Una moneda al aire. Así se definirá el nombre del próximo presidente de Marina del Sol, el operador de casinos controlado desde 2008 en partes iguales por la familia Imschenetzky de Concepción, y el fondo de inversión con base en Toronto, Clairvest. 

El conflicto al interior de la empresa ha llegado a puntos álgidos. Y lo que alguna vez fue una excelente relación entre los socios, con visitas constantes desde Canadá a Chile, hoy está en punto muerto. En punto de quiebre, dice un conocedor. 

Un acta de directorio del 22 de mayo pasado da cuenta de las tensiones al interior de la mesa, con elección de nuevos representantes y sin poder lograr el acuerdo para designar un presidente. Por el lado del accionista chileno se propuso a Paula Rojas, mientras que Clairvest optó por su abogado de confianza en Chile, Michael Grasty. Pero no hubo acuerdo. 

El próximo 26 de julio es la próxima sesión de la mesa (ver recuadro), y si otra vez no hay acuerdo, lanzarán una moneda al aire supervisados por un notario. La suerte del cara y sello definirá al líder del casino. Nada más cercano a su rubro. 

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Un allanamiento que derrumbó todo

Buscando en el origen del conflicto, todas las fuentes lo remontan a la madrugada del 2 de agosto del año pasado, cuando efectivos de la PDI allanaron las casas del presidente de Enjoy, Henry Comber; el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm, y el presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, como parte de diligencias pedidas por la Fiscalía Nacional Económica. 

La alarma en Canadá se encendió de inmediato. El fondo tiene y ha tenido varias inversiones en casinos de juegos, por lo que sus políticas de compliance y cumplimiento son estrictas al respecto. Una acusación de colusión donde ellos se puedan ver involucrados era grave, y sobre todo teniendo a las autoridades de Canadá y EEUU encima. Por si fuera poco, tienen de aportantes a fondos de pensiones canadienses, de los más estrictos con esas políticas para contratar servicios. 

Pero cuando llamaron a su socio en Chile, la respuesta fue de sorpresa. Habría indicios de que los canadienses estaban al tanto de eventuales actos de organización en la industria, que terminó con Marina del Sol y Nicolás Imschenetzky Ebensperger acogiéndose a la delación compensada ante la FNE, por recomendación de sus abogados. 

Hasta ahora los documentos son confidenciales en todas las sedes legales donde están los involucrados, pero habría ciertos indicios de correos electrónicos y de mensajería instantánea por teléfono que darían cuenta de que los socios de Clairvest sabían de todo, o buena parte del entramado. Esa versión es negada tajantemente por el fondo de inversión, y justamente ese quiebre de las confianzas y de tratar de involucrarlos fue lo que hundió una relación de 15 años. 

Por eso, en abril activaron ante el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM) una demanda por incumplimiento del pacto de accionistas. Ambas partes se acusan de haber roto el contrato y le solicitan al tribunal que active la cláusula de salida (o call) y que obliga a que la otra parte venda su participación en la sociedad con un descuento de 20%. 

Esa arista podría tardar entre 18 y 24 meses en tener un resultado. 

Sin embargo, todo depende de lo que indique la FNE. Hasta ahora sólo se sabe que el organismo antimonopolio está investigando y ha citado a declarar a decenas de ejecutivos, además de pedir información extra a las compañías y otros actores.  

Finalmente, a quien acuse la FNE terminará por despejar qué pasa con el futuro de la sociedad. Si es sólo Imschenetzky el sancionado, para los canadienses se haría “más fácil” comprar la otra parte con descuento y luego hacer la salida de la inversión vendiendo el 100% de la propiedad. Pero ese camino tampoco se lo dejaría tan fácil el propio Imschenetzky, y optaría por un sinfín de vías para oponerse.

Otras personas dicen que el empresario penquista podría -según el precio- salir del casino y dedicarse a sus otros negocios inmobiliarios y de salud. 

Pero si la eventual sanción de la FNE ataca también al directorio -y con eso a los socios y ejecutivos de Clairvest- la situación se torna cuesta arriba para Canadá y nadie sabe qué podría pasar con el resultado del arbitraje en ese caso. La defensa del fondo es que ellos fueron engañados por su ex socio, y nada sabían de un supuesto acuerdo en la industria. Pero además, de ganar el arbitraje, pedirían resarcir la pérdida de valor que tuvo su inversión al verse involucrada la empresa en una colusión. 

Sin embargo, mientras esas resoluciones no llegan, aunque el día a día de los casinos que opera Marina del Sol siguen bien -operativa y financieramente-, sobre todo con gran recuperación post pandemia, los “proyectos estratégicos” no han podido avanzar. 

