Fue en la sesión extraordinaria de directorio del viernes 5 de enero de 2024. En esa instancia, el empresario Octavio Pérez de Arce Schilling, accionista y presidente de Agrocor S.A., tenía sólo un objetivo: comunicarse con su hermano y sobrinos -actuales administradores y directores de la empresa- para pedirles formalmente el acceso a una serie de documentos de la firma, la cual se dedica al negocio lechero mediante la producción y posterior venta indirecta a Colún.

Se trata de una familia ampliamente conocida en el sur, especialmente en las regiones de Los Ríos y Los Lagos: a lo largo de generaciones han desarrollado inversiones agrícolas (cerezas), ganaderas (leche), acuícolas (Caleta Bay) e inmobiliarias.

Octavio Pérez de Arce -representado por el estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo- citó a directorio porque el vínculo con su hermano (Cristián Pérez de Arce Schilling) estaba desgastado hace años y porque meses antes se había enterado de supuestas negligencias en la administración de Agrocor, compañía de la cual comparte propiedad -en partes iguales- con su familiar directo. 

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A pesar de los intentos de conseguir la documentación, Octavio Pérez de Arce no tuvo suerte. Así lo plasmó en una medida prejudicial presentada en abril ante el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno. “El resultado (de la reunión) fue una verdadera farsa, ya que, en la referida sesión, la mayoría del directorio de Agrocor (es decir, mi hermano Cristián y dos de sus hijos) y el gerente general de la sociedad (otro de los hijos de Cristián) hablaron de lo que quisieron hablar”, describe la acción. 

Hoy por hoy, Agrocor, dicen conocedores, tiene dos administraciones: una donde Octavio Pérez de Arce es el presidente y otra donde Cristián es el timonel de la sociedad. Ambas no aceptan la legitimidad de cada una. 

Agrocor S.A. es una firma que se dedica a la producción de leche y que opera en la región de Los Ríos. Esta compañía le vende su producción a Colún mediante otra sociedad (La Aguada Limitada), de la cual -según la medida prejudicial- Cristián Pérez de Arce Schilling tiene el 94% y Octavio el 6%. 

La acción legal estipula que Agrocor es la entidad que debería recibir las utilidades derivadas de la venta, ya que asume los costos y riesgos del negocio. La existencia de La Aguada, acusa la medida prejudicial, es instrumental: se creó porque Agrocor, al ser sociedad anónima, no le puede vender a Colún directamente por un asunto de política interna de la cooperativa.

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Según relata la acción, Cristián Pérez de Arce y sus hijos (Domingo, José Cristián y Aníbal) han controlado sin contrapeso la operación de Agrocor. “(Han) dirigido y administrado Agrocor libremente, tomando por sí y ante sí todas las decisiones relevantes de la sociedad e incluso nombrando personas de su exclusiva confianza dentro de dicha compañía, sin que el suscrito haya podido acceder a información relevante de los negocios sociales, desconociendo cuestiones tan elementales como el valor en que se vende la leche a La Aguada y en que ésta la revende a Colún”.

La medida prejudicial establece que “hace ya algunos años” la relación entre los hermanos Pérez de Arce se empezó a deteriorar, lo que ha afectado los negocios que tienen en conjunto: aparte del agrícola-ganadero, tuvieron exposición en las industrias acuícolas e inmobiliarias. Esta división llevó a que Octavio decidiera comenzar un proceso de separación patrimonial.

Octavio partió vendiendo su participación en el negocio acuícola Caleta Bay. Se trata de una firma con oficinas en Chile y Japón dedicada a la exportación de salmón premium liderada por su sobrino Aníbal Pérez de Arce. El comprador fue el grupo Angelini. 

Cuando pasó al rubro agrícola, el demandante no corrió la misma suerte: “Cuando comencé a solicitar la documentación necesaria para hacer el análisis del negocio y evaluar los términos de la separación, me encontré con una primera sorpresa: Cristián Pérez de Arce Schilling comenzó a dilatar o derechamente a negar la entrega de los antecedentes requeridos, dando las excusas más inverosímiles”.

Finalmente, reza la medida, Octavio Pérez de Arce logró acceder a cierta información, la cual, según relata el escrito, fue “develando progresivamente situaciones indiciarias de graves irregularidades”. Por ejemplo, acusan que “Agrocor había celebrado algunos contratos con empresas relacionadas en los que no sólo no se habían cumplido las formalidades necesarias, sino en los cuales los precios involucrados difieren de las condiciones habituales del mercado”. También estipulan que “se revelaron antecedentes que dan cuenta de que Agrocor habría estado financiando obras hidráulicas y pozos en predios de terceros relacionados, sin que ello significara beneficio alguno para la sociedad”.

Es decir, la acción judicial acusa al entorno de Cristián Pérez de Arce de haber recargado con gastos a Agrocor para dejar a La Aguada “todas o la mayor parte de las utilidades del negocio lechero”. Por eso, la medida solicitó la exhibición de documentos relacionados con poderes de representación, contratos, pagos, actas, inversiones, y pólizas de seguro de Agrocor.

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Dos días después de la presentación de la medida prejudicial, el tribunal resolvió la entrega de los documentos. Y siguiendo dicha decisión, la representación legal de los demandados -los abogados José Miguel Huerta y José Luis Bustamante, de Claro y Cía- envió un sobre con un pendrive con decenas de miles páginas dirigido al Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno.  

En un documento paralelo, la representación de los demandados establece que “resulta casi inconcebible que el presidente del directorio de una sociedad pretenda tener el grado de ignorancia sobre los negocios sociales que alega Octavio Pérez de Arce Schilling, quien alega desconocer incluso el precio al que la compañía vende la leche. Si esta ignorancia es real, ella se debería exclusivamente a la negligencia del futuro demandante en el desempeño de su calidad de director de la compañía, no a la falta de antecedentes en su poder”. 

Además, estipularon que la medida prejudicial presentada por su contraparte “cumple la finalidad instrumental de buscar amedrentar a esta parte, en el contexto de las ásperas negociaciones que han tenido lugar en los últimos años con motivo de la división patrimonial de la sociedad”.

Y agregan: “Si Octavio Pérez de Arce Schilling tuviera motivos reales para demandar, ya lo habría hecho”.

Posteriormente, los abogados de Octavio Pérez de Arce informaron que parte de las órdenes de exhibición fue incumplida porque se alteró deliberadamente el formato original de los documentos, ya que acusan que no se entregaron Excel, sino que PDF, los cuales pueden tener “la conversión incorrecta de los separadores de decimales y millares, pérdida de formato, pérdida de información y corte de páginas”.

Después de una serie de idas y vueltas, el tribunal resolvió que la defensa de Cristián Pérez de Arce no debe volver a mandar más información. “La medida prejudicial no puede transformarse en un proceso anticipado de rendición de cuentas”, estipuló el tribunal. 

Hasta ahora, ninguna de las partes ha profundizado sus acciones, aunque la defensa de Octavio Pérez de Arce, en distintas instancias, ha adelantado que presentarán una demanda por indemnización de perjuicios. A pesar de eso, su contraparte ha puesto en duda que vayan a concretar una ofensiva mayor. Habrá que esperar.