Hace justo tres años, en octubre de 2021, se anunció el deal. Y a pesar del tiempo que ha pasado desde entonces, la transacción sigue dando que hablar.

Se trata de la compra de Sierra Gorda por parte de South32, conglomerado minero de origen australiano que adquirió el 45% de la cuprífera chilena, ubicada en la Región de Antofagasta, por US$ 1.500 millones. El vendedor fue la japonesa Sumitomo Metal Mining Co, que compartía la propiedad con el holding polaco KGHM Polska Miedź S.A, que sigue manteniendo el 55%.

Todo iba viento en popa, dicen conocedores, hasta que a mediados de 2022 South32 se dio cuenta de un supuesto desajuste en el pago de impuestos derivados de la compra de Sierra Gorda, que es el yacimiento de cobre y molibdeno más grande de los últimos años en la Región de Antofagasta. En concreto, se dieron cuenta de que tenían que pagar tributos relacionados con los ejercicios fiscales previos al cierre de la compraventa, que incluía la adquisición de sociedades chilenas y holandesas, todas vinculadas a la propiedad de Sierra Gorda.

¿El monto en cuestión? 89 millones de euros, unos US$ 97 millones. Según explican entendidos, los equipos de South32 trataron de negociar con su contraparte, pero no tuvieron suerte. Por eso, a inicios del año pasado interpusieron una extensa demanda en la Corte Suprema de Nueva York. En ella, exigen el pago de 89 millones de euros y acusan incumplimiento del acuerdo de compra. Luego de un año, en julio de 2024, Sumitomo respondió las acusaciones. Y si todo anda bien, se verán las caras muy pronto.

La sección de la discordia

De acuerdo al libelo de South32, redactado por el bufete norteamericano Kirkland & Ellis -la firma de abogados más grande del mundo en ingresos-, ambas compañías negociaron durante dos años antes de concretar la compraventa del 45% de Sierra Gorda, yacimiento que se descubrió en 2006 y que empezó a ser explotado en 2014.

Se trató de una transacción clave para la economía chilena, que reflejaba el interés internacional por el cobre, que por esos años no estaba experimentando los mejores resultados. Hoy, el yacimiento chileno es considerado clave en la economía regional y es conocido por sus avances tecnológicos y ecológicos.

La disputa principal entre ambas compañías radica en la asignación de la responsabilidad por el pago de impuestos anteriores al cierre de la operación, particularmente los relacionados con los ingresos por intereses de préstamos realizados por empresas adquiridas por South32 a Sierra Gorda. Por eso, la firma australiana alega que Sumitomo debería haber cubierto esos tributos.

En el corazón de la pelea está la sección 6.11 del acuerdo de compraventa. Este apartado regula la asignación de responsabilidades fiscales entre South32 y Sumitomo en relación con la compra de la mina nacional. De acuerdo a la interpretación de la firma australiana, los impuestos relacionados con los intereses de los préstamos deberían ser cubiertos por su contraparte.

En concreto, luego de la operación, a mediados de 2022, Sumitomo mandó cartas que estipulaban que “cualquier impuesto resultante de o en relación con una reversión de cualquier deterioro con respecto a los Préstamos de los Accionistas en 2020 y 2021... no son tributos previos al cierre y, en consecuencia, son por cuenta de South32”.

Por lo tanto, y debido a la presión de distintos organismos fiscales de Países Bajos (país donde queda una de las sociedades adquiridas que controla Sierra Gorda), South32 tuvo que pagar los tributos de forma íntegra. Esto los llevó, estableció la compañía, a transferir US$ 91 millones a la autoridad holandesa que regula estas materias. Por eso, acusan, el supuesto incumplimiento de Sumitomo “ha causado daños y perjuicios a South32 por un importe no inferior a 89.734.801 de euros, más los intereses correspondientes”.

Sumitomo responde

Luego de 15 meses, a mediados de julio de 2024, Sumitomo -representada por el bufete Sullivan & Cromwell- interpuso una extensa respuesta a la demanda de la compañía australiana.

En un documento de 63 páginas declaran que la acción de South32 “no establece una reclamación contra Sumitomo sobre la que se pueda conceder una reparación” y que “las acusaciones del demandante han prescrito”.

Esto, porque la empresa de Oceanía “se vería injustamente enriquecida si se le permitiera recuperar cualquiera de las sumas alegadas en la demanda”. Además, indican que su contraparte “no ha sufrido ninguna pérdida, daño o perjuicio como resultado de la conducta de Sumitomo”.

La semana pasada, la defensa de South32 volvió a acudir a la Corte Suprema neoyorquina al ingresar una carta dirigida al juez Robert R. Reed. En la misiva se solicita que el tribunal obligue a Sumitomo a “conservar, recopilar y presentar” documentos de dos custodios clave en el caso: Yutaka Sugawara y Koji Suzuki. Estos ejecutivos de Sumitomo, según South32, “poseen documentos cruciales relacionados con el litigio entre ambas empresas”. Tanto Sugawara como Suzuki participaron activamente en el proceso de compraventa, explicaron en la misiva.

Y agregan: “Los demandados no discuten que los documentos de Sugawara y Suzuki son muy relevantes para el litigio. En cambio, alegan que, dado que South32 no los nombró inicialmente como custodios, no pueden solicitar ahora que se les añada como custodios”.

Por eso, acaban de solicitar una conferencia telefónica y que se ordene a Sumitomo a recopilar, revisar y entregar los documentos de los expedientes de custodia de Sugawara y Suzuki.