Por ejemplo, en mayo se presentaron las ofertas para competir por administrar el casino de Antofagasta, y aunque Marina del Sol tenía visto un terreno, y desarrollado un análisis acabado para hacer una oferta, el directorio no lo aprobó y no se presentaron. Las únicas ofertas que recibió la Superintendencia del ramo fueron de Enjoy y Dreams. 

Tampoco han podido avanzar en los proyectos de inversión para adaptarse al juego online si es que se aprueba la nueva legislación en Chile, o concretar el tan anhelado arribo a Perú. 

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La arista laboral 

Cabe recordar que el tema se hizo público luego que Diario Financiero publicara documentos de un juicio laboral del ex director ejecutivo del casino, Juan Francisco Muñoz, quien pide más de $ 4.750 millones a su ex empleador por distintos incumplimientos del contrato más indemnización.

Sin embargo, además de Muñoz, en enero de este año salieron de la empresa Alejandro Rivera, de Recursos Humanos; Patricio Lagos, gerente de Finanzas, y Fernando Dittus, subgerente de control de gestión.

Con Lagos y Dittus, Marina del Sol llegó a un acuerdo “sin reconocer fundamento alguno a la demanda y otorgándose las partes finiquito, sin involucrar en ello las acciones penales que se encuentran ejercidas y seguirán su curso”. Eso quiere decir que contra Muñoz, Rivera y Lagos se sigue adelante la querella por delito informático, por haber sacado material sensible de la compañía cuando los desvincularon.

El acuerdo con Lagos y Dittus fue por entre 6% y 7% del monto demandado que habían pedido, y que eran de más de $ 100 millones. 

Pero dentro de los documentos que Muñoz adjuntó en su demanda, estaba el famoso informe del abogado de libre competencia del casino, Javier Velozo, que recomendó delatarse porque habría “comunicaciones intensas” entre Imschenetzky, Comber y Wilhelm previo a licitaciones clave de nuevas plazas. 

Pero luego del de Velozo hubo un segundo informe, pedido por Imschenetzky a Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker McKenzie, que corroboró lo analizado por el primer jurista. Sin embargo, ahí se habría dejado indicios de que había correos y mensajes entre el socio chileno y los canadienses. 

“La opinión jurídica contribuye a una narrativa falsa ya que tergiversa gravemente las conclusiones del Informe Covel (de Velozo) al afirmar que los señores Wagman y Dhonte (directores de Clairvest) tenían conocimiento de las conversaciones entre el Sr. Nicolás Imschenetzky y el gerente general de Dreams, y alegando que había mensajes de WhatsApp que implicaban a estos directores”, le escribió en una carta Clairvest a Díaz de Valdés. Esos mensajes estarían sacados de contexto y no corresponderían con los tiempos en que supuestamente hubo coordinaciones en la industria. 

El enojo de Canadá fue tal que hablaron con la dirección corporativa del estudio en EEUU y ya no siguieron con el caso en Chile. 

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Un directorio y muchos abogados

Los nuevos representantes titulares en la mesa son, en su gran mayoría, abogados. Por el lado de los norteamericanos Kenneth Rotman, Benjamin Parr y Joseph Heffernan, renunciaron a sus puestos en el directorio, donde fueron reemplazados por tres juristas chilenos del estudio Clyde & Co.: Hugo Prieto, Franco Acchiardo y Alejandro Quintana, quienes se integraron en calidad de suplentes. De esta forma, se suman a los directores titulares canadienses Sebastien Dhonte y Michael Wagner, que integran la mesa junto a Michael Grasty, socio del mismo estudio. 

La salida de Rotman, Parr y Heffernan no es menor. Ellos tres son socios principales del fondo de inversión, y ser reemplazados por miembros del estudio chileno no hace más que confirmar que el conflicto está lejos de terminar. 

Por el lado de los Imschenetzky por primera vez no habrá alguien de la familia en la mesa como director titular, luego de que nombraran a Mario Rojas, el abogado desde 2005 de las empresas familiares; así como su hija, Paula Rojas, quien trabaja hace cinco años con la firma en temas tributarios y corporativos y Martín Torres, ingeniero y hombre de Finanzas de Empresas Valmar, el brazo inmobiliario de la familia.

Como directores suplentes quedaron Ricardo Torres, Eduardo Rojas y Nicolás Imschenetzky Popov, el padre de Nicolás Imschenetzky Ebensperger, quien era presidente y cara visible del casino hasta mayo de este año.