahí tenemos el caso Factop”, enfatiza Awad. Según su relato, se ponen en contacto con la Fiscalía y el 10 de agosto alertan que “un allanamiento a Factop pareciera urgente”, el que -dice- ocurrió recién en febrero de 2024, seis meses después. “Les dijimos: ‘Están borrando evidencia’”. También señala que el 4 de agosto le habían pedido a la Fiscalía que decretara una alerta preventiva -en pos de asegurar el arraigo-, la que se dio recién en febrero pasado. “Nosotros tratamos de colaborar en exceso”, postuló Awad, quien continúa relatando que presentaron una denuncia ante el SII el 18 de agosto, “antes que la Fiscalía, que remitió los antecedentes en septiembre”, dijo.

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Por supuesto la visión desde la defensa de los hermanos Sauer es distinta, siendo profundamente crítico su abogado Octavio Sufán del rol que tuvo la grabación (que luego se filtra) del audio hecha por Leonarda Villalobos en todo esto. Cuestionó que en más de 15 mil páginas ni el 1% abordara esa otra arista. Dijo que había vicios, una “investigación selectiva” y cuestionó que este ángulo investigativo haya estado totalmente ausente en este debate. “Ese audio releva información privada, confidencial, en un ambiente contenido, y que ha sido utilizado de manera espuria (…) Se empieza a articular una actitud defensiva, (poniéndose) capa de superhéroe (...) Aquí hubo una grabación espuria de una abogada para obtener una ganancia”, retrucó Sufán.

La abogada querellante de clientes afectados, Catherine Lathrop, apuntó en otra dirección sobre el origen de todo: afirmó que el caso se inició cuando los auditores no firmaron los estados financieros de STF Capital, y con la investigación que comenzó la CMF, cuyo primer hito ocurre en marzo 2023, con la suspensión de la corredora.

También el fiscal Felipe Sepúlveda contraargumentó señalando que aquella querella (de Topelberg) era para desvirtuar responsabilidad, y habló de una “estrategia calculadamente diseñada para atribuirle responsabilidad a otros”.

Los bienes, las casas
y las devoluciones

Para el defensor de los Sauer -que sitúa la “estampida” a raíz del audio-, la intención de sus clientes “ha sido siempre pagar”, dijo. Y enumeró un largo listado de bienes inmuebles, propiedades, estacionamientos, bodegas, oficinas y departamentos, incluso las respectivas casas donde viven los hermanos, que estaban dispuestos a ofrecer, así como propiedades de las sociedades Inversiones Das y Ziko. Resaltó, por ejemplo, que el padre de estos hermanos, Alberto Sauer, quiso poner “su departamento”, por 25.600 UF; Ariel “su casa”, por 49.000 UF, lo mismo que Daniel, “su casa”, por 49.000 UF, más otro departamento por 11 mil UF. “La mejor intención de los señores Sauer era aportar todos sus bienes”, dijo el abogado.

Las facturas: “Trabajar
más y preguntar menos”

En el expediente existe un conjunto de declaraciones de varios ejecutivos y trabajadores de Factop -y de otras compañías relacionadas-, que detallan los roles y cómo operaban las facturas.

El 20 de marzo de este año testificó Francisco Castillo Hernández -contador auditor, quien trabajó en Factop- y relató que se hacían operaciones de factoring, con facturas o cheques, y se generaba una carpeta de un cliente. “Se la pasaban a Ariel Sauer, que daba el visto bueno. Era él quien cerraba el negocio (…) En el piso había un showroom con vestuario en exhibición de Ziko, estaba a cargo de Cindy Sauer”.

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Y añadió: “Puedo señalar que por instrucción de Ariel Sauer se confeccionaban facturas de Ziko, Das, Guayasamín y Baby Play, desconozco a quiénes se emitían (…) Planteé la situación a Ariel Sauer por el tema de las facturas, al ver que había facturación que no correspondía al giro de los negocios, y éste me indicó que debía trabajar más y preguntar menos”.

Jorge Pérez Guzmán, un contador auditor independiente que trabajó para Factop, testificó al día siguiente, el 21 de marzo, y contó lo que vio. “Vi como externo que se emitían facturas de sus propias sociedades y llegaban a Factop como una operación, que luego se refactorizaban. Daniel o Ariel Sauer daban instrucción a María José Cáceres de emitir, por ejemplo, 100 millones de facturas (sic) y ella le decía a Ayen o Gabriel Contreras que facturasen. Lo hacían, llegaban al proceso contable y se iban a un factoring antes de las 14 horas. Luego, el factoring les daba el dinero de esas facturas que eran obviamente falsas. Con esa caja pagaban a los inversionistas, sus obligaciones, etc. Esa entiendo era la bicicleta que no pudo seguir hasta lo que pasó con STF”. El contador agregó en otro acápite: “La contabilidad era un despelote”.

