El comienzo de año para MBI no ha sido tranquilo. A mediados de enero la gestora de fondos sorprendió al mercado al presentar una querella, ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, en contra del empresario Álvaro Saieh por vaciamiento patrimonial y contrato simulado.

Dos semanas después, el 30 de enero, apoyados por el abogado Carlos Cortés -el mismo que los representa en la causa en contra del empresario chileno-, Inmobiliaria e Inversiones Capital Plus SpA e Inmobiliaria e Inversiones Capitales SpA, dos sociedades ligadas a MBI, interpusieron una querella en contra de Fabiana de Nicoló (argentina, 56 años), gerenta general de la compañía de seguros multinacional Southbridge (ex AIG), a quien acusan de estafa.

En el libelo comentan que la compañía de seguros llevó a cabo un “plan delictual” para evitar el pago de un siniestro por la venta de departamentos promesados con dos empresas del Grupo Inmobilia, firma ligada a la familia Munita. El monto asciende a más de $ 3.400 millones.

El “no” de Southbridge

Para explicar la querella es fundamental detallar lo que son las operaciones de capitales preferentes (KP). En simple, se trata de la ejecución de contratos de compraventa de unidades de un proyecto inmobiliario en desarrollo junto con la celebración de opciones de resciliación de dichas promesas. Todo esto se hace con el respaldo de pólizas de seguro de garantía para asegurar la devolución del dinero si es que no se concreta el traspaso de los inmuebles.

En otras palabras, este mecanismo permite a diversos actores financieros, como fondos de inversión, comprar “en verde” una serie de propiedades. Esto es beneficioso para muchas inmobiliarias porque es un sistema de financiamiento “extra bancario” para levantar recursos. Si esas unidades son vendidas a terceros, se activan las cláusulas de los contratos y las inmobiliarias deben restituir el monto entregado previamente al momento de firmar la promesa, junto con intereses. Si no lo hacen -siempre que se cumplan todas las condiciones-, se activa un siniestro: ahí pasa a ser responsabilidad de la compañía de seguros.

En 2019 Inmobiliaria e Inversiones Capital Plus SpA e Inmobiliaria e Inversiones Capitales SpA , ambas ligadas a MBI, suscribieron tres operaciones de capitales preferentes con dos sociedades del grupo Inmobilia (Inmobiliaria Nogales SpA y Constructora Alonso de Córdova Limitada). Estos contratos establecían promesas para una futura venta de 174 departamentos en dos proyectos residenciales en Estación Central. En total, y siguiendo lo estipulado en los contratos, ambas sociedades depositaron UF 306.602 (unos $ 10 mil millones) a las entidades de Inmobilia. Hasta ahí, todo marchaba bien.

Aproximadamente dos años después Inmobilia les comunicó a las sociedades de MBI que las unidades de ambos proyectos se encontraban totalmente vendidas a terceros. Esto implicaba que los dineros depositados en un comienzo por la gestora de fondos debían ser restituidos. “Fue así como entre junio de 2021 y septiembre de 2022 se suscribieron diversas resciliaciones parciales, siendo restituidos la suma en pesos equivalente a UF 208.410”, se lee de la querella.

Sin embargo, alertan, “quedó un saldo no restituido ascendente a UF 98.191,92, equivalentes al 26 de enero de 2023 a la suma de  $ 3.463.273.205”.

Inmobiliaria Nogales SpA y Constructora Alonso de Córdova Limitada pidieron prórrogas, MBI las aceptó (con la condición de que las pólizas estuvieran actualizadas), pero tampoco se cumplieron los plazos. Luego, “requirieron al Grupo Inmobilia la restitución de tales dineros, lo que no ocurrió”, aparece en la acción judicial.

Con este hecho, relatan en la querella, se produjo el siniestro que debía ser cubierto por las pólizas. Acto seguido, el 16 de noviembre, enviaron una carta a Southbridge, la aseguradora de estos contratos, para que se devolvieran los fondos restantes. A principios de enero la contraparte respondió que no acogerían su solicitud y que se reservaban “los derechos y acciones que correspondan”.

“Evitar fraudulentamente el pago del dinero”

En la querella, que fue declarada admisible el 31 de enero, explican que “el plan delictual de Southbridge tenía como objeto evitar fraudulentamente el pago del siniestro por la venta de las unidades promesadas”.

En concreto, explican que la compañía de seguros “ya en conocimiento de la venta de las unidades que habían sido promesadas suscribieron y entregaron endosos (modificaciones) de las pólizas -obviamente cobrando por ello- para simular que el seguro se encontraría vigente y tendría eficacia con posterioridad a la fecha de dichos endosos, para el caso que el promitente vendedor (Inmobilia) no restituyese el dinero entregado en depósito”.

“Requerido el pago del siniestro”, añaden, “al no haberse restituido totalmente el dinero entregado, los mismos ejecutivos de Southbridge invocaron la falta de eficacia de sus propios endosos de las pólizas de los seguros de garantía”.

Justamente esta acción es la que MBI acusa que no tiene asidero.

“La conducta desplegada por los ejecutivos de Southbridge fue realizada de manera fraudulenta, a fin de engañar a mis representadas y aparentar que las pólizas asociadas a los KP celebrados con Inmobilia efectivamente garantizarían el riesgo de no cumplimiento de los contratos de promesa y, en especial, de restitución del dinero entregado en su oportunidad, todo ello después de endosadas en garantía”, añaden.

"Ni Southbridge ni sus ejecutivos han cometido delito alguno"

Respecto a la querella, la compañía de seguros Southbridge -unidad de la canadiense Fairfax Financial Holdings- dice a DF MAS: "Ni Southbridge ni sus ejecutivos han cometido delito alguno, nuestra compañía considera que la querella interpuesta por MBI no tiene fundamento. Asimismo, Southbridge previo a la acción penal, ya había activado la cláusula de solución de controversias del contrato de seguros, siendo esta la vía correcta para solucionar este tipo de conflictos. Sin perjuicio de lo anterior, las partes se encuentran actualmente en conversaciones".