En la mañana del 21 de junio de 2019 un hombre se presentó como Mario Flores Zepeda ante la Unidad de Acciones de CAP. Dijo que tenía problemas con sus títulos, porque se habían “inutilizado físicamente con agua”.

Cinco días después envió una copia de su cédula de identidad e informó que quería traspasar sus acciones -de CAP e Invercap- a una sociedad de su propiedad, llamada Inversiones Flores SpA. Para esto, nombró a su sobrina, Catherine Morales, como gerenta general.

El 28 de junio ella acudió al mismo departamento y presentó una serie de antecedentes (como copias de cédula de identidad, certificado de anotaciones y estatutos, entre otros) para concretar el trámite, el cual se selló tres semanas después con el traspaso oficial de las acciones, las cuales fueron vendidas posteriormente por $ 800 millones aproximadamente.

Quizás te pueda interesar: China y Estados Unidos se vuelven a enfrentar, esta vez por el litio chileno

A inicios de septiembre de ese mismo año la compañía se dio cuenta de que todos estos movimientos correspondían a un fraude y que la documentación presentada por estas dos personas, incluida la identidad de Flores, era falsa.

Todos estos antecedentes aparecen en la carpeta investigativa de la Fiscalía Centro Norte. También están en una demanda presentada por el verdadero Mario Flores, donde reclama una indemnización de perjuicios por $ 1.600 millones, luego de haber sido “despojado de las acciones” de CAP e Invercap, producto de una estafa perpetrada por una banda delictual, presuntamente liderada por el argentino Alejandro Zuik.

A fines de 2021 la minera pagó $ 1.000 millones a Flores para cerrar el capítulo, pero se reservó el derecho a presentar otras acciones judiciales.

Una de ellas es contra Luis Rodríguez Burr, el entonces notario público de la 1° Notaría de Renca, donde se efectuó la constitución de la sociedad Inversiones Flores SpA. Desde mediados del año pasado CAP alega que el abogado actuó con negligencia y pide una indemnización de perjuicios. Pero la contraparte se defiende: representado por Ciro Colombara e Ignacio Rivadeneira, dice que las acusaciones son improcedentes y que la minera permitió que el fraude se materializara.

De la funcionaria al notario

La pieza clave del caso es la exfuncionaria notarial Claudia Núñez, quien fue condenada como autora de los delitos de falsedades documentales en instrumentos públicos y privados, y como cómplice de estafa. Según se acreditó en la etapa procesal del juicio penal, Núñez aprobaba diversos documentos que luego usaba la banda criminal para dar credibilidad a sus operaciones.

Pero más allá del rol de la funcionaria, CAP apunta a su superior, el notario Rodríguez Burr. ¿La razón? Lo acusan de no ocupar todas las herramientas para asegurarse de que el compareciente era la misma persona que aparecía en los papeles. Especialmente porque el afectado -el señor Mario Flores- tenía 83 años a la fecha de ocurrido el delito. “Atendido a que es una persona de avanzada edad, aún mayor es el deber del notario de certificar la identidad del firmante”, indican en la demanda, presentada el 3 de junio de 2022 ante el 26º Juzgado Civil de Santiago.

“La negligencia del señor Rodríguez Burr, en su calidad de ministro de fe, llega a ser manifiestamente inexcusable. A la fecha de ocurrencia de los hechos que motivan esta demanda, desde el 26 de junio de 2019 y los actos posteriores a ese, existían y siguen existiendo excelentes mecanismos y tecnología que permiten a los notarios asegurarse de que quien comparece en una escritura, es realmente quien dice ser”, añaden.

Por ejemplo, explican, no se contrastaron las huellas digitales entre el delincuente y Mario Flores. “(Es) una tecnología desarrollada hace años para evitar fraudes como suplantaciones y falsedades. En efecto, al año 2014, ya 50 notarías contaban con este sistema de verificación de identidad. Hoy, son la mayoría”, complementan.

“Sin la intervención omisiva de Luis Rodríguez Burr, el fraude no hubiera sido posible de concretar, por cuanto esta demandante creyó, fundado en la presunción de veracidad y legalidad de la cual está revestida una autorización notarial, que estaba autorizando una operación comercial verídica y llevada a efecto por el verdadero señor Flores, siendo que esto no fue así. Estuvimos frente a un acto ilegal y defraudatorio, el cual daba apariencia de legalidad y realidad, y el cual generó graves perjuicios, los cuales no se habrían verificado si el señor notario hubiese actuado diligentemente”.

En la demanda CAP no detalla el monto de la indemnización de perjuicios, pero sí explicitan que se sufrieron pérdidas por, aproximadamente, $ 800 millones.

La contraofensiva de Rodríguez Burr

El 11 de noviembre los abogados de Luis Rodríguez -los conocidos penalistas Ciro Colombara, Ignacio Rivadeneira y Aldo Díaz- presentaron una contestación ante la demanda de CAP.

En el documento, de 47 páginas, explican que el notario es un abogado con una extensa trayectoria profesional: se desempeñó como abogado corporativo en temas regulatorios, inmobiliarios y derecho público en distintos bufetes, además de ser fiscal del Banco Security entre 2007 y 2009. También fue asesor jurídico del Ministerio de Defensa y abogado en la Empresa Nacional de Ferrocarriles y Metro. En mayo de 2017 fue nombrado notario público, con asiento en la comuna de Renca, y en 2019 se trasladó a la Primera Notaría de Providencia.

Sobre las acusaciones de CAP, establecen que la negligencia de Rodríguez Burr fue “inexistente”. Esto, porque el notario nunca fue el que firmó directamente los documentos, sino que fue Claudia Núñez, que “obtuvo su firma mediante engaños, para efectos de autorizar los instrumentos”.

Esta información, complementan, fue ratificada por la sentencia penal condenatoria en contra de la exfuncionaria. “Nuestro representado se vio burlado y engañado dolosamente, sin que en modo alguno pueda haber hecho algo al respecto”, complementan.

Y no solo eso, también apuntan a que CAP “tuvo un claro y negligente actuar, incluso vulnerando la propia normativa reglamentaria aplicable, lo cual permitió que el fraude se materializara”. Para esto, afirman que la minera nunca contrastó los datos. Por ejemplo, considerando que Mario Flores había trabajado 40 años en la siderúrgica, no chequearon su información de contacto, como el teléfono celular o correo electrónico.

“No se solicitaron antecedentes adicionales de la sociedad, poderes de representación ni ningún otro tipo de antecedente necesario para acreditar que se trataba de una operación jurídica válida, efectivamente realizada por el verdadero dueño de las acciones y, peor aún, tampoco se revisó con detenimiento los propios antecedentes que se encontraban en su poder”, exponen en el documento.

Por esto -y por otros datos expuestos- la defensa del notario solicitó rechazar la demanda.

Dos semanas después llegó la réplica de CAP, la cual acusó a su contraparte de actuar de forma malintencionada y de escribir expresiones “injuriantes”. En el documento profundizaron en el hecho de que Luis Rodríguez “no presenció ni verificó el acto de la firma de la constitución de la sociedad Inversiones Flores SpA”.

El próximo capítulo está agendado para el lunes 20 de febrero a las 9 de la mañana: ahí se encontrarán, virtualmente, ambas partes en una audiencia para llegar a una conciliación.