María José Cáceres, quien trabajó en Factop y había testificado el 6 de febrero, señaló: “Cuando entraba una factura, la evaluaba Daniel, Ariel Sauer o Rodrigo Topelberg (…) Daniel Sauer era quien indicaba si la factura recibida era derivada a otro factoring. En su mayoría las facturas se refactorizaban (…) Rodrigo Topelberg realizaba trasferencias y era quien manejaba todos los token para hacer transferencias”.

Otro trabajador, Ayen Lipian, un técnico en contabilidad, testificó el 25 de marzo, y contó que reemplazando a otra trabajadora, Daniel y Ariel Sauer le dieron instrucciones verbales para que facturara. “Estas instrucciones eran: factura de tal monto a tal persona. Las facturas que realicé a petición de los gerentes Daniel y Ariel Sauer fueron desde Textil Ziko (…) Dichas facturas no contaban con el procedimiento que yo acostumbraba hacer al principio, que era cotejar la información con bodega o el showroom”.

Lipian explica que a propósito de que comenzó a estudiar Auditoría, le explicaron en clases lo que no se podía hacer, como que no se podía emitir una factura a una persona que realmente no hubiera comprado, “asociando de inmediato lo que yo hacía en la empresa Factop, a solicitud de Ariel y Daniel Sauer, porque no se vendía el listado de productos existentes (…) Recuerdo que coloqué camisas y el showroom no tenía camisas porque era solamente vestuario de mujer y además no se encontraba en el listado de prendas que estaban a la venta (…) También recuerdo que Daniel Sauer, quien era quien tenía más contacto con nosotros, me dijo que facturara productos Covid, a lo cual consulté ¿qué productos?, respondiendo que buscara mascarillas, antígenos, busca!!! (…) Igual facturé desde la empresa Guayasamín. Al principio me dijeron que colocara ‘asesorías’ (…) A diario yo hacía por empresa (Guayasamín y Textil Ziko) alrededor de 13 facturas”.

Según dijo en la audiencia el defensor de Rodrigo Topelberg, Alejandro Awad, éste tenía los token para hacer las transferencias, pagaba los sueldos, pero “no sabía cuál era la operación subyacente”.

De la vereda contraria, Octavio Sufán enfatizó que Topelberg -un ingeniero en ejecución en administración de empresas- era el director comercial y management de Factop. “No eran los señores Sauer que actuaban a espaldas de él. No ha habido engaño ni para acá ni para allá”, apuntó.

¿Qué rol cumplía cada quién?

Según declaró Jorge Pérez Guzmán, los roles ejecutivos eran los siguientes: Ariel Sauer era el gerente comercial; Daniel Sauer era gerente, “no tuve muy claro su función”, y Rodrigo Topelberg “para mí fue siempre un externo porque iba poco a la oficina. Rodrigo Topelberg tomó protagonismo con el tiempo estando a cargo de la visación de las cajas chicas, de transferencias bancarias, de sueldos y de pagos, además veía temas administrativos de oficina”, dijo.

Según María José Cáceres, Ariel Sauer veía la parte de estructura de Factop, “que todos los papeles estuvieran en regla”; Daniel Sauer, la parte comercial, y Rodrigo Topelberg “participaba, pero directamente con los hermanos Sauer, siempre estuvieron los tres en la misma oficina (…) Cada vez que entraba un cliente eran atendidos por Daniel, Ariel y Rodrigo Topelberg”.

Francisco Castillo Hernández dijo que la gerencia general entregaba el 80% de la información, principalmente Ariel Sauer, con conocimiento de su hermano y Rodrigo Topelberg. “Cuando se tomaban decisiones eran siempre los tres quienes se ponían de acuerdo (…) Todas las comunicaciones eran 99% verbales”. Sobre la situación de la corredora STF Capital en específico, señaló: “Topelberg siempre supo de esta situación de manipulación de índices, debido a que sus cheques de empresas o personales entregaba a STF para poder calzar los índices antes de las 14 horas, al otro día de haber facilitado sus cheques, solicitaba su devolución. Rodrigo Topelberg era quien autorizaba las transferencias, todo estaba concertado entre Ariel y Daniel Sauer”.

La CMF no sancionó a Topelberg en esta arista STF.

Pagarés y reconocimientos de
deudas: los Jalaff aludidos

En sus tres declaraciones como imputado, el abogado Darío Cuadra, quien estuvo a cargo hasta el 31 de mayo de 2023 de la asesoría legal corporativa -aunque nunca en los temas contables o tributarios, dijo-, reconoció que generó un vínculo cercano con los Sauer, y abordó en extenso la relación de éstos con los hermanos Jalaff y el Grupo Patio.

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“Sé que invirtieron en Grupo Patio y no sólo en la sociedad matriz, sino que también en fondos de inversión, como por ejemplo, en el Fondo Patio Oficinas II, del cual se jactaban de ser aportantes y, por ende, dueños indirectos del edificio corporativo de Patio”, dijo Cuadra el 10 de enero de este año, señalando que los primeros acercamientos que tuvo con este grupo fue por la relación que Daniel Sauer reconocía que mantenía con Álvaro Jalaff, que era “muy cercana”.

“Esta misma relación la mantenía con Rodrigo Topelberg. A Álvaro Jalaff le decían ‘Alvarito’”. Y agrega: “Daniel Sauer siempre contaba con mucho orgullo que era dueño de un porcentaje de Grupo Patio, se ‘vestía’ con esa empresa. Lo mismo en el caso de Rodrigo Topelberg, siempre se vanagloriaban de dicho activo”, señaló Cuadra en aquella primera declaración, indicando además el siguiente dato: “Sé que el señor Roberto Sumar Müller era deudor de Factop y pagó su deuda con acciones de sociedades que indirectamente controlaba el Grupo Patio. Lo mismo respecto a los señores Jalaff, a quienes durante enero de 2023 me solicitaron confeccionar un reconocimiento de deuda, donde Inversiones San Antonio, de propiedad del señor Antonio Jalaff, reconocía adeudar a Factop más de $ 4 mil millones”.

En su tercera declaración Cuadra profundizó aún más. Respecto de los “financiamientos a los hermanos Jalaff”, Cuadra dice textual: “Me consta que existían operaciones entre Factop y las empresas de Antonio y Álvaro Jalaff. En reiteradas ocasiones se me solicitó la confección de pagarés y reconocimientos de deuda entre Factop o sus empresas relacionadas y los hermanos Jalaff de manera personal o por medio de sociedades”. Detalla un reconocimiento de deuda solicitado por Daniel Sauer, de Inversiones San Antonio, de propiedad de Antonio Jalaff, a Factop, por $ 4.131.577.878, según consta en un correo del 11 de enero de 2023, describe el abogado.

La defensa de Topelberg también se refirió a este tema, a propósito de la medida precautoria que puso sobre acciones de Grupo Patio de los Jalaff, haciendo notar que éstos no hayan declarado, y explicitando que a su entender habría al menos “provecho del dolo ajeno, una interpretación bien caritativa a la luz del audio”, dijo Awad.

La arista tributaria:
9.970 facturas falsas, según MP

Una de las aristas planteadas por el MP es la afectación tributaria. Según el “hecho tres”, en jerga de la fiscalía -que no imputó en este punto ni a Rodrigo Topelberg ni a Luis Flores-, entre enero de 2021 a julio de 2023, los Sauer y Darío Cuadra, en tanto representantes de las sociedades Guayasamín, DAS y Ziko, facilitaron a más de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas por un total neto de $ 12.988 millones, y de $ 2.282 millones sólo por concepto de IVA.

Acá, el punto que hace la Fiscalía es que esas sociedades no realizan operaciones comerciales en la realidad y la finalidad de la emisión de sus documentos tributarios es facilitar que terceros contribuyentes rebajen las bases imponibles de sus impuestos.
Sin embargo, cuando correspondió el turno del SII en la audiencia, se dijeron otras cifras: entre 2021 y 2023, 16.141 documentos tributarios electrónicos falsos. “16 facturas falsas todos los días”.

Desde la defensa de los Sauer cuestionaron la imputación y se manifestaron sorprendidos con la “liviandad”, planteando que el ideal era que terminara la recopilación de antecedentes y, además, que se ha olvidado revisar las cuentas corrientes de quienes recibieron dineros. El abogado tributario, Pablo Araya, dijo: “Curiosamente el SII no ha pedido información a inversionistas, a diferencia del caso Chang, después de ocho meses